0000-0001-7455-8646 Mariano Gil[1][1]
Descriptive-explanatory advances of an anthropological investigation in a problematic consumption care device in Rosario, Santa Fe
Avanços descritivo-explicativos de uma investigação antropológica em um dispositivo de abordagem ao consumo problemático na Rosário, Santa Fé
0000-0001-7455-8646 Mariano Gil[1][1]
En este artículo nos proponemos presentar algunos avances descriptivo-explicativos de una investigación antropológica en un dispositivo de abordaje de consumos problemáticos en la ciudad de Rosario, Santa Fe, producidos en el marco de un proyecto más amplio, que tiene por objetivo analizar los sentidos y prácticas que construyen trabajadores/as de dispositivos estatales que abordan el consumo problemático de sustancias diche provincia.1 Sostenemos que la relación construida en el campo con los sujetos de la investigación contribuye a procesos de reflexión sobre las prácticas en salud y salud mental. A su vez, la sistematización de las experiencias permite visibilizar las tensiones que se juegan en la implementación de políticas públicas en contextos cotidianos. En este escrito recuperamos algunos aspectos que hacen a nuestro trabajo de campo en un dispositivo específico, que se constituye en uno de los referentes empíricos de la investigación.
Organizamos el artículo de la siguiente manera: en primer lugar, presentamos las principales coordenadas de nuestra investigación doctoral, puntualizando acerca del enfoque teórico-metodológico que nos sustenta, las vicisitudes en el acceso al campo y los referentes empíricos. Luego, señalamos un conjunto de aspectos relevantes en cuanto al análisis de la experiencia de los/as trabajadores/as de uno de los dispositivos analizados, haciendo foco por un lado en la historización de este, y por el otro, en núcleos problemáticos emergentes del campo. Más adelante, sintetizamos los aportes que la investigación antropológica realiza al análisis de las políticas públicas, estableciendo un diálogo con otras investigaciones. Por último, realizamos una serie de consideraciones finales y planteamos líneas de investigación futuras.
Si bien el consumo de drogas es un fenómeno que se remonta a los orígenes de la humanidad y encuentra diferentes particularidades según el contexto sociohistórico en el cual se inscriba (Slapak y Grigoravicius, 2007; Galante, Pawlowicz, Moreno, Rossi y Touzé, 2010; Mallo, 2016; Escohotado, 2018), en las sociedades modernas occidentales se ha establecido una construcción del consumo de drogas como problemático a partir de ciertas condiciones, vinculadas a la emergencia del paradigma prohibicionista. Este paradigma plantea que el uso de drogas es, simultáneamente, una enfermedad y un delito. Por lo tanto, las respuestas de los Estados al problema deben desdoblarse en dos lógicas entrecruzadas: la lógica sanitaria y la punitiva (Galante et al., 2010). De esta forma, se promueve el montaje de un dispositivo sanitario-judicial-policial de criminalización y rehabilitación compulsiva (Epele, 2008). Desde la década de 1980 comenzaron a formularse alternativas que apuntaron a reducir los efectos negativos relacionados con el consumo de drogas, a cuyo usuario se lo reconoce como un sujeto de derechos (Romaní, 2008). Estas políticas, denominadas políticas de reducción de daños o riesgos, se pusieron en marcha a partir del aumento de la morbimortalidad asociada al VIH-SIDA (Romaní, 2008). En el aspecto representacional, este paradigma propone un cambio trascendente respecto del prohibicionismo, dado que propugna un marco para la desestigmatización de las drogas y promueve su “normalización” (Romaní, 2008). Este enfoque entiende al consumo de drogas como un problema de salud pública y considera que la penalización de la tenencia de pequeñas dosis para consumo personal afecta al derecho a la autonomía de los/as usuarios/as (Galante et al., 2012).
Planteamos que los sentidos y las prácticas de los/as trabajadores/as de dispositivos estatales que intervienen en los abordajes sobre consumos problemáticos de sustancias -foco de nuestra investigación- no son ajenos a los paradigmas de abordaje mencionados, y son influenciados por elementos heterogéneos de uno u otro. También advertimos que en la legislación argentina coexisten dos leyes que podrían pensarse como contradictorias entre sí: la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental, que considera al sujeto con consumo problemático bajo una perspectiva de derechos; y la Ley Nacional N° 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, que aborda la cuestión del consumo de sustancias psicoactivas desde un punto de vista punitivo.
Para abordar nuestra problemática de investigación, hemos recurrido al trabajo de campo antropológico, en el marco del enfoque antropológico relacional o socioantropológico (Achilli, 2005; Rockwell, 2015). Esta mirada incluye varios aspectos: un modo de formular el problema de investigación, determinadas técnicas o métodos de construcción y análisis de la información, y un género textual caracterizado por la elaboración de explicaciones descriptivas (Rockwell, 1980; Achilli, 2015, 2017). Uno de los rasgos de esta perspectiva es el trabajo de campo prolongado, el contacto directo con los sujetos de la investigación. A su vez, el trabajo antropológico implica una imbricación entre el trabajo teórico y la tarea descriptiva para producir nuevo conocimiento, integrando ambas instancias. Procuramos así generar explicaciones descriptivas (Achilli, 2015, 2017) que hagan énfasis en la dimensión cotidiana de los procesos sociales bajo estudio en su concreción, es decir, en el interjuego de múltiples relaciones dialécticas (Nemcovsky, 2015). En el punto en que nos encontramos, sin embargo, consideramos que los avances aquí presentados constituyen “descripciones explicativas”, caracterizadas por estar “más cercanas a la particularidad copresencial de los sujetos involucrados en determinada problemática social, sin que ello implique descuidar las condiciones y límites sociohistóricos” (Achilli, 2017). Es decir, se trata de avances en uno de los referentes empíricos de la investigación, que deberá ser puesto en diálogo en un proceso espiralado en pos de la reconstrucción teórica del objeto de estudio (Rockwell, 2015).
Durante el primer año de investigación (2019-2020) avanzamos en una descripción historizada de las políticas públicas sobre consumos problemáticos de sustancias a nivel nacional, provincial y municipal. Como estrategias metodológicas, desarrollamos entrevistas colectivas a equipos de trabajo de dispositivos estatales y entrevistas individuales a funcionarios/as, coordinadores/as de dispositivos y sujetos considerados portadores de un saber en el marco de la problemática investigada. Además, realizamos una recopilación y análisis de documentación oficial.
Para el segundo año (2020-2021), el objetivo era comenzar a trabajar sistemáticamente con tres dispositivos seleccionados con base en el trabajo de campo realizado en el período anterior (dos situados en la ciudad de Rosario y el restante en la ciudad de Santa Fe), a los fines de profundizar desde una mirada antropológica cómo se implementan estas políticas en la cotidianeidad. La irrupción de la pandemia obstaculizó en gran medida ese trabajo, razón por la cual recurrimos a entrevistas virtuales con aquellos sujetos que pudieron ser contactados. Paralelamente, continuamos realizando la labor de recopilación y análisis de documentación oficial y antecedentes de investigación.
Uno de los dispositivos seleccionados fue el Dispositivo de Cuidados Sociales (en adelante, DCS) de la ciudad de Rosario.2 Antes de la pandemia, habíamos establecido un diálogo fluido y una posibilidad concreta de iniciar observaciones y entrevistas, ya que habíamos visitado el lugar en el marco de las entrevistas realizadas en el período 2019-2020. Durante el primer año y medio de pandemia pudimos sostener contactos muy esporádicos con algunos/as de sus integrantes, intercambiando mensajes por WhatsApp o llamados telefónicos.
A partir de agosto de 2021, con la flexibilización de las medidas sanitarias, pudimos pactar el reingreso al campo en el Dispositivo de Cuidados Sociales. Desde ese entonces sostuvimos un ritmo de trabajo de campo constante, que consistió en observaciones y entrevistas, y pudimos mantener un contacto estable con los/as trabajadores/as.
El DCS es un dispositivo de abordaje de consumos problemáticos de sustancias, salud mental y restitución de derechos, desde una perspectiva de reducción de daños y vulnerabilidades. Tiene la particularidad de que está compuesto por una articulación tripartita entre la nación, la provincia y la municipalidad de Rosario. Esta ciudad está atravesada desde la última década por un elevado nivel de violencia altamente lesiva, vinculada, entre otras cuestiones, al comercio de sustancias ilícitas y a las disputas entre bandas criminales alrededor de esta actividad.3
Intervienen en el dispositivo las siguientes áreas gubernamentales: Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR, nación); Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) y Dirección Provincial de Niñez (Ministerio de Desarrollo Social, provincia de Santa Fe); Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe; Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat municipal. A su vez, la institución funciona como sede de actividades que remiten a otros programas y políticas estatales, y que son acompañados por trabajadores/as de la institución: un aula radial (Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe), cursos de los programas Santa Fe Más (Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe) y de programas municipales. Según diversos escritos producidos por el equipo de trabajo, las leyes que lo enmarcan son la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061, y sus correspondientes leyes provinciales, así como el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), creado por la Ley Nacional Nº 26.934.
El equipo, que durante los años de trabajo de campo osciló entre los 17 y 20 integrantes, para el año 2022 estaba compuesto por:
- dos coordinadores, uno dependiente de la SEDRONAR y otro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat municipal;
- trabajadores/as de planta permanente de la Dirección Provincial de Niñez (Ministerio de Desarrollo Social, Provincia de Santa Fe);
- trabajadores/as contratados mediante el sistema de “ingreso estímulo” de la SEDRONAR (Nación);
- trabajadores/as que percibían el “ingreso estímulo” de la SEDRONAR y a la vez tenían un contrato con la APRECOD (Ministerio de Desarrollo Social, provincia de Santa Fe), que pasaron a planta permanente en APRECOD a comienzos de 2022, y dejaron de pertenecer a la SEDRONAR;
- trabajadores/as con contrato con la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat municipal;
- personal de seguridad de una empresa contratada por la municipalidad.
Una constante a lo largo de los años de trabajo de campo fueron las modificaciones en este equipo, debido a renuncias de trabajadores/as que percibían el “ingreso estímulo” de la SEDRONAR, o al traslado de los/as trabajadores/as provinciales a otras instituciones. Por este motivo, no es posible construir un organigrama preciso. En líneas generales, podemos observar que el número de trabajadores/as se mantiene casi constante (18 en 2019, 17 en 2022), si bien en el transcurso de estos años ha habido un importante recambio, producto de movimientos de los/as trabajadores/as hacia otras propuestas laborales. Respecto del género, podemos observar que en el 2019, 13 de los/as 18 trabajadores/as eran mujeres (72%), en proporción similar a 2022 (70% eran mujeres). Por último, destacamos que hay una disminución en la cantidad de trabajadores/as en planta permanente. Mientras que en 2019 el 44% de los/as trabajadores/as formaba parte de la planta permanente en alguna dependencia del Estado, en 2022 esta proporción descendió al 35%. Esto se produjo debido a que un conjunto de trabajadores/as dependientes de la Dirección Provincial de Niñez, por diferentes motivos que exceden a este artículo, solicitaron su traslado a otras dependencias provinciales. Estos traslados fueron cubiertos, en su mayoría, por trabajadores/as contratados/as mediante el sistema de “ingreso estímulo” de la SEDRONAR. Por su parte, la incorporación a la planta permanente de APRECOD de algunos/as trabajadores/as que anteriormente eran contratados/as por la SEDRONAR no alcanzó para revertir esta tendencia. Más aún, no todos/as estos/as trabajadores/as continuaron desempeñándose en el dispositivo. Algunos/as fueron reasignados a otras tareas dentro de la APRECOD. Los/as trabajadores/as se formaron en variadas disciplinas: antropología, educación física, fotografía, musicoterapia, pedagogía, psicología, psicología social, trabajo social, y la mayoría cuenta con trayectoria laboral previa en instituciones de abordaje de consumos problemáticos y discapacidad.
Para comprender la constitución del dispositivo hay que remontarse, al menos, a la década de 1990. El DCS tiene su sede en un predio municipal de la zona oeste de la ciudad, donde funcionaba un hogar dependiente del área de infancias de la municipalidad. Un trabajador resume de esta manera esta historia, señalando que el edificio pertenecía a un adinerado habitante de la ciudad de principios del siglo XX:
Acá había, en este lugar, en este edificio, que es el Palacio D., que es de D. que era el gran terrateniente del oeste, dueño de las islas, de todos estos terrenos. Hubo un hogar de chicos, hubo… porque él en su testamento deja que esta casa se tiene que utilizar para trabajar con… para niños. Entonces no se puede utilizar para otra cosa. Se lo cede a la municipalidad, pero con la sola orden de que sea para trabajar con niños. Entonces hubo un hogar, hubo un centro de protección, después hubo un Centro de Protección Integral de la Infancia dependiente de la municipalidad, y después hubo lo que se llamaba, le ponían el mismo nombre, CPII, pero que trabajaba con adolescentes de 16 a 18 años. (Registro de campo, entrevista a trabajador del DCS, 23/09/2019)
Luego de la existencia de este hogar, se inauguró otra institución, en 1998. Según relatos de sus trabajadores/as, constituía un “espacio que se propone como instancia de reparación, resubjetivación, oportunidad para sujetos que parecían signados por lo que Graciela Frigerio llamó ‘profecía del fracaso’” (Colongo, Almada, Dei Cas, Iussig y Lecano, 2014, p. 9). Funcionaba como centro de día, donde confluían la intervención social fundamentada en lo pedagógico, actividades artísticas y el concepto de salud en sentido amplio (Colongo et al., 2014).
En el año 2010, producto de la sanción de la Ley Provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2009), que adhiere a la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061 (2005), la provincia comienza a desarrollar un entramado institucional tendiente a la promoción y protección integral de los derechos y garantías de esta población. En el edificio donde se ubicaba la institución municipal comienza a funcionar, a contraturno, un centro de día orientado a adolescentes. A partir de 2010, se constituye un nuevo equipo interdisciplinario. Muchos/as de sus integrantes confluyeron, más adelante, en la conformación del DCS:
Trabajador: Este lugar tiene muchísima historia dependiendo ahí de la División de Infancia de la Municipalidad, digamos, tenían un equipo del municipio. De los que estamos acá, digamos, ingresamos a esta institución por esta política social, digamos, que comentamos de los centros de día, en el 2010 digamos, que impulsa la creación de centros de día para adolescentes, más con este diagnóstico que decía L de desafiliados de las instituciones, que propone también otras instituciones y dispositivos […]. Y o sea, así ingresamos todos en distintos momentos, todos los que estamos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento había acá equipos de Infancia de la municipalidad, trabajando con infancias justamente. E ingresamos nosotros a armar un dispositivo para adolescentes. En el 2010. (registro de campo, entrevista grupal, 26/11/2019)
Es decir, quienes más tarde confluyeron en el armado del DCS venían de la experiencia de trabajar en el centro de día para adolescentes provincial desde el año 2010.
Durante nuestro primer contacto con la institución, en septiembre de 2019, esta contaba con una denominación, Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), que dependía de la SEDRONAR. Estos dispositivos suponían
centros preventivos asistenciales gratuitos, de abordaje integral ambulatorio y cuya gestión se encuentra a cargo de Asociaciones Civiles, Organizaciones No Gubernamentales, Municipios o Provincias dirigidos a personas sin cobertura médica en situación de vulnerabilidad frente a las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias. (SEDRONAR, 2017, s.p.)
Los DIAT unificaron y reemplazaron a las Casas Educativas Terapéuticas (CET) y a los Centros Preventivos Locales de Adicciones (CePLA), dispositivos que surgieron a partir de 2014 en el marco de una política de territorialización de la SEDRONAR (Gil, 2022). Anteriormente, dicho organismo aunaba las tareas de persecución del narcotráfico y asistencia a las personas con consumo problemático; esto último fundamentalmente a través del otorgamiento de “becas” para tratamientos en instituciones especializadas, primordialmente comunidades terapéuticas. Durante la gestión de Juan Carlos Molina al frente de la secretaría (2013-2015), esta comenzó a orientarse hacia el abordaje territorial. El problema de las adicciones pasó a ser considerado como un problema de “salud social” (Mansilla, 2015; Ferreyra 2019) y se crearon dispositivos dependientes directamente de la secretaría. Además, el decreto 48/2014 dispuso que las incumbencias relativas a la persecución del narcotráfico hasta entonces atribuidas a la SEDRONAR pasaran a la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. La Ley 26.934 creó el Plan IACOP, que estableció los derechos y garantías de los sujetos con consumos problemáticos en sintonía con la Ley de Salud Mental. Esta última había establecido que los abordajes de los consumos problemáticos de sustancias pasaban a integrar las políticas de salud mental. En este marco, en 2014 se anunció públicamente el Programa Recuperar Inclusión, en conjunto entre la SEDRONAR, el Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio de Salud. Este programa previó la creación de dos tipos de dispositivos: las CET y los CePLA. Estas instituciones, ubicadas en los barrios considerados más vulnerables del país, introdujeron una importante modificación, pues la SEDRONAR, si bien continuó asistiendo mediante “becas” para tratamiento en instituciones no estatales, comenzó a contar con dispositivos propios, sostenidos por trabajadores/as en condiciones de precariedad laboral. El pago consiste en un sistema de “ingreso estímulo” que, además de una remuneración que los/as trabajadores/as denuncian como insuficiente, no comprende un conjunto de derechos laborales (como vacaciones, aguinaldo o aportes jubilatorios) y tampoco brinda estabilidad laboral, ya que, si bien la contratación es prorrogable, debe ser renovada periódicamente (SEDRONAR, 2011).
Recapitulando, trabajadores/as de un centro de día para adolescentes se integraron con trabajadores/as de la SEDRONAR4 y constituyeron así la institución que en aquel momento se denominó CET, a tono con la política del Programa Recuperar Inclusión. Más tarde, estos dispositivos pasarían a denominarse DIAT y, actualmente, Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), cuya característica principal, desde sus inicios, fue la heterogeneidad laboral y de pertenencia institucional.
Los/as jóvenes que asistían, entre 30 y 50 cada día, según relatos de los/as trabajadores/as, transitaban la jornada de diferentes maneras. Se desarrollaban actividades grupales, que iban variando a lo largo del año (música, muay thai, relajación y masajes, aula radial, fotografía, etc.), espacios convivenciales (desayuno, almuerzo, merienda, duchas) y espacios de escucha clínica individual. También se llevaban a cabo en la institución espacios pertenecientes a programas sociales de la provincia y de la municipalidad. Los abordajes, en su dimensión individual y grupal, se iban entrecruzando en la dinámica de la jornada. En este período, que podemos ubicar aproximadamente entre los años 2015 y 2020, se solapan, se superponen, lógicas de trabajo destinadas a juventudes y otras propias del campo de la salud y, específicamente, de los abordajes de los consumos problemáticos de sustancias. Esta doble modalidad, grupal e individual, que no es contradictoria sino complementaria, iría en ese sentido. Aparece en los relatos de los/as trabajadores/as la “llegada de la SEDRONAR” como el hito fundamental de constitución del equipo, como una especie de parteaguas que marcó la dinámica de la institución:
Trabajador: 2015 se da esta articulación ahí con SEDRONAR. A mí me parece como que en este juego de antes y después lo que continúa si se quiere creo que tiene que ver con algo de eso de antes el dispositivo grupal con adolescentes y jóvenes, que es algo que arranca con lo de los centros de día y continúa, y me parece que lo que, o esta es mi visión por lo menos, lo que se suma en gran medida es, bueno, como un trabajo más amplio y profundo en relación más a situaciones o aspectos que uno podría considerar del campo de la salud. (Registro de campo, entrevista grupal, 26/11/2019)
Durante este período, se va construyendo un sujeto de la problemática con el cual el dispositivo va a realizar su tarea, y que se relaciona con diagnósticos vinculados a la vulnerabilidad social, los consumos problemáticos y la violencia urbana, situaciones que se iban agudizando en la provincia de Santa Fe, y particularmente en Rosario (véase nota 3):
Trabajadora: Porque el sujeto en realidad, lo que nosotros también evaluábamos muchas veces, es que el sujeto que interesa abordar durante la gestión del gabinete social,5 la mesa de los miércoles, como se llamó, era a esto, al pibe desafiliado, al pibe chorro digamos, esa es la población que se pretendía, con la que se pretendía trabajar. Y eso muta después con la llegada de Gendarmería,6 el primer desembarco, el segundo y demás, en otro sujeto que interesa incluir en instituciones que es el consumidor. El pibe consumidor. (Registro de campo, entrevista grupal, 23/11/2019)
Esta dinámica que combinaba el centro de día y la institución de abordaje de consumos problemáticos no aconteció sin tensiones, fundamentalmente en torno a la dificultad de un encuadre institucional ante una demanda creciente. Por razones de espacio, no ahondaremos en estas cuestiones. Destacamos, sin embargo, la convivencia de diferentes lógicas en el dispositivo:
Trabajadora 3: A mí me aparece así como una imagen… no desde lo que nosotros podamos haber escrito o registrado… pero en el funcionamiento, en el modo de estar, en el modo de seguir sosteniendo algunas de las prácticas, como que conviven estratos, como capas, que en el funcionamiento cotidiano aparecen por épocas más visibles, digamos, los modos de relación, los modos de organización, y otras cosas son más nuevas, digamos, y que están en procesos de… es como una convivencia, una superposición de cosas que se dan. (Registro de campo, entrevista grupal, 02/09/2021)
Con la irrupción de la pandemia, y la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO, decreto 297/2020) el 20 de marzo de 2020, la dinámica de la institución se vio profundamente modificada. El sostenimiento de espacios grupales y convivenciales se vio imposibilitado por las restricciones sanitarias. Ante la urgencia, desde el equipo de trabajo se consideró la importancia de sostener la entrega de viandas diarias para garantizar lo alimentario y tener encuentros mínimos con los/as jóvenes. Este primer momento fue vivenciado por muchos/as trabajadores/as como un corte abrupto, una interrupción:
Trabajadora: Mi sensación es que veníamos como un tren a toda velocidad y de pronto cayó algo como “tac”, ahí, y se frenó la pelota, pero en el sentido más brutal. Porque aparte veníamos de un 2019 intenso, con un montón de discusiones en relación a eso y de pronto como que decís… frenó. O se apagó la luz […], en todo sentido, como hablábamos la otra vez, de venir por la calle desierta hasta estar acá y bueno y eso, ¿no?, estar mucho tiempo en el mismo lugar juntes, a mí me sorprendió lo rápido que les pibes entendieron algo de esto y bueno, mi sensación fue […] al principio sin contacto, desinfectar absolutamente todo locamente…
Trabajadora 2: La atención digamos se limitó a la entrega de viandas al mediodía porque veníamos temprano a cocinar, preparar las viandas nosotros, higienizar, mantener los cuidados, con los jóvenes era solo eso, cinco minutos la entrega de viandas. (Registro de campo, entrevista grupal, 14/06/202)
Al no pertenecer específicamente al sector salud del Estado, estos/as trabajadores/as debieron gestionar su condición de “esenciales” para lograr permisos de circulación y, más adelante, ser incluidos en el proceso de vacunación. En este primer momento de pandemia, desde el equipo se comenzó a pensar en ofrecer “algo más” que la vianda, dándole un sentido a esa entrega para que no quedara reducida a la cuestión alimentaria, que, de todas formas, revistió una cuestión de vital importancia. Se empezaron a hacer pequeñas intervenciones que tenían que ver con la aparición de dos personajes icónicos de la institución,7 quienes hacían propuestas a partir del juego, con el cuidado de todas las medidas sanitarias. Apareció también algo del orden de la lectura, utilizando plataformas como WhatsApp y Facebook para comunicarse con aquellos/as jóvenes que podían acceder a ellas. La idea en torno a estas actividades era poder sostener algo del vínculo con los/as usuarios/as, más allá de la asistencia alimentaria. También fue emergiendo algo de la dimensión individual en el abordaje, como por ejemplo la realización de llamadas o videollamadas, charlas presenciales sosteniendo el distanciamiento social y con el empleo de barbijo en espacio abierto.
Trabajadora 3: Yo estoy recordando algunas cosas. En esto de […] la mayoría de los pibes no tienen celular, pero algunos sí. […] hablar con los pibes por teléfono en situaciones de crisis que fue superinteresante, me acuerdo que me llamó [una compañera] para ver si estaba disponible con uno de los pibes, y fue eso, charlar por teléfono con él, desde acá, o llamar […], con otros hice videollamadas, que también fueron interesantes porque esto o charlar afuera, sosteniendo la distancia, la máscara, era eso. […] pero digo, como eso, reversionándonos todo el tiempo, creo que como equipo lo que hicimos fue buscarle la vuelta, pero fue también muy desgastante. Aparte por cuestiones que nos iban pasando en lo personal. Pero me parece eso que a mí al principio hubo un momento que… un cansancio en el cuerpo… en el cuerpo literal […]. Esto del encuentro con los chicos, buscarle la forma […]. Y que los chicos también y las chicas se prendían en esto. (Registro de campo, entrevista grupal, 14/06/2021)
Este repertorio de acciones para sostener el vínculo con los/as jóvenes se inscribe en lo que Merhy, Feuerwerker y Ceccim (2006) conceptualizan como tecnologías blandas. Estos autores señalan que el “maletín tecnológico” de los/as trabajadores/as de la salud está compuesto por tres modalidades de tecnología: las “duras” (equipamientos, medicamentos, etc.), las “blanda-duras” (conocimientos estructurados) y las “blandas” (tecnologías relacionales que permiten al/a la trabajador/a escuchar, comunicarse, comprender, establecer vínculos y cuidar al/a la usuario/a):
Lejos de ser “cajas vacías”, cada trabajador y cada usuario tiene ideas, valores y concepciones acerca de la salud, del trabajo en salud y de cómo debería ser realizado. Asimismo, todos los trabajadores utilizan activamente sus pequeños espacios de autonomía para actuar en salud como les parece correcto, de acuerdo con sus valores y/o intereses. (Merhy et al., 2006, p. 151)
El trabajo cotidiano en el DCS se centra en la construcción de vínculos con los/as usuarios/as a través de las diferentes instancias antes mencionadas (espacios convivenciales, grupales e individuales), prácticas que son conceptualizadas por algunos/as trabajadores/as como “artesanales”.
Otra intervención del equipo en el marco de la pandemia fue la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia8 para los/as usuarios/as de la institución. Esta tarea implicó la creación de las claves de seguridad social de los/as jóvenes, la realización del trámite vía web por la madrugada para que el sitio web no colapsara, y la recolección de la documentación necesaria. En un contexto de urgencia, desde el equipo se evaluó importante realizar esta intervención, pues los/as jóvenes no podían acceder ni a los medios técnicos para realizar el trámite (computadora o celular con Internet) ni a sus habituales trabajos informales con los cuales generaban algunos ingresos, debido a las disposiciones sanitarias. Cabe destacar que pudimos reconstruir estas estrategias a través de los relatos de los/as trabajadores/as, ya que el acceso presencial al campo se vio imposibilitado hasta agosto de 2021. En ese sentido, lo que se ponderó fundamentalmente fue sostener, ante la adversidad, algún tipo de presencia: “estamos acá de la manera que se puede, pero estamos” (entrevista grupal a equipo de trabajadores, 14/09/2021).
Cuando iniciamos nuestro trabajo de campo presencial en la institución ya se habían retomado algunas instancias grupales reducidas, debido a las sucesivas flexibilizaciones de las restricciones. Se dieron discusiones al interior del equipo para problematizar la dinámica institucional previa a la pandemia y, por otro lado, poner en tensión los efectos ante el cese de la modalidad adoptada durante los tiempos de pandemia. A través de las observaciones participantes, pudimos documentar algunas de estas prácticas. Paralelamente a la entrega de viandas, se fueron realizando actividades con la presencia de grupos reducidos de jóvenes. Instancias de lectura grupal, elección de canciones para escuchar y propuestas lúdicas fueron algunas de ellas.
Durante el año 2022 se produjeron algunas modificaciones importantes. Por un lado, el pase a planta permanente de algunos/as trabajadores/as que venían percibiendo el “ingreso estímulo” de SEDRONAR. Estos/as trabajadores/as pasaron a ser formalmente empleados/as de la provincia, puntualmente en la APRECOD. Esto se dio por un proceso de reclamo que ese grupo sostuvo desde que, en 2018, comenzó a percibir un “sobresueldo” (a través del monotributo) con la APRECOD, para complementar la magra remuneración recibida por la SEDRONAR. Por otro lado, la salida de otros/as trabajadores provinciales que venían trabajando en la institución desde 2010, cuando funcionaba el centro de día para adolescentes. Y, en tercer lugar, la incorporación de nuevos trabajadores/as dependientes de SEDRONAR.
En marzo de 2022, en momentos de presencialidad plena, se realizó una reapertura institucional organizada por el equipo. El evento fue conducido por los dos personajes icónicos de la institución mencionados antes, y se mostraron las nuevas actividades disponibles. Lo simbólico de nombrar a este evento como “reinauguración”, con corte de cintas incluido, estaba en relación con que la institución no había estado cerrada, sino que siempre estuvo abierta, pero ahora se abría de un modo distinto al que había prevalecido en la pandemia y también distinto del anterior a este acontecimiento. La nueva dinámica implica que los/as jóvenes asistan a la institución los días en que hay una actividad puntual a la cual estén convocados/as, en contraposición con el estar anterior en la institución, que podía darse sin ninguna actividad específica, más ligado a la modalidad de centro de día. Esto se trabajó singularmente con cada joven, intentando apuntalar su proceso de autonomía al proponer que los días que no tienen una actividad en el DCS puedan circular por otros espacios que no sean la institución, abrir las referencias, generar nuevas redes. El día de la reinauguración, los personajes que condujeron el acto nombraron a la institución como “la institución nueva”, e hicieron un recorrido guiado por las instalaciones, mostrando los espacios donde se desarrollarían las diferentes actividades. La jornada concluyó con un almuerzo al aire libre.
Hemos podido identificar, a lo largo del trabajo de campo, núcleos problemáticos que hacen al trabajo cotidiano en el dispositivo. En este escrito, presentamos avances en dos de ellos. Por un lado, las diferentes percepciones en cuanto al carácter tripartito de la institución. Y, por otro lado, la heterogénea visión de los/as integrantes del equipo acerca de qué nivel del Estado es el que otorga mayor identidad a esta. Para este análisis, además de las entrevistas colectivas realizadas, recurrimos a un cuestionario con preguntas abiertas, que un grupo de trabajadores/as contestó entre octubre de 2021 y mayo de 2022.
En general, el carácter tripartito del dispositivo se presenta para los/as trabajadores/as como una ventaja en cuanto a la posibilidad de realizar articulaciones con diferentes niveles del Estado. En ese sentido, en la mayoría de los/as entrevistados/as apareció, ante la pregunta “¿Qué ventajas y obstáculos encontrás en el carácter tripartito del dispositivo?”, la capacidad de construir con otros sectores como una cuestión sumamente positiva. La disponibilidad de diferentes recursos y la posibilidad de gestionarlos revestiría así una fortaleza. Durante el trabajo de campo pudimos ver estas cuestiones en acto: en la institución se desarrollan diferentes programas provinciales y municipales, como cursos de capacitación en oficios que incluyen becas para los/as jóvenes que los cursan, y un aula radial que funciona como una posibilidad para terminar la escuela primaria. En cuanto a los obstáculos, podríamos agrupar las respuestas en dos grandes ejes. Uno de ellos hace hincapié en las indefiniciones producto de la falta de coordinación entre las tres jurisdicciones. En ese sentido, el “tirarse la pelota” entre diferentes niveles del Estado obtura muchas veces los procesos de trabajo. Esto se manifestó, por ejemplo, durante la vigencia del ASPO. Si bien los abordajes de los consumos problemáticos de sustancias, según la Ley Nacional 26.657, integran las políticas de salud mental, en lo estrictamente formal, los/as trabajadores/as del dispositivo no fueron considerados/as “esenciales” en los términos del Decreto 297/2020, lo cual se tradujo en una serie de dificultades tales como la gestión de permisos para transitar por la ciudad o la inclusión en las listas de vacunación. Estas gestiones se realizaron a partir de los consensos que se pudieron establecer al interior del equipo, y de los contactos de la coordinación. El otro eje en cuanto a las desventajas de la naturaleza tripartita podemos enunciarlo como la heterogeneidad en las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, particularmente las condiciones de “precariedad” laboral de una parte de ellos/as. Estas situaciones son saldadas muchas veces a través de acuerdos informales para la concreción de algunos derechos, como las vacaciones o la posibilidad de tomarse días para realizar trámites, que son contempladas para todos/as pese a no estar formalmente establecidas para un conjunto de trabajadores/as. El pase a planta de algunos/as de ellos/as a partir de 2022 se monta en un proceso colectivo que actualmente sigue presionando por la regularización de aquellos/as que aún no revisten esa condición. Esta desigualdad en cuanto a las formas de contratación es referida por el equipo de trabajo como un fuerte obturador. Por su parte, algunos/as trabajadores/as mencionan la ausencia de un convenio tripartito formal entre los diversos estamentos del Estado que constituyen la institución como una limitación importante. En ese sentido, la “reinauguración”, aunque no fue un evento formal, podría haber funcionado como una forma de procesar esta contradicción por parte del equipo y generar, en su interior, una nueva forma de trabajo.
Otra de las preguntas estuvo enunciada de la siguiente manera: “¿Considerás que el dispositivo se identifica mayormente con alguno de los niveles del Estado que lo componen? En caso afirmativo, ¿con cuál?”. Aquí las respuestas fueron más heterogéneas. En primer lugar, en una entrevista anterior, un integrante del equipo sintetizaba así la particular constitución del dispositivo:
como nosotros somos una institución tripartita, según qué nivel del Estado nos mire, somos algo distinto. Si a nosotros nos mira la SEDRONAR exclusivamente somos su institución, la mayor institución de abordaje de la ciudad. De hecho, si uno llama al 141, que es la línea de SEDRONAR para cualquier problema, le dan este teléfono. Entonces nosotros somos una institución de abordaje de consumo problemático de sustancias. Pero si uno mira desde la óptica de Desarrollo Social o de Salud, somos también una institución de situaciones de vulnerabilidad mucho más generales.
Trabajador: Desarrollo de provincia. Entramos dentro de la lógica de lo que son los centros de día, de los centros de día. Los centros de día en eso incluyen un montón de otras problemáticas. (Registro de campo, entrevista a trabajador del DCS, 23/09/2019)
En general, se identifica más a la institución con la SEDRONAR o la provincia; la municipalidad queda relegada en la dinámica cotidiana. De un total de 15 cuestionarios respondidos por los/as trabajadores/as, la gran mayoría (10) no identificaban a ninguno de esos dos niveles del Estado como el que más identidad otorga al dispositivo. Este conjunto de respuestas oscila entre, por un lado, una mirada según la cual la dependencia va variando en cuanto a la dimensión temporal y las vicisitudes de la gestión:
Esta respuesta, creo que va oscilando, dependiendo en qué momento es consultada. Ahora podría existir una predominancia de SEDRONAR y municipalidad. Pero en otros momentos, hubo una mucho mayor implicancia de la provincia con Salud y Desarrollo Social, que actualmente está desdibujada. Es una composición tripartita con una enorme capacidad de movimiento según la gestión. (Registro de campo, respuesta individual a cuestionario de Google Forms, 13/10/2021)
Por otro lado, podemos ver que otras respuestas que no definen una hegemonía clara de alguno de los niveles del Estado que integran al DCS señalan que esta ambivalencia depende de qué trabajador/a sea consultado/a más que de los vaivenes de las gestiones: “cada trabajador muchas veces interviene desde el lineamiento que entiende que es el propio del nivel del estado del que depende” (registro de campo, respuesta individual a cuestionario de Google Forms, 13/10/2021).
Del resto, tres personas identificaron a la institución con la SEDRONAR y dos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Vale aclarar que, de los/as 15 trabajadores/as que respondieron la encuesta, al momento de responderla, seis pertenecían a Desarrollo Social de la Provincia, ocho a la SEDRONAR y uno a la municipalidad.
Siguiendo el enfoque socioantropológico, analizamos la información construida a través del trabajo de campo en un diálogo con el trabajo teórico, con el fin de construir una reconceptualización de la problemática abordada (Rockwell, 2015). En este caso, nos centramos en una experiencia, la del DCS, no como estudio de caso, sino con la intención de inscribirla al interior de relaciones estructurales. Esta propuesta nos conduce a los desafíos de articular diferentes escalas de lo social con el fin de dar cuenta de las tendencias hegemónicas que puedan explicar los múltiples y variados procesos locales/cotidianos (Achilli, 2017).
El marco en el cual se inscribe este dispositivo está constituido por las políticas diseñadas e implementadas por el Estado. Si las políticas públicas, siguiendo la definición de Oszlak y O’Donnell (1981), son un conjunto de acciones y omisiones que ponen de manifiesto una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión, desde la antropología hacemos énfasis en que esas acciones u omisiones no se dan en el vacío, sino que son encarnadas por sujetos concretos y están contextualizadas en un proceso social más amplio. Esto implica concebirlas como prácticas políticas y culturales (Canelo et al., 2013). Retomamos la conceptualización del Estado desde un enfoque estratégico relacional (Jessop, 2017), según el cual aquel está constituido como una relación social e histórica y es considerado un campo donde diferentes agentes disputan intereses (Bourdieu y Wacquant, 2014). Resulta necesario entonces descentrar la concepción sobre el Estado, para entenderlo como un escenario históricamente situado y no únicamente como un aparato o estructura (García Linera, 2010).
Entender al Estado como relación social implica concebirlo incrustado en la dinámica social. Por lo tanto, un enfoque antropológico de las políticas resalta la complejidad de su proceso de formulación e implementación (Shore, 2010). Como proponen Montesinos y Sinisi (2009), en los procesos de implementación de políticas públicas, los particulares sentidos construidos por los sujetos resignifican las orientaciones presentes en ellas y en los programas, y producen modificaciones en relación con sus prescripciones y contenidos originales. En la implementación de las políticas se da un proceso de adaptación por el cual los programas, proyectos y planes son efectivizados en lo concreto. La adaptación, al igual que la apropiación, alude a procesos y tramas de relaciones que dan lugar, en dicha efectivización concreta, a una reformulación de los presupuestos originales planteados en los diseños de las políticas. Partiendo de esta conceptualización, entendemos como adaptabilidad a los procesos que generan los/as trabajadores/as en esa efectivización concreta (Nemcovsky et al., 2016). De esta forma, la reconstrucción de la cotidianeidad de los sujetos a través de las estrategias metodológicas detalladas contribuye al avance de las descripciones explicativas y a la eventual formulación de explicaciones descriptivas (Achilli, 2017). El contenido de los procesos de apropiación y adaptación no puede ser definido a priori. Para ello, es necesario realizar trabajo de campo antropológico.
Particularmente los procesos analizados en el DCS, además de estar inscriptos en las políticas, lo están también en los procesos de trabajo en salud. Lo que les confiere vida son las tecnologías “blandas”, que constituyen el trabajo vivo en acto en el cual los/as trabajadores/as reinventan constantemente su autonomía en la producción de actos de salud (Merhy et al., 2006). Analizar estos procesos constituye otra forma de enunciar los aportes de la antropología al estudio de las políticas.
En este punto, dialogamos con dos investigaciones que analizan dispositivos territoriales de la SEDRONAR situados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Corbelle (2021) presenta un estudio de caso de dos dispositivos de abordaje territorial de consumos problemáticos de la SEDRONAR, el DIAT Juana Azurduy y el DTC Barrio Ceibo, situados en la zona norte del AMBA, a través de un trabajo de campo de carácter etnográfico. La autora, luego de caracterizarlos, plantea que el trabajo que realizan se debe inscribir en los municipios y comunidades concretos configurados por relaciones de poder particulares entre una diversidad de actores/actrices, instituciones estatales y organizaciones sociales con objetivos e intereses propios. A diferencia del DCS, el DIAT Juana Azurduy no tiene edificio propio. Además, no cuenta con trabajadores/as en planta permanente, sino que son contratados/as por SEDRONAR. El DTC Barrio Ceibo, por su parte, está cogestionado por la Biblioteca Popular, una institución de la comunidad. Al igual que el DTC Juana Azurduy, todos/as los/as trabajadores/as dependen de SEDRONAR, ninguno/a de ellos/as en planta permanente, sino en diversas modalidades contractuales. El trabajo de López Bouscayrol (2021), por otro lado, se centra en el análisis de la implementación de un CePLA, cogestionado por la SEDRONAR y una Asociación de Madres contra el Paco (MCP), en la zona sur del AMBA. Las madres le imprimieron ciertas especificidades al dispositivo: “contrataron a conocidos/s y familiares, impusieron sus horarios de funcionamiento, cuestionaron la franja etaria e incluso otorgaron un sentido propio a lo que se entendía por prevención inespecífica y atención de los consumos problemáticos” (López Bouscayrol, 2021, p. 115).
El DCS tiene la particularidad, respecto de los dispositivos analizados por Corbelle (2021) y López Bouscayrol (2021), de que está constituido por completo a partir del Estado. A su vez, la heterogeneidad laboral es más marcada, debido a que conviven trabajadores/as de planta permanente de diferentes dependencias con otros/as en condición de precariedad. En ese sentido, podemos observar cómo la implementación las políticas públicas de la SEDRONAR, que hemos sistematizado en otro trabajo (Gil, 2022), se reconfiguran según los diferentes contextos locales.
En un análisis anterior destacamos que, en la provincia de Santa Fe, si bien se puede identificar un consenso en torno al rechazo del paradigma prohibicionista y un mayor acercamiento a la reducción de daños por parte de un conjunto de trabajadores/as de dispositivos estatales, no existe una postura homogénea al respecto, lo cual se traduce en dificultades al momento del abordaje del consumo problemático de sustancias como política pública (Gil y Yavich, 2018). Consideramos que, a la luz del trabajo de campo realizado en el DCS, las dificultades para el abordaje de dichos consumos desde la perspectiva de los/as trabajadores/as del dispositivo obedecen, no a desacuerdos sobre paradigmas de intervención, ya que la institución se asume abiertamente desde la reducción de daños, sino a problemas de articulación intersectorial a nivel de la formulación de las políticas y a la heterogeneidad de las condiciones laborales.
Nos propusimos en este trabajo presentar algunos avances descriptivo-explicativos de una investigación antropológica en un dispositivo de abordajes de consumos problemáticos en la ciudad de Rosario. Retomando la experiencia del DCS, intentamos sistematizar algunos núcleos problemáticos que hacen a sus prácticas. En ese sentido, al documentar lo no documentado (Rockwell, 2015) de estos procesos, consideramos que el enfoque antropológico contribuye a la problematización constante de las prácticas y a la explicitación de las contradicciones inherentes a todo proceso sociohistórico. Deseamos enfatizar que las focalizaciones en diferentes referentes empíricos abonan al objetivo de analizar procesos complejos en diferentes escalas. De esta manera, los avances aquí presentados en un dispositivo en particular constituyen un primer nivel de sistematización, que será tensado con otras experiencias analizadas a los fines de dar cuenta de una trama organizada a partir de núcleos teórico-empíricos que construimos a lo largo del proceso investigativo.
Corbelle, F. (2021). Políticas públicas y abordaje integral territorial de los consumos problemáticos: las experiencias del DIAT Juana Azurduy y el DTC Barrio Ceibo, Provincia de Buenos Aires. En R. Pires y M. P. Santos (Orgs.), Alternativas de cuidado a usuarios de drogas na América Latina: desafíos e posibilidades de açao pública (pp. 41-102). Brasilia: Ipea-CEPAL.
Gil, M. (2022). Los abordajes de la SEDRONAR en la República Argentina (1989-2019). Hacia una historización de políticas públicas sobre consumo problemático de sustancias desde una perspectiva antropológica relacional. En L. Raggio y C. Ciordia (Comps.). Por una antropología de las políticas públicas. Perspectivas de análisis y cambios de signo en la región (pp. 91-113). Buenos Aires: TeseoPress.
Nemcovsky, M., Bernardi, G., Saccone, M., López Fittipaldi, M., Dobry, M., Calamari, M., Santos, M., Martínez, N., Maiolino, E. y Debonis, F. (2016). Jóvenes y experiencias socio-educativas. Un estudio antropológico de los sentidos sobre la escolarización en contextos de pobreza urbana. V Reunión Nacional de Investigadores/as de Juventudes Argentinas, 21, 22 y 23 de noviembre, FCRRII Rosario.
Tamous, S. (2020). “Cada vez que aumentan las muertes violentas los federales llegan a Rosario”. Diario El Ciudadano y la Región: https://www.elciudadanoweb.com/cada-vez-que-aumentan-las-muertes-violentas-los-federales-llegan-a-rosario/
[1] El proyecto, titulado “Consumo problemático de sustancias y políticas públicas. Un análisis antropológico de los sentidos y prácticas de trabajadores de dispositivos estatales en la provincia de Santa Fe”, es financiado gracias a una beca interna doctoral del CONICET, y se inscribe en el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) “Procesos estructurales, espacio socio-urbano y vida cotidiana. Un análisis de experiencias y memorias en la ciudad de Rosario” (Universidad Nacional de Rosario).
[2] El nombre del dispositivo ha sido modificado a los fines de preservar el anonimato pactado con sus integrantes.
[3] Si comparamos la tasa de homicidios (expresada en homicidios cada 100 mil habitantes) en Rosario con respecto al resto del país, observamos que la serie, desde 2014, es la siguiente: 20,35 (2014); 18,64 (2015); 14,33 (2016); 12,99 (2017); 15,97 (2018); 13,16 (2019); 16,58 (2020); 18,8 (2021); 22,01 (2022) (Ministerio Público de la Acusación, 2023). Estos índices, a nivel nacional, y expresados también en homicidios cada 100 mil habitantes, fueron sensiblemente menores: 7,4 (2014); 6,6 (2015); 6 (2016); 5,3 (2017); 5,4 (2018); 5,1 (2019); 5,3 (2020); 4,6 (2021); 4,2 (2022) (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2023). Según el Ministerio Público de la Acusación (2023), la mayoría de los homicidios dolosos perpetrados en el departamento Rosario estuvieron vinculados a “economías ilegales/organizaciones criminales”.
[4] Durante el primer año, los/as trabajadores/as de SEDRONAR percibieron una beca de estudio y trabajo para la realización de un posgrado en la Universidad Nacional de Rosario en paralelo al trabajo en el nuevo dispositivo. Pasaron al sistema “fondo estímulo” a partir de 2017.
[5] Creado mediante el decreto provincial 0063/2008, tuvo como objetivo “elaborar la estrategia integral de gobierno destinada a apoyar y beneficiar a las personas y grupos familiares más desprotegidos, con la finalidad de erradicar la extrema pobreza del territorio provincial, basada en los principios de equidad, participación y solidaridad, fundada en sólidos acuerdos entre todos los niveles del Estado”. Se trató de una estructura intersectorial integrada, entre otros, por los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, y Cultura e Innovación de la provincia de Santa Fe.
[6] El 8 de abril de 2014, ante el aumento de la cantidad de homicidios en el departamento Rosario, llegaron a la localidad, por decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, más de tres mil agentes federales para trabajar en los barrios considerados más violentos. Desde entonces, esta modalidad se ha repetido ante sucesivos aumentos de los niveles de violencia (Tamous, 2020).
[7] Se trata de dos personajes que surgieron en el año 2019, en el marco de un espacio de juegos que se desarrollaba en la institución. Fueron actuados por una trabajadora y un trabajador. Estos personajes, interpretados siempre por las mismas dos personas, continuaron apareciendo en algunas situaciones puntuales del dispositivo, como festejos de cumpleaños o del Día de la Primavera.
[8] El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) consistió en un pago excepcional de $10.000 por parte del gobierno nacional a aquellas personas que se encontraran desocupadas, se desempeñaran en la economía informal, fueran monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. El objetivo fue contribuir al bienestar de los sectores cuyos ingresos tuvieron una severa discontinuidad durante el período de cuarentena. Este pago se realizó en tres oportunidades entre los meses de abril y julio de 2020. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno