Entre la militancia y la experticia: políticas de la memoria en un ex centro clandestino de detención de la ciudad de Rosario

Recibido: 28 de febrero de 2022. Aceptado: 12 de agosto de 2022.

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la construcción de políticas de la memoria en torno al ex centro clandestino de detención Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, ubicado en la ciudad de Rosario. Definimos para ello dos momentos del ex CCD, en tanto lugar de memoria: por un lado, su proceso de recuperación como Centro Popular de la Memoria, entre los años 2001 y 2003; y por otro, su reconfiguración como Espacio de Memoria entre 2012 y 2015. Nos proponemos centrar la mirada en los diversos modos en que se han anudado, contrapuesto y tensionado los saberes militantes de organismos de derechos humanos y sobrevivientes con los saberes expertos de la Arqueología-Antropología, la Arquitectura y el Derecho en las intervenciones, prácticas y narrativas que fueron definidas en ambos momentos. Como parte de una investigación doctoral desarrollada desde una perspectiva etnográfica, hemos llevado a cabo este análisis a partir de observaciones participantes, entrevistas no dirigidas, relevamiento de decretos, producciones escritas de los/as actores/as involucrados/as, así como noticias periodísticas; estrategias que integran el trabajo de campo que desarrollamos desde el año 2015.

Palabras clave: CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN. POLÍTICAS DE LA MEMORIA. MILITANCIA. EXPERTICIA. ROSARIO.

Between the activism and the expertise: politics of memory in a former clandestine detention center of Rosario city

Abstract

We aim to analyze the construction of politics of memory about the former clandestine detention center Information Service of Santa Fe state police department, located in Rosario city. We define two moments of the CDC as a place of memory: the process of recovery as the Popular Center of Memory, between 2001 and 2003; and its reconfiguration as the Space of Memory, between 2012 and 2015. We focus on different manners through which activism knowledge of human rights organizations and survivors and the expert knowledge from Archaeology-Anthropology, Architecture and Law are related through the interventions, practices and narratives defined in each moment. As part of a PhD research, this research is based on participant observations, non-directive interviews and documentary analysis; strategies that are part of the fieldwork we carried on since 2015.

Keywords: CLANDESTINE DETENTION CENTER. POLITICS OF MEMORY. ACTIVISM. EXPERTISE. ROSARIO.

Palavras-chave: CENTRO CLANDESTINO DE DETENÇÃO. POLÍTICAS DA MEMÓRIA. MILITÂNCIA. PERÍCIA.

Introducción

El ex Servicio de Informaciones (en adelante, ex SI) funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) en la ciudad de Rosario entre los años 1976 y 1979/1980.1 Como parte de la estructura de la policía de la provincia de Santa Fe, se encuentra localizado en una de las esquinas del edificio de la ex Jefatura, actual sede del gobierno provincial desde el año 2005. El objetivo de este artículo es analizar las políticas de la memoria construidas en torno a este ex CCD, focalizando en los modos en que se han anudado, contrapuesto y tensionado los saberes militantes de organismos de derechos humanos (en adelante, organismos) y sobrevivientes con los saberes expertos arqueológicos-antropológicos, arquitectónicos y jurídicos. Estos/as actores/as han construido diferentes políticas de la memoria en torno al ex SI, definidas como “las formas de gestionar o de lidiar con ese pasado” (Rabotnikof, 2007:261), movilizadas y sostenidas no solo por el Estado, sino también por actores/as que se posicionan como extraestatales (Groppo, 2002; Rabotnikof, 2007). Para la mayoría de los casos, y este no es la excepción, estas políticas de la memoria han sido construidas conjuntamente, incluso con la participación de “actores híbridos” (Messina, 2016:120), es decir, posicionados/as simultáneamente como parte del Estado y por fuera de este.2

Este artículo se inscribe en aquellas investigaciones que abordaron las diversas políticas de la memoria construidas en torno a ex CCD en Argentina,3 considerando la complejidad del proceso de marcación e institucionalización de estos espacios físicos y la trama de actores/as participantes (Messina, 2010; Guglielmucci, 2011; Schindel, 2013; Fabri, 2016; Larralde Armas, 2017; Garbero, 2017; San Julián, 2020, entre otras). Si nos centramos en la definición de actores/as legitimados/as para la construcción de estas políticas, se ha señalado el protagonismo asumido por determinados organismos y sobrevivientes (Vecchioli, 2001, 2013; Jelin, 2010; Da Silva Catela, 2014; Messina, 2014, 2016; Guglielmucci, 2017; Cueto Rúa, 2019). Por su parte, otros trabajos focalizaron en actores/as de relevancia que, en ocasiones, quedan por fuera de la escena visible de articulación entre los organismos y el Estado. Nos referimos a los/as expertos/as o profesionales que, en su mayoría, han provenido de la Antropología y la Arqueología, pero también de la Arquitectura y la Conservación (Bianchi, 2009; González y Lema, 2011; Vecchioli, 2014; Alonso, Portos y San Julián, 2015; D’Ottavio, 2017; Olmos, 2019; Messina y Mendizábal, 2019, entre otros). En este marco, nos interesa observar no solo la legitimidad configurada entre la militancia y la experticia para intervenir en el ex SI, sino también el modo en que han sido legitimadas estas intervenciones expertas en torno a su materialidad.

A los fines del análisis, hemos seleccionado dos momentos del ex CCD: el primero se ubica entre los años 2001 y 2003, con la creación del Centro Popular de la Memoria; y el segundo, entre los años 2012 y 2015, posteriormente a que el comodato del Centro Popular venciera y diera inicio a su conversión en el Espacio de Memoria ex CCD Servicio de Informaciones. Estos momentos fueron elegidos considerando que en ellos es posible observar la convergencia de saberes expertos y militantes en la gestión del lugar, la jerarquización de algunos saberes expertos por sobre otros, así como la legitimación (o no) desde la militancia de las intervenciones desplegadas desde estos saberes. De tal modo, sostenemos que las intervenciones expertas en el ex SI han requerido la legitimación previa por parte de los organismos y/o los/as sobrevivientes para la construcción de políticas de la memoria en torno al lugar. En efecto, el saber experto ha sido valorado menos por su aporte académico en sí mismo, que por su involucramiento en instancias entendidas como políticamente comprometidas por la militancia en derechos humanos (DD. HH.), es decir, orientadas por sus expectativas y demandas.

Las diferentes intervenciones son aquí interpretadas como marcaciones memoriales que contribuyen a construir un espacio físico, como el ex CCD, en un lugar de memoria. Al respecto, retomamos las precauciones de E. Allier Montaño (2008) sobre este concepto acuñado por P. Nora: en torno a pasados recientes, no siempre estamos frente a lugares que cristalizan una historia nacional compartida, sino que son escenarios de luchas por los sentidos que ese pasado asume en el presente. En su investidura como lugares de memoria, los espacios físicos ligados a la violencia represiva atraviesan dos etapas: por un lado, la instalación de una marca que habilita su conformación memorial; y, por otro, la activación del sentido que tendrá esa conmemoración en el espacio público, para el presente y también el futuro (Jelin, 2013). Por lo tanto, los ex CCD no son esencialmente lugares de memoria, sino que requieren de un trabajo específico para ser demarcados como tales. Se trata de un proceso no exento de pugnas, en el que diversos/as actores/as “agregan una nueva capa de sentido a un lugar que ya está cargado de historia, de memorias, de significados públicos y de sentimientos privados” (Jelin y Langland, 2003:5). Las políticas de memoria en torno a estos lugares son, así, políticas que asumen una forma territorial, en torno a la administración o gestión de un espacio físico, a la vez que lugarizan la(s) memoria(s) en cuanto a “los soportes y andamiajes tanto discursivos como visuales para elaborar representaciones y marcos simbólicos” (Fabri, 2016:74).

Como afirman Besse y Escolar (2019), las políticas y los lugares de la memoria se construyen en los anudamientos entre prácticas, saberes, testimonios y gestión, como productos del trabajo colectivo. Entendemos que los saberes, engendrados por prácticas sociales, no pueden deslindarse de las relaciones de poder a partir de las cuales se conforman (Foucault, 1996). Si la militancia puede definirse como la organización política colectiva, vinculada tanto con una posición de sujeto como con una filosofía de acción (Lazar, 2019), los saberes y prácticas militantes, para este análisis, se vinculan con los/as militantes en DD. HH., es decir, los organismos.4 Por su parte, por expertos/as comprendemos a aquellos/as actores/as ligados/as a la “especialización y entrenamiento académico” (Neiburg y Plotkin, 2004:15), cuyo saber adquiere valor en función de “la demanda social de grupos que encuentran en esas herramientas recursos útiles para intervenir” (Morresi y Vommaro, 2012:15). Si concebimos al ethos de la política como causa (Weber, 1972), la intervención política, tanto de los saberes expertos como de los militantes, ha configurado conjuntamente lo que se ha dado en llamar la causa de los derechos humanos (Vecchioli, 2007). Cabe señalar que militancia y experticia no son entendidas como posiciones excluyentes, dado que frecuentemente se superponen y conjugan en los/as actores/as involucrados/as en la hechura de las políticas de la memoria, constituyendo ese entre que nos interesa destacar.

En términos metodológicos, este trabajo es parte de una investigación doctoral llevada a cabo desde una perspectiva etnográfica, que apunta a la comprensión del mundo social desde las perspectivas nativas (Rockwell, 1985; Guber, 1994; Balbi, 2012). El análisis fue construido a partir de observaciones participantes, entrevistas no dirigidas, relevamiento fotográfico del ex SI, así como de decretos, legislaciones, producciones escritas y audiovisuales de los/as actores/as y noticias periodísticas; estrategias que integran el trabajo de campo desarrollado entre los años 2015 y 2020. Entendemos que este asienta su originalidad en la relación particular entre el/la investigador/a y los/as actores/as, por lo que no es posible eludir la mención a los diferentes lugares asumidos como antropóloga, militante y trabajadora estatal a lo largo de esta investigación. Posiciones que contribuyeron a delinear el objeto de análisis y habilitaron el acceso a determinados espacios y actores/as, por un lado, pero también recubrieron de afectividades y contradicciones, por otro, el abordaje del problema. Con ello, este texto es un modo de problematizar también la propia trayectoria de quien escribe.

De ex CCD a Centro Popular de la Memoria (2001-2003)

En Argentina, los llamados procesos de recuperación5 de espacios físicos que funcionaron como CCD durante la última dictadura comenzaron en la década del 2000. Como categoría nativa, recuperación denominó en este particular contexto el modo en que los procesos de construcción de ex CCD en lugares de memoria fueron vivenciados por sus protagonistas, incluyendo no solo a organismos, familiares, sobrevivientes y otras organizaciones sociales, sino también al propio Estado (Messina, 2010; Feld, 2011). Tanto la crisis social, política y económica de diciembre de 2001 como la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad propiciaron la institucionalización de estos procesos (Messina, 2010; Da Silva Catela, 2014). Desde entonces, gran cantidad de ex CCD empezaron a ser gestionados por una particular articulación entre los/as actores/as mencionados/as. Aunque comparten condiciones de posibilidad, las recuperaciones adquirieron características propias de acuerdo al contexto local en el que se produjeron y las articulaciones entre actores/as, prácticas y saberes que los configuraron (Messina, 2019).

En el caso del ex SI, su recuperación comenzó a gestarse durante el año 2001, mediante reuniones entre organismos locales y representantes del gobierno provincial. En estos encuentros fueron fundamentales dos actores considerados compañeros6 por parte de los organismos y que, a la vez, se desempeñaban como trabajadores o funcionarios del gobierno provincial del peronista Carlos Reutemann (1999-2003), es decir, se trataba de actores híbridos. La actuación de estos compañeros fue central para articular las demandas de los organismos con el gobierno reutemista, que se caracterizaba por su proximidad con sectores de derecha más tradicionales (Alonso, 2011).

Luego de los asesinatos adjudicados a la policía provincial durante diciembre de 2001,7 una serie de cambios al interior del gobierno provincial aceleró las negociaciones respecto del ex SI. De este modo, el 9 de mayo de 2002, el Estado provincial cedió en comodato por diez años la administración del ex CCD a los organismos. Así fue creado el Centro Popular de la Memoria, a cargo de una comisión compuesta por representantes estatales y de Madres de Plaza 25 de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo-filial Rosario, Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S. Rosario y el sindicato docente AMSAFE.8 Tras la cesión oficial, el ex CCD fue inaugurado como Centro Popular el 9 de diciembre del año 2002 (Figuras 1 y 2). La recuperación del ex SI se ubicaba, entonces, en una coyuntura en la que el gobierno provincial buscaba reconstruir su legitimidad política ante los sectores más progresistas, mientras que para los organismos se abría la posibilidad de hacer realidad una demanda sostenida desde hacía varios años y construida en los meses anteriores.

Figura 1. (A la izq.) Inauguración del Centro Popular de la Memoria. Fuente: “Una señal para renovar la lucha”, El Ciudadano, 10/12/2002. Figura 2. (A la der.) Inauguración del Centro Popular de la Memoria. Fuente: fotografía 06.05, Fondo Familiares, Centro documental “Rubén Naranjo”, Museo de la Memoria.

La carencia de experiencias previas a nivel nacional sobre las que apoyarse, así como la necesidad de contar con actores/as externos/as que pudieran orientar el complejo trabajo por venir,9 condujeron a que los organismos sumaran a una antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), para asesorarlos desde las reuniones que antecedieron a la recuperación. La antropóloga fue convocada por su experticia en investigación y docencia, pero, sobre todo, por su saber hacer con otras organizaciones, principalmente, talleres político-metodológicos que había desarrollado con H.I.J.O.S. Rosario. No fue, entonces, solamente su perfil académico el destacado para su convocatoria, sino, en especial, su “ejercicio militante de la profesión” (Vecchioli, 2007:28). En esta línea, la intención de los organismos era que ella desarrollara su labor junto con y no en lugar de ellos: el saber experto de la antropóloga se concebía como subsidiario al saber militante de los organismos.

La antropóloga conformó un equipo interdisciplinario para llevar adelante una investigación en el ex SI. El denominado Equipo de Investigación por la Memoria Político-Cultural estaba compuesto por casi 40 estudiantes provenientes en su mayoría de la carrera de Antropología de la UNR, pero también de Comunicación Social, Filosofía, Derecho, Historia, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Estadística y Cine. Los/as jóvenes habían sido convocados/as por la antropóloga considerando su compromiso con la causa de los DD. HH. a partir de sus militancias e intereses previos.10 De este modo, el equipo de investigación fue conformado teniendo en cuenta las trayectorias académicas, pero también políticas de cada uno/a de sus integrantes. Con ello, la posición subsidiaria de la experticia respecto de la militancia estaba presente no solo entre los organismos, sino también en el propio equipo de investigación.

El punto de partida del equipo fue, por una parte, el relevamiento de “experiencias de reconstrucción de la memoria después de genocidios”,11 principalmente de Israel, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica, México y Colombia; y, por otra, de los archivos testimoniales de la CONADEP Rosario con los que contaba la organización Familiares. El objetivo era reconstruir las experiencias histórico-políticas particulares y colectivas, y no solamente aquello que los/as detenidos/as-desaparecidos/as atravesaron durante su permanencia en el ex CCD, información que aparecía predominantemente en el relevamiento documental. A partir de este, conformarían el área de Antropología Social y Filosofía, a la que se sumarían el área de Antropología Arqueológica, el área de Comunicación Social y el área de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Historia y Derecho. Algunos/as integrantes de H.I.J.O.S., generacionalmente cercanos/as a los/as jóvenes estudiantes –incluso, compañeros/as universitarios/as–, se sumaron a tareas puntuales dentro del equipo.

Desde este trabajo inicial, el equipo definió la necesidad de incorporar a quienes consideraron sujetos faltantes,12 es decir, a los/as sobrevivientes del ex SI, que no formaban parte de la comisión directiva del Centro Popular y que comenzaron a acercarse al proyecto de investigación a través de relaciones afectivas y de confianza con sus integrantes.13 Observamos aquí la impronta del saber antropológico en la visibilización de quienes eran concebidos/as como otros/as en el marco de la militancia en DD. HH., en un contexto en el que pervivía el peso del estigma y la sospecha frente a la supervivencia (Crenzel, 2007; Vezzetti, 2012). Al sumar a sobrevivientes, el equipo brindaba un marco de legitimidad a actores/as que no habían sido contemplados/as ni por los organismos ni por el Estado provincial: legitimidad para participar en las políticas de la memoria en torno al ex CCD, pero también para tomar la palabra públicamente. Al respecto, una de las modalidades de trabajo del equipo en el ex SI fueron las bajadas (Figuras 3 y 4), inicialmente acordadas con la comisión, que se proponían reconstruir el funcionamiento del ex CCD mediante la guía de los/as propios/as sobrevivientes. El eje estaba puesto en la transmisión de sus memorias de la política (Rabotnikof, 2007) en el mismo lugar donde habían sido secuestrados/as. Durante las bajadas se recorría el ex CCD habitación por habitación, recomponiendo el circuito represivo seguido por los/as detenidos/as y, para concluir, se desarrollaba un taller de reflexión para enmarcar sus experiencias represivas, pero centralmente de militancia, e intercambiar percepciones con los/as visitantes (Bianchi, 2009). En el marco de la recuperación, esta actividad puede ser leída como un modo de contrarrestar los efectos del terror que encarna(ba) el ex CCD, estableciendo puentes entre el “adentro” y el “afuera”, al “brindar elementos de repolitización y removilización social” (Schindel, 2013:11).

Figuras 3 y 4. Sobrevivientes en sus respectivas bajadas. Fuente: fotogramas del Informe de avance, Centro Popular de la Memoria (2003).

Considerando que la materialidad de estos lugares se constituye en un escenario de disputas y tensiones, la situación edilicia del ex CCD fue un punto de partida para abrir la discusión sobre la intervención o no del lugar, al igual que en otros CCD del país. Al respecto, existía un acuerdo general entre la comisión y el equipo en torno a la necesidad de resguardar el espacio físico de la humedad, particularmente el sótano, y preservar la gran cantidad de marcas e inscripciones existentes.14 En este sentido, el relevamiento arqueológico (Figuras 5 y 6) fue considerado uno de los pilares de la investigación experta, con la intención de recabar la mayor cantidad de información posible frente al deterioro edilicio del ex SI, ya sea intencional –dadas las inundaciones adjudicadas a la policía– o por el paso del tiempo.15 No obstante, la experticia de los/as jóvenes estudiantes se fue construyendo en el hacer mismo, que no provenía de una especialización académica sobre el tema –inexistente por aquellos años–, sino de un trabajo y un saber que se iba construyendo in situ (Alonso, Portos y San Julián, 2015). Ante la falta de apoyo institucional por parte de la Escuela de Antropología de la UNR, el equipo recurrió a un reconocido doctor en Arqueología de otra universidad para asesorarlos/as a distancia y autorizar académicamente el trabajo de investigación. En la misma dirección, el equipo comenzó a establecer vínculos con otros equipos, esencialmente arqueológicos, que, al igual que ellos/as, comenzaban a trabajar en los ex CCD Pozo de Vargas (Tucumán), Mansión Seré (Morón) y El Atlético (Buenos Aires), así como con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin embargo, a diferencia de estos equipos, en el ex SI se trabajaba con una estructura edilicia que no había sido demolida e implicaba una Arqueología sin excavación.

Figuras 5 y 6. Relevamiento arqueológico en el ex SI. Fuente: Archivo personal de Gabriela González (2002).

Una demanda de la comisión hacia el equipo era establecer la autoría de las inscripciones halladas en el ex CCD, bajo la sospecha de que no habían sido realizadas por ex detenidos/as-desaparecidos/as y que no estaban en lo cierto los/as sobrevivientes que así lo afirmaban. El relevamiento arqueológico, mediante la innovación representada por el empleo de Matrix Harris16 sobre las paredes del sótano, contribuyó a establecer que gran parte de las marcas pertenecían al período de funcionamiento del ex CCD. Al igual que en otros casos (D’Ottavio, 2017; Olmos, 2019), la palabra de los/as sobrevivientes delimitó para los/as expertos/as intervinientes aquello que podía ser tocado y lo que debía ser preservado. Con ello, el área de Arqueología produjo un mecanismo de mutua validación entre la materialidad del ex SI y los testimonios: la materialidad era (re)interpretada a través de la palabra de los/as sobrevivientes y esta era reconocida como verdadera en relación a la materialidad. A su vez, esta validación mutua era traducida por el saber arqueológico, desde una interpretación que apuntaba a legitimar la mirada experta ante la comunidad académica, pero también las memorias de los/as sobrevivientes frente a la comisión. Desde esta intervención experta, las marcas materiales fueron la base para marcar en términos memoriales al ex SI.

A la par de este trabajo, los organismos integrantes de la comisión, como los/as actores/as más legitimados/as (Jelin, 2010), requirieron evaluar los avances de la investigación en cada reunión del Centro Popular, a las que asistía la coordinadora del equipo o alguno/a de sus integrantes. En estas reuniones, las bajadas comenzaron a ser cuestionadas por buena parte de los organismos, considerando que incentivaban el dolor y malestar en los/as visitantes por abordar las experiencias de detención,17 pese a que el equipo había logrado, mediante el trabajo con sobrevivientes, reconstruir la función de cada habitación del ex CCD, relevar y datar diversas inscripciones en su interior e historizar su funcionamiento durante la última dictadura. Pero este cuestionamiento tenía como base la relativa autonomía que el equipo y los/as sobrevivientes habían ganado respecto de la demanda inicial de la comisión, así como la repercusión que obtuvieron las bajadas, incluyendo su emisión televisiva en el programa “Ser urbano”, de la que no participaron los organismos. La articulación entre la comisión y el equipo, que se había fortalecido ante la presencia policial en el resto del edificio durante la recuperación, exhibió su resquebrajamiento. Los organismos consideraron que el equipo había faltado a su compromiso con la causa, por lo que se decidió apartarlos/as, con la interrupción de la investigación en el lugar desde fines del año 2003.18 El Centro Popular continuó siendo gestionado por la comisión hasta el vencimiento del convenio, con mayor presencia de la organización Familiares y articulaciones específicas con la Secretaría provincial de DD. HH. para la realización de visitas guiadas desde 2006.

De centro popular a espacio de memoria (2012-2015)

El segundo momento delimitado se desarrolla en un escenario muy diferente, más de una década después de esta primera instancia. El edificio, que en aquel entonces albergaba la Jefatura policial, desde el año 2005 se transformó en la sede del gobierno provincial en Rosario. Asimismo, como parte de políticas de memoria desplegadas por el Estado nacional entre 2003 y 2015 (Da Silva Catela, 2014), en 2009 habían comenzado los juicios orales por delitos de lesa humanidad en la ciudad y ya existían en varias ciudades del país numerosas experiencias de recuperación e institucionalización de ex CCD. En este contexto, luego de que el comodato del Centro Popular venciera en el año 2012, el gobierno del socialista Antonio Bonfatti (2011-2015) decidió no renovar el convenio con los organismos e iniciar la gestión estatal del ex SI.

Fue a finales del año 2012 cuando comenzó a gestarse el proyecto de construcción del Espacio de Memoria ex CCD Servicio de Informaciones, a partir de la iniciativa de dos funcionarias en posiciones híbridas, que eran cercanas o, incluso, parte de los organismos. El peligro de derrumbe que representaría la entonces situación edilicia del ex CCD –que había contado con muy poco mantenimiento dada la inexistencia de presupuesto asignado– fue el argumento central para esta intervención,19 que culminó con la inauguración del Espacio de Memoria en septiembre de 2015. Tras convocar a varios/as arquitectos/as –algunos/as, parte de la planta estatal–, que rechazaron intervenir en el ex CCD alegando motivos varios, una de las funcionarias, militante de H.I.J.O.S. Rosario y abogada en los juicios por delitos de lesa humanidad, propuso convocar a una arquitecta que se había desempeñado en estos como perito especialista. A pedido del poder judicial, la arquitecta había realizado –junto con un equipo de la Facultad de Arquitectura de la UNR donde dictaba clases– una serie de relevamientos detallados y maquetas, no solo del ex SI sino también de otros CCD del departamento Rosario.20 Si coincidimos en que el derecho se constituye en la “forma por excelencia del discurso legítimo” (Bourdieu, 2000:206), la arquitecta se presentaba, de esta manera, como portadora de un saber experto que, a diferencia de lo sucedido con el equipo de investigación, había sido autorizado jurídicamente para intervenir en el lugar.

Aunque la autorización judicial existía, fue necesario contar con la legitimación política de los/as actores/as involucrados/as; legitimación que nunca está dada de antemano, sino que requiere de permanente construcción (D’Ottavio, 2020). Así, si bien la arquitecta había ingresado a la intervención a través de una compañera y con la legitimidad jurídica para hacerlo, se reunió con diversos/as actores/as vinculados/as al devenir del ex CCD tras su recuperación. En su mayoría, se trataba de militantes de organismos y sobrevivientes, pero también fue consultada la coordinadora del equipo de investigación.21 A través de numerosas reuniones, la arquitecta les presentó un proyecto preliminar para el ex SI, con la intención de construir una propuesta que fuera aceptada por la mayoría de los/as actores/as involucrados/as, a fin de evitar conflictos posteriores. De este modo, aunque contaba con cierta acreditación previa, la arquitecta debió legitimar políticamente su saber experto ante la militancia en DD. HH., dando cuenta del compromiso que mantenía con la causa (Cinto, 2021a).

Asimismo, la arquitecta solicitó el asesoramiento de dos de los/as integrantes del área de Arqueología del equipo de investigación reconociendo, de alguna manera, el valor de sus intervenciones previas, deslegitimadas por los organismos. Junto con un fotógrafo oficial y la arquitecta, los/as arqueólogos/as recorrieron el ex SI, señalando y explicando cada uno de los hallazgos de aquel relevamiento realizado entre 2002 y 2003, es decir, las diversas marcas e inscripciones en paredes y suelo, que entonces se definieron como límites para la intervención arquitectónica, pero que luego no serían completamente considerados.22 Con todo, esta consulta se posicionaba como la primera vez que integrantes del equipo eran legitimados/as para intervenir in situ en la elaboración de políticas para el ex SI desde la expulsión. Aún más, su convocatoria en calidad de expertos/as les reconocía un saber sobre el lugar que trazaba cierta continuidad entre el proyecto actual y el momento de la recuperación.

Conjugando la intervención experta con la legitimación militante, la obra comenzó con un particular acto en el interior del CCD, presentado como demolición colectiva, cubierto por la prensa local, del que participaron sobrevivientes, funcionarios/as e integrantes de organismos (Figura 7).23 Presentado como el inicio oficial de la obra, en el acto los/as presentes rompieron por turnos, mediante una masa y un cortafierros, una puerta que había sido tapiada en el interior del ex CCD, que conectaba la oficina de uno de los represores con la sala de torturas según las declaraciones judiciales de varios/as sobrevivientes (Figura 8). Esta intervención se presentaba no solo como un modo de (re)marcación material del espacio físico, sino principalmente memorial: la rotura de la pared cobró un valor conmemorativo hacia desaparecidos/as y asesinados/as, y reparatorio para los/as sobrevivientes y familiares, al tiempo que reivindicaba esta acción como forma de contrarrestar las modificaciones efectuadas por la policía. Asimismo, mientras se desarrolló la obra, una vez por semana se invitaba a los/as actores/as involucrados/as e interesados/as a observar los avances y ofrecer su opinión.24 En este sentido, algunas intervenciones no planeadas originalmente se fueron construyendo en estos intercambios.

Figura 7. (A la izq.) Sobreviviente en el acto de inicio de la obra. Fuente: fotograma del primer video de la muestra “La materia de la memoria”. Figura 8. (A la der.) Puerta abierta tras la intervención. Fuente: relevamiento personal (20/01/2016).

Las modificaciones realizadas abarcaron, entre otras, la demolición de la mitad de un entrepiso construido entre 1976 y 1982 para transformar el ex CCD (Figura 9), o la remodelación de un sector del entrepiso no demolido para instalar las oficinas del Archivo audiovisual de juicios de lesa humanidad, inaugurado simultáneamente junto al Espacio de Memoria (Figura 10). Demoler y remodelar son acciones que guardan un peso particular en cuanto al tratamiento de la materialidad de los ex CCD en nuestro país. En particular, producto de intervenciones perpetradas para ocultar su funcionamiento clandestino o de decisiones que propiciaban políticas de reconciliación, la transformación radical de estos espacios físicos quedó directamente asociada al ocultamiento de pruebas o, en términos generales, a la impunidad de los crímenes perpetrados.25 En tal sentido, la demolición de buena parte del entrepiso fue duramente cuestionada por el equipo de investigación y los/as sobrevivientes que trabajaron con él bajo los criterios de preservación establecidos en el primer momento. En contraposición, desde el saber arquitectónico, esta intervención era concebida como una manera de “desocultar la impunidad”. Es decir, estaba justificada técnicamente por el peso del demolido entrepiso sobre la estructura original, pero, fundamentalmente, porque permitía reponer la altura de las habitaciones del CCD tal como había sido testificada por los/as sobrevivientes. Efectivamente, sus testimonios, esta vez probados judicialmente, fueron la base para delimitar la intervención, tal como ha sucedido en otros ex CCD en el país (D’Ottavio, 2017; Olmos, 2019; Tello y Fessia, 2019, entre otros). A tono con ello, en cuanto a la remodelación del sector donde funciona actualmente el archivo, se argumentó que ningún testimonio judicial había referido a ese sector como parte del CCD, al menos hasta ese momento.26

Figura 9. (A la izq.) Marcas de la demolición de parte del entrepiso y colocación de baranda vidriada. Fuente: relevamiento personal (25/07/2018). Figura 10. (A la der.) Habitación remodelada en el entrepiso conservado, donde funciona el Archivo audiovisual. Fuente: relevamiento personal (25/07/2018).

A su vez, se desplegó una narrativa27 que sostiene, desde cierta lógica refundacional, una nueva recuperación, no solo edilicia ante el peligro de derrumbe, sino también política, en busca de reinscribir al ex SI como parte del Estado y universalizar su alcance, más allá del abordaje particular de los organismos. A través de diferentes soportes, como atriles metálicos con paneles escritos distribuidos en cada habitación o la instalación de televisores y ploteados en vidrios y paredes, esta narrativa fue pensada y llevada adelante bajo la coordinación de las dos funcionarias provinciales mencionadas, con la participación de la arquitecta, integrantes de H.I.J.O.S. y trabajadoras de la Secretaría provincial de DD. HH. cercanas a los organismos. Así, en el actual Espacio de Memoria encontramos la explicación de cada habitación desde la intervención de dos saberes: el jurídico y el arquitectónico, que se legitiman mutuamente (Cinto, 2019). Mientras este último da cuenta de las modificaciones realizadas, se presentan a continuación extractos de declaraciones de sobrevivientes en el marco de la causa Feced,28 que terminan de representar el espacio físico mediante sus experiencias de detención clandestina.

Los fragmentos se caracterizan por su anonimato. No hay nombres, ni adscripciones políticas de los/as autores/as de cada testimonio, a diferencia de las memorias de la política enunciadas por los/as propios/as sobrevivientes durante el primer momento analizado. De acuerdo a quienes participaron de su conformación, el criterio que orientó esta decisión fue evitar posibles conflictos entre quienes eran citados/as y quienes no. Aunque podemos entender que se trató de una apuesta por construir un “testimonio coral” (Feld, 2012:353), la anonimización produce el efecto de homogeneizar a sobrevivientes, desaparecidos/as y asesinados/as, universalizándolos/as como víctimas desde una narrativa estatal. Frente a ello, los únicos nombres propios que se encuentran son los de los jueces que integraron el tribunal en las causas Feced I y II, de los represores condenados, y el de la arquitecta a cargo de la obra. Leemos, así, la preeminencia del derecho como discurso ordenador en el ex SI, interpretable desde la centralidad que el paradigma jurídico ha tenido como marco de intervención y representación de la última dictadura (Vezzetti, 2012; Crenzel, 2017). Paradigma que ha tenido fuerte presencia en la militancia de los organismos y, particularmente, en H.I.J.O.S. Rosario con su activa participación en los juicios por delitos de lesa humanidad desde su reapertura (Cinto, 2021b). La existencia de un Archivo audiovisual de juicios de lesa humanidad en el interior del Espacio de Memoria puede ser inscripta también en esta lógica.

Parte de los aportes antropológico-arqueológicos del equipo fueron incorporados durante la obra arquitectónica en el CCD, mediante la convocatoria a dos de sus integrantes que mencionamos previamente. Por ejemplo, la preservación de determinadas inscripciones en el sótano y su señalamiento durante las visitas guiadas, o la reconstrucción de las modificaciones producidas con posterioridad al funcionamiento como CCD. No obstante, el equipo de investigación, deslegitimado frente a los organismos luego de su apartamiento en 2003, no es mencionado en la nueva narrativa. Por su parte, las actuales visitas guiadas o recorridos mantienen el mismo formato que las bajadas del equipo de investigación: se explica el ex CCD habitación por habitación a partir de los testimonios de sobrevivientes que, incluso, han participado en ocasiones específicas. En algunos momentos, la guía incluye elementos que permiten historizar el proceso político en el que se inscribió el ex SI, de otra manera ausentes, pero ello se debe más a su propia trayectoria, en tanto ex presa política, que a una política estatal claramente delimitada al respecto. En sintonía con el contenido del resto de los soportes instalados en el año 2015, se añadieron al recorrido explicaciones acerca de las modificaciones arquitectónicas. Pese a las notables similitudes con las bajadas, no hay alusión alguna al antecedente que significaron en la reconstrucción del funcionamiento del ex CCD. De este modo, la magnitud de las disputas suscitadas durante la primera instancia que abordamos ocluyó a determinados/as actores/as a nivel narrativo, pero no logró anular completamente sus aportes en términos de saberes válidos.

Reflexiones finales

Leídas como marcaciones memoriales, las diferentes intervenciones desarrolladas desde saberes expertos, legitimadas o no por la militancia, contribuyeron a investir significativamente al ex SI como lugar de memoria. Dada la centralidad que adquirió en la elaboración del pasado reciente en Argentina y como discurso estatal por excelencia, el saber jurídico se constituyó progresivamente como el eje ordenador del resto de las intervenciones expertas en el ex SI. En el primer momento, aunque los testimonios judiciales sirvieron de base para orientar la investigación en el ex SI e incorporar a los/as sobrevivientes y sus memorias militantes, las políticas de la memoria estuvieron guiadas por el saber arqueológico-antropológico del equipo. Tras su deslegitimación, durante el segundo momento, el saber jurídico cobró preeminencia con la presencia creciente del Estado en la gestión del lugar. En cuanto a la intervención arquitectónica, los testimonios judiciales no solo fueron la fundamentación esgrimida para preservar algunos sectores o para demoler y remodelar otros, sino también la base de la representación memorial. En coyunturas completamente diferentes que posibilitaron u obturaron determinadas políticas de la memoria en torno al ex CCD, tanto el equipo de investigación como la arquitecta tomaron como punto de partida para organizar sus intervenciones expertas lo que ya había sido legitimado por el saber jurídico. Pero, mientras este fue desbordado y cuestionado en el primer momento, en el segundo las intervenciones se ajustaron a lo jurídicamente establecido.

Lejos de considerar que existe un vínculo directo entre estos espacios físicos y la competencia de determinadas experticias, el modo en que un saber experto puede intervenir en la construcción de políticas de la memoria en un ex CCD no está determinado por la validez o utilidad per se de ese saber. Por el contrario, entendemos que este modo se funda en la legitimidad que esos/as expertos/as sean capaces de construir en la correlación de fuerzas entre los/as actores/as involucrados/as, donde la militancia en DD. HH. ocupa un lugar central. Para el caso analizado, debido a los conflictos suscitados durante el primer momento y la asociación directa entre la disciplina y los/as actores/as que la encarnaban, la experticia arqueológica-antropológica quedó posicionada de manera subsidiaria en la construcción de políticas de la memoria para el ex SI. En efecto, algunas de sus contribuciones permanecen invisibilizadas como tales en el actual Espacio de Memoria, mientras otras fueron traducidas y puestas en valor por los saberes legitimados en el segundo momento: el Derecho como discurso hegemónico y, en línea como este, la Arquitectura. Por su parte, la intervención arquitectónica logró desarrollar una acción que resulta inconcebible en la mayoría de los ex CCD recuperados: una demolición. Ello podría contribuir a desacoplar la asociación analítica que frecuentemente se establece entre el valor probatorio de estos espacios físicos y su preservación material, pues el modo en que podrán intervenir los saberes expertos es producto de un trabajo memorial y político, y no de una relación de necesariedad preexistente. Para nuestro caso, aún con medio entrepiso demolido, el ex SI continúa siendo objeto de investigaciones judiciales.

En la intersección configurada entre los saberes militantes y expertos se han disputado, definido y puesto en marcha diferentes políticas de la memoria para el ex CCD SI en cada momento analizado, desde un amplio entramado compuesto por actores/as legitimados/as o no, sus prácticas y narrativas. Si bien esta trama requiere ser analizada en la particularidad de cada caso, es posible afirmar que la mayor o menor incidencia de determinados/as expertos/as en las políticas de la memoria desarrolladas en los ex CCD recuperados no solo se vincula con la posición que ocupan sus saberes como socialmente válidos. Y ello porque los lugares de memoria no son un ámbito más de intervención profesional, sino que se constituyen como escenarios públicos –materiales y simbólicos– donde permanecen vigentes y en pugna diferentes sentidos en torno al pasado, pero también al presente y al futuro. Por lo tanto, la posibilidad de intervenir y las políticas posibles en estos lugares guardan relación con la capacidad que posean los/as expertos/as para legitimarse y legitimar sus intervenciones, en pos de demostrar el efectivo compromiso que sostienen con la causa de los derechos humanos. Un compromiso que no se establece de una vez y para siempre, sino que requiere ser permanentemente construido y refrendado.

Una versión previa de este texto fue presentada como ponencia en el 12º Congreso Argentino de Antropología Social. Agradezco los valiosos comentarios brindados a dicha versión a los/as colegas del GT 26 Políticas y espacios de la memoria: tramas institucionales, saberes y militancias en torno al pasado reciente y del Grupo Lugares, marcas y territorios de la memoria. Asimismo, agradezco las detalladas evaluaciones anónimas recibidas, que también contribuyeron a enriquecer este escrito.

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Agustina Cinto / cintoagustina@gmail.com

Licenciada y Profesora en Antropología (Universidad Nacional de Rosario) y Doctoranda en Antropología (Universidad de Buenos Aires). Becaria doctoral en el Centro de Estudios Sociales-Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas/Instituto de Desarrollo Económico y Social-Universidad Nacional de Tres de Febrero. Integrante del Núcleo de Estudios sobre Memoria y el Grupo Lugares, marcas y territorios de la memoria. Jefa de Trabajos Prácticos en la Universidad Nacional de Rosario.

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