Introducción

En los últimos años, el sector de la agricultura familiar (AF) adquirió una gran visibilidad en la agenda pública. A fines de 2015, desde el gobierno nacional de turno, se incorporan reformas en el aparato estatal que modifican la estructura y organización general de los ministerios y que ponen en tensión la continuidad de las acciones de desarrollo rural y AF planteadas en las décadas anteriores (Nogueira, Urcola y Lattuada, 2017). Ese contexto generó un escenario de gran conflictividad social que involucró a diversas organizaciones políticas y gremiales del sector rural, que otorga visibilidad al modo en que la profundización del modelo productivo agroindustrial y extractivista afecta las condiciones de vida y de trabajo de miles de pequeños productores locales y de las denominadas economías regionales. En este marco, abordaremos la experiencia de organización colectiva de productores hortícolas agrupados en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), inserto en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Las particularidades de la rama rural sitúan la demanda de la CTEP¹ por “Tierra, Techo y Trabajo” y por el acceso a derechos plenos a la vez que reivindican que los/las pequeños/as productores/as y campesinos/as² cultivan el 80% de los alimentos que se consumen cotidianamente en las grandes ciudades. Desde el MTE se articula la categoría de “economía popular” con la de AF, lo que muestra las formas que adquiere el trabajo con la tierra, bajo denominaciones como “informales”, “precarios”, “externalizados” o categorizados como trabajos “de subsistencia”. Esta categoría reivindicativa viene a tensionar los debates en torno a la economía social solidaria (ESS), noción que en las últimas décadas en Argentina y América Latina nuclea diversas experiencias asociativas y respuestas de los trabajadores frente a los efectos originados por la crisis de la sociedad salarial, el crecimiento del desempleo y la pobreza. No es objeto de este escrito reponer la vasta literatura sobre la temática, pero es necesario mencionar que los principales ejes de discusión se centraron en el carácter alternativo de esas experiencias, al proponer a la ESS como racionalidad diferente (Coraggio, 2007); así como la imposibilidad de que la expansión de esta otra economía -desarrollada en los márgenes del sistema- pueda alterar sustancialmente la esencia de la lógica del sistema productor de mercancías y de valorización del capital (Trinchero, 2007). Por último, recuperamos líneas de análisis que ponen el foco en el carácter heterogéneo, contingente y ambiguo de esos modos de vida, los cuales proyectan una nueva racionalidad y afectividad colectiva (Gago, 2014).

Particularmente en este escrito, nos interrogamos por cómo la profundización del desempleo, la subocupación y la precarización de las condiciones de vida del sector de la población bajo estudio -en el marco del capitalismo contemporáneo- configuran experiencias de vida que involucran a sujetos y colectivos. En tal sentido, nos proponemos dialogar con abordajes que han puesto el foco en las problemáticas del mundo del trabajo recuperando la noción de precariedad, para dar cuenta de otras dimensiones que exceden al ámbito estrictamente laboral y productivo o de las formas que adquiere el empleo seguro o inestable. De este modo, se sugirió concebirla como una categoría política para referir cómo el capital penetra la vida más allá del trabajo (Barchiesi, 2012). Según señalan Neilson y Rossiter (2009) -haciendo referencia a luchas sociales desplegadas en el norte global-, pensar en la precariedad como una cuestión política o conflicto sobre los resultados materiales y simbólicos de las relaciones de poder implica problematizar la centralidad del trabajo y su promesa progresiva bajo el capitalismo. En definitiva, desde este enfoque, resulta necesario entender la precariedad más allá de las perspectivas economicistas que ven las condiciones sociales determinadas, exclusivamente, por el modo de producción, lo que posibilitaría una comprensión de la precariedad, como experiencia ontológica. Estudios antropológicos (Millar, 2014; Narotzki y Besnier, 2014) recuperan esta noción para analizar cómo son vividas y percibidas las condiciones flexibles del trabajo neoliberal en vastos sectores de la población y en diferentes rubros y lugares geográficos. Dichos abordajes expresan que los modos de ganarse la vida de los grupos subalternos incluyen otras dimensiones que adquieren -en ese objetivo de sostener la vida- un sentido más amplio, basado en la cooperación y en ser parte de un colectivo que le da sentido a la vida, que la hace valer la pena. Otros estudios (Das y Randeria, 2015) analizan las formas en que es experimentada la pobreza y en cómo pueden expresarse en una potencial acción política.

En Argentina, los estudios etnográficos de Fernández Álvarez (2018) y Fernández Álvarez y Señorans (2016) identificaron modos en que la experiencia de precariedad generó procesos de construcción colectiva vinculados a modalidades gremiales, en el marco de la economía popular. Dichas prácticas

Recuperando los aportes mencionados iluminamos nuestro trabajo etnográfico, atendiendo a la necesidad de analizar procesos emergentes en Argentina que obligan a (re) pensar horizontes de posibilidad para la acción política de los sectores subalternos. Focalizamos en el proceso de construcción política de pequeños productores hortícolas que son miembros de la comunidad boliviana e integran un movimiento social (MTE-CTEP) a escala nacional. Dicho proceso adquiere particularidad por la interrelación de tres núcleos clave: procesos migratorios; características del trabajo con la tierra y la modalidad político-sindical. En primer lugar, describiremos la experiencia organizativa en relación con los procesos migratorios y con las condiciones laborales y productivas del trabajo hortícola, en el marco de la profundización del modelo agroindustrial en nuestro país. En un segundo momento, abordamos las características de la organización político-sindical de la rama rural, con la intención de dar cuenta del modo en que la experiencia de precariedad posibilitó un proceso de construcción colectiva, alejado de la representatividad que ofrecen las entidades tradicionales del campo argentino. Planteamos como anticipación hipotética que la necesidad de “sostener la vida” en el marco de profundas e históricas condiciones de precariedad configuró condiciones de posibilidad para la construcción colectiva de formas organizativas gremiales que implicaron producción de política y, por tanto, la conformación de sujetos políticos.

Este trabajo se inscribe en una investigación socioantropológica más amplia iniciada en el año 2017 y actualmente en curso, en torno a procesos organizativos de productores hortícolas, en relación con políticas que promocionan el desarrollo local y la producción agroecológica en el periurbano de la ciudad de Rosario (Santa Fe).³ Al mismo tiempo, nos planteamos como desafío el desarrollo de una investigación participativa (Sirvent,1999), desde la cual la producción de conocimiento científico se articule con la práctica política. Desde este posicionamiento epistemológico y metodológico, decidí colaborar como investigadora en la conceptualización teórica-política con el movimiento. Nuestro referente empírico -desde el cual se construyó la base documental de la investigación- supuso un enfoque etnográfico (Achilli, 2005; Rockwell, 2009) que incluyó observaciones participantes, comunicaciones personales y entrevistas en profundidad a diversos actores. Entre ellos, productores hortícolas de tres localidades del área periurbana, militantes y dirigentes del MTE, y trabajadores y funcionarios estatales-referentes de políticas públicas orientadas a la AF (a nivel local, provincial y nacional) ejecutadas en dicho territorio. Asimismo, reconstruimos diversas situaciones etnográficas en las que estos actores interaccionan: espacios laborales (quintas productivas y ferias), asambleas, manifestaciones y actividades de formación del movimiento de alcance nacional. Esta información es complementada y triangulada a partir del relevamiento de documentos gubernamentales, del movimiento, y artículos periodísticos como fuentes de archivo.

Prácticas colectivas en movimiento: migración y trabajo

“Si unimos más compañeros, vamos a conseguir más cosas” (productora hortícola, observación participante, diciembre 2017). Estas fueron las palabras de Juana hacia el grupo en la última asamblea del año, luego de un largo debate entre productores hortícolas del MTE.⁴ Desde mis primeras visitas al “campo”, pude ir reconstruyendo cómo Juana devino, en ese hacer de política colectiva y cotidiana, en una de las referentes del movimiento. Ese día, luego de compartir un almuerzo, cada uno de los presentes expresó, a modo de balance, las expectativas que tenían del proceso organizativo y de lucha colectiva. Relatos sobre experiencias colectivas, movilizaciones, viajes y espacios de formación impregnaban la reunión. El grupo se había conformado meses atrás, cuando confluyeron en un proceso de demandas al gobierno provincial, en busca de respuestas por las prolongadas inundaciones que habían arruinado la totalidad de la cosecha y habían dejado en bancarrota a las familias, y que mostró cómo la inestabilidad en la producción y la ausencia de políticas públicas perjudica al sector de la agricultura familiar. En ese contexto es que un grupo de productores se vinculan con el movimiento:

A continuación abordaremos los modos en que la organización del colectivo se encarna en experiencias de precariedad. El foco estará puesto en la articulación entre la dimensión migratoria y las condiciones laborales y productivas del trabajo hortícola. La conflictividad por la que atraviesa actualmente el sector de la agricultura familiar (AF) se inscribe en las consecuencias que trajo la profundización del modelo agroexportador como engranaje del modo de acumulación en el capitalismo contemporáneo. Estos procesos inciden fundamentalmente sobre la exclusión social en el medio rural y afectan a la mayoría de los trabajadores (Giaracca y Teubal, 2006). El avance de la frontera agropecuaria, la expansión del monocultivo -fundamentalmente de soja-, entre otros procesos, trajeron como consecuencia que la producción en los cinturones hortícolas argentinos hayan ido disminuyendo y las condiciones de trabajo hayan empeorado (Benencia, 2017).

“Paisanos” en Argentina: procesos migratorios en la producción hortícola

Los productores hortícolas son mayoritariamente migrantes de la ciudad de Tarija (sur de Bolivia) y se instalaron en las zonas rurales de las localidades que rodean la ciudad de Rosario. A partir de modalidades de trabajo construidas por redes familiares y vecinales, se producen flujos migratorios permanentes entre los dos países y en diversos periodos históricos. Identificamos también traslados locales al interior del área periurbana de Rosario y migraciones internas desde y hacia otras provincias del país. En el transcurso del trabajo de campo, este “ir y venir” permanente nos permitió construir como núcleo clave la migración vinculada al trabajo y la política. En este sentido, es frecuente observar ausencias en las asambleas del movimiento debido a traslados y/o viajes al país de origen, fundamentadas con expresiones como: “Benito faltó porque fue a Bolivia a visitar sus parientes”; “me tuve que ir a hacer trámites para no perder mi casa allá en Tarija”; “mi papa está viejito, tuve que ir a verlo” (productores hortícolas, observación participante, mayo-diciembre de 2017). En general, los productores no cuentan con recursos suficientes para trasladarse, por lo tanto, el sostenimiento de las redes familiares y los lazos de amistad y vecinales son centrales para garantizar la movilidad, transportar encomiendas y así mediar las distancias geográficas. En algunos casos, las redes de parentesco, la familia se constituye en el vector para el acercamiento a la política, ya que muchos relatan tener parientes que “son del movimiento” en otras localidades y provincias y son situaciones que generan confianza y cercanía.

Por otro lado, observamos la fuerte presencia en actividades políticas del movimiento de elementos identificados como propios de los “paisanos”, los “chapacos”, tales como la organización de festejos tradicionales, prácticas de danza, música y la elaboración de comidas típicas. Estas situaciones remiten a los modos en que la experiencia política se inscribe en la organización del campo de lo sensible, y empujan el entendimiento de la vida política más allá de los dictados del comportamiento racional, para poner en juego la operatoria de símbolos, imágenes, tecnologías y corporalidades (Abélès y Badaró, 2015 en Manzano, 2015). Asimismo, es notable la presencia del consulado de Bolivia en actividades y eventos del movimiento, así como la articulación que construye con la organización de productores para garantizar derechos para los migrantes; nos referimos a los trámites para legalizar la residencia (en algunos casos, estos productores se encuentran indocumentados por varios años, lo cual profundiza su vulnerabilidad), campañas de empadronamiento de residentes y gestiones para la construcción de demandas específicas. Como sostienen los estudios de Serafino (2014), Feito (2016) y Benencia (2017), es a partir de mediados del siglo XX que la migración se constituye en una característica común de la horticultura de los llamados cinturones verdes de las grandes ciudades de Argentina. Fundamentalmente, durante las últimas décadas se profundizaron las transformaciones en la composición de las migraciones -es decir, una mayor proporción de latinoamericanos respecto de los inmigrantes de otros países, sobre todo europeos- y las reformas económicas y políticas estructurales hicieron más visibles la diversidad cultural y la desigualdad social. Asimismo, estas líneas de investigación denominan estos procesos como la “bolivianización de la horticultura argentina” o como “economías étnicas”, colocando el foco en cómo estos sujetos forjan y sostienen relaciones sociales, económicas y políticas multilineales, por medio de su actividad cotidiana, que vinculan de manera material y simbólica a sus sociedades de origen con las de asentamiento.

El enfoque etnográfico nos posibilitó explorar la construcción de sentidos de los productores que se reconocen como parte de la comunidad boliviana en Argentina, la cual cobra una peculiar mixtura en relación con formas de hacer política en cada lugar (Massey, 2012) que muestra diversas trayectorias de vida y tradiciones asociativas. Juana, es “paisana”. Migró junto con su familia desde Tarija (sur de Bolivia) y se instaló en una de las localidades que conforman el periurbano de la ciudad de Rosario en el año 2007. Actualmente, su hija mayor vive en Orán (Salta) con otros familiares, donde también desarrolla la agricultura. Juana, apenas llegada a la comuna, se insertó como peona en un campo, y luego de muchos años logró arrendar un terreno de 4 ha y una casa -antiguo casco de campo-. A lo largo del tiempo, los miembros del hogar iban rotando entre parientes que “vinieron de allá a trabajar una temporada” y/o conocidos que, hasta encontrar una residencia estable, vivían en su casa y compartían la unidad doméstica y productiva. Cabe destacar que los miembros que se suman al hogar comparten las tareas del trabajo y en general son considerados peones o “dieros”, actividades que incluyen: siembra, cosecha y posterior venta de la producción. En sus relatos sobre su vida en Bolivia aparecen trayectorias vinculadas a procesos organizativos:

Trayectorias que emergen en esa producción de la política en el cotidiano, en modos de hacer del colectivo: “la lucha es lo que… se consigue con lucha, si no… ahora espero que el tema de la tierra que acá /en Argentina/ nadie tiene, espero se junte la gente y luche por un bien común” (Juana, entrevista, febrero, 2018).

Por su parte, Clarisa llegó a la comuna cuando tenía 15 años junto con su hermana, mayor que ella. Luego de volver a Tarija por un tiempo, al cumplir la mayoría de edad decidió regresar junto con su pareja actual y asentarse. Los dos iniciaron sus actividades productivas como peonas, y hace cuatro años que accedieron a un arrendamiento de 4 ha, hecho que es considerado un deseo cumplido, pues proyecta la posibilidad futura de poder adquirir una tierra propia. Allí trabajan junto con otros familiares, entre quienes se dividen las parcelas de trabajo. Una vez al año viajan a visitar a sus parientes. Clarisa es actualmente delegada del grupo y tiene la responsabilidad de llevar actas y gestionar las asistencias en las asambleas y plenarios. Señala que se sumó al MTE: “porque quiero aprender; igual me falta, pero que ya aprendí mucho sobre organización” (Clarisa, entrevista, febrero, 2019).

En los relatos de cada una de ellas aparecen representaciones sobre el trabajo que conforma los modos en que se concibe la acción gremial: “¿Sabes qué pasa?, que la gente de Bolivia es más seria, sabe trabajar, y hay otros que no, por eso no se puede incluir a cualquiera en el grupo, tenemos que ser más solidarios y unidos” (Clarisa, comunicación personal, julio, 2018).

En primer lugar, los fragmentos recuperados de nuestro trabajo de campo nos permiten analizar que el “ir y venir” (trabajar por temporadas, volver a Bolivia, regresar por intermedio de redes familiares) son formas que pueden ser entendidas como estrategias de subsistencia frente a la precariedad laboral. Pero también, muestran los modos en que se encarnan en la vida cotidiana las dimensiones -materiales, simbólicas y afectivas- vinculadas a la procedencia de los productores.

Sembrar, carpir y cosechar: el trabajo con la tierra

El trabajo de sol a sol, como es recurrente que sea denominado por los productores, es caracterizado por ser “forzoso, duro y cansador”. Sin embargo, como señalamos en otro escrito, el trabajo con la tierra condensa otras dimensiones percibidas como positivas y jerarquizadas frente a otro tipo de trabajo, debido a que la producción está vinculada a los ciclos de la vida en la naturaleza y a la producción de alimentos (Lilli, 2015).

Los “quinteros” -forma en que se autodenominan- producen de modo intensivo verduras y hortalizas diversificadas y de estación (acelga, remolachas, zapallitos, lechuga y cebolla de verdeo, berenjena). Las quintas son unidades de producción familiar, por lo tanto, son consideradas -desde las políticas públicas- parte de la agricultura familiar,⁵ ya que es un tipo de producción en que la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. La familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado (Landini, Lacanna y Murtagh, 2013). Este tipo de producción es característica de los llamados cinturones verdes-hortícolas que rodean las grandes ciudades. Las modalidades laborales que predominan en estas explotaciones se clasifican en: arrendamiento, mediería y la modalidad “por tanto” o por día. En tal sentido, la relación de los productores con la tierra es diferente en cada caso; en general, los arrendatarios o medieros son productores que, luego de varios años, lograron obtener la residencia y alquilar un terreno que abarca entre 2 y 4 hectáreas. La mediería generalmente ha sido definida como una relación contractual en la que los sujetos intervinientes realizan diferentes aportes de tierra, capital y trabajo con el propósito de llevar a cabo una determinada producción, cuyo resultado se distribuye entre las partes según el tipo de acuerdo establecido (Benencia, 2017). En otros casos, aún perdura la forma por tanto o de peón; es decir, el productor establece una relación de empleado con el propietario o arrendatario del terreno; identificamos situaciones en las que los propietarios “ayudan” o retribuyen más dinero del acordado en función de cómo haya sido la cosecha o del vínculo de confianza que se establece entre ellos. Cabe destacar que, en general, no existen contratos laborales formales ni la figura de un salario estipulado que legalice y ordene el tiempo de trabajo.

En la actualidad, y en función de las condiciones del mercado de commodities, los gastos que deben enfrentar -el alquiler del terreno de producción y de vivienda, los servicios e impuestos- han aumentado significativamente. Las viviendas son antiguas casas de campo localizadas en el mismo espacio productivo que se encuentran en condiciones precarias y con poca infraestructura y en las que habitan familias de entre cuatro y cinco integrantes. Los ingresos a estos predios se dan por calles de tierra, lo que en épocas de grandes lluvias e inundaciones provoca la incomunicación con el pueblo y la salida a la ruta; la distancia hacia esas salidas varía entre las 10 y las 15 cuadras. Asimismo, no todos cuentan con movilidad propia, lo que afecta aún más el traslado, que en estos casos, en general, se realiza en bicicleta.

Con respecto a la organización del trabajo, las jornadas laborales comienzan alrededor de las 6 de la mañana (en verano se adelantan para no sufrir las altas temperaturas), se realiza un corte al mediodía y luego se retoman las actividades, hasta alcanzado el anochecer (en invierno se corta antes, por las bajas temperaturas y heladas). Estas jornadas se establecen en función de las condiciones climáticas y, por tanto, la organización del tiempo y del descanso de trabajo dependen de factores externos; en palabras de los productores: “Para nosotros no existe el descanso, ni los domingos” (Productor hortícola, observación participante, mayo de 2018).

La reestructuración de las últimas décadas en el agro implicó un abandono de la diversificación en las producciones o la preponderancia de algunas sobre otras (como fue en la década del 60/70 la producción de tomates); en tal sentido, sobresale la siembra de verduras de hoja y hortalizas como remolacha, zapallitos y berenjenas. Las modalidades implementadas por los propios productores son clasificadas por ellos como el “modelo convencional” en contraposición a la “transición hacia la agroecología”.⁶ El primero se caracteriza por la utilización -en algunos casos, indiscriminada- de pesticidas y agroquímicos que permiten aumentar y salvar la producción frente a plagas y condiciones climáticas desfavorables; de este modo, las familias productoras logran garantizar una producción sostenible en el tiempo. Es necesario destacar que el modo convencional remite a formas de hacer y a saberes heredados; en los últimos años se han puesto en agenda pública las problemáticas vinculadas a la salud de las poblaciones y al ambiente frente al uso de productos químicos por sus altos grados de toxicidad. En este contexto, la transición a la agroecología hace referencia a un proceso productivo y organizativo de las familias productoras, que modificaron sus formas de producir y de relación con la tierra priorizando la utilización de bioinsumos y productos naturales para el uso de fertilizantes, pesticidas e insecticidas. Desde el MTE se pregona por la transición del modo productivo y se generan demandas a distintos niveles gubernamentales que garanticen políticas públicas al respecto.

Con respecto a la comercialización, predomina la venta al Mercado Central de la ciudad a través de intermediarios. Estos últimos “son los que ponen el precio, ellos que compran a culata de camión, esto es que el comisionista pasa por la quinta y nos saca entre el 30% y 40% de las ganancias” (productor hortícola, observación participante, mayo, 2018). Es decir, los precios varían según las negociaciones que puedan hacer con el comprador. Desde el movimiento se construyen modos alternativos de comercialización que priorizan el consumo responsable y precios justos, basándose en los principios del cooperativismo y en la relación directa entre productor-consumidor. De esta forma se generan mayores ingresos por venta para los productores. Esta situación es señalada por los interlocutores como una de las mayores problemáticas del sector: cuando le pregunté a Alberto cuáles eran para él las mayores problemáticas que tenían en el campo, se quedó en silencio y percibí una expresión de tristeza: “yo siento que no me dejaron nunca progresar, es el problema que tienen todos, es agachar la cabeza. Nunca tenemos una buena suma de dinero, en efectivo” (Alberto, comunicación personal, octubre de 2017).

Nos propusimos dar cuenta de cómo el trabajo con la tierra presenta características que, en el marco de procesos hegemónicos, se vuelve precario e inestable. Asimismo, las condiciones habitacionales de los productores hortícolas y las dificultades que conlleva la regularización de su situación legal y fiscal en el país muestran las múltiples formas de inseguridad de las que nos habla Millar (2014) en la descripción de la vida de los catadores de las favelas en Brasil. Formas que desestabilizan la vida diaria: riesgos de salud, condiciones temporarias de vivienda, riesgos del entorno. Su argumento central es que, paradójicamente, ese trabajo profundamente doloroso y precario al que los catadores “regresan” a pesar de conseguir empleos estables les permite luchar y enfrentar la inseguridad en otras dimensiones de sus vidas. ¿Cómo viven esas experiencias de precariedad los productores? Nuestro estudio nos anima a plantear que las expectativas en base a las cuales proyectan sus vidas estos sujetos se relacionan con el pasaje de peón (empleado) a productor o arrendatario. Esto conforma parte de sus deseos, ya que es representado como un “progreso” hacia la “autonomía” (no obedecer a un patrón). Al mismo tiempo, la confluencia en las trayectorias migrantes y laborales posibilita prácticas y respuestas colectivas en torno a la lucha por derechos laborales propios del sector identificado en la AF.

Participar y luchar: la organización político-sindical

La experiencia de la rama rural en el área periurbana de Rosario reúne a más de 100 productores que habitan en las zonas rurales de distintas localidades que rodean la ciudad. La actividad que los nuclea es el trabajo con la tierra, sin importar las modalidades que este adopte. En algunos casos, los productores devinieron en referentes de grupo, y adquirieron responsabilidades y compromisos -toma de decisiones- en torno a la organización gremial. Asimismo, forman parte del MTE los denominados militantes y colaboradores, quienes no poseen las mimas trayectorias laborales de los productores pero están vinculados a temáticas rurales y aportan desde otros saberes especializados, científicos y técnicos. Es en esa interacción que se produce política en la cotidianeidad del movimiento. A nivel nacional, la rama se conforma en el año 2015, recuperando organizaciones de base preexistentes en el cinturón hortícola de La Plata. A partir de allí se inicia un proceso organizativo de carácter gremial en diferentes regiones del país, que implicó la incorporación, a lo largo de 16 provincias, a 30.000 productores “organizados para mejorar la calidad de vida y de trabajo de quienes producen los alimentos en nuestro país” (Documento interno Rama Rural-MTE, archivo, 2017). Las reivindicaciones se sustentan en base al planteo de que los pequeños productores cultivan el 80% de los alimentos que se consumen cotidianamente en las grandes ciudades. Tal como mencionamos, la CTEP, creada en el año 2011, se institucionaliza como la herramienta gremial a nivel nacional que aglutina al MTE. En ese contexto, la economía popular se construye como categoría política y reivindicativa para reclamar por el acceso a derechos y protecciones sociales y unifica heterogéneas formas de producir y de representar el trabajo. De este modo incluye al sector de la clase trabajadora cuyos medios de producción están a su alcance -y por tanto, desde la óptica de la organización tienen la posibilidad de autoorganizarse- que, lejos de representar “otra economía”, es una expresión de la economía global de mercado con la que tiene múltiples puntos de conexión (Pérsico y Grabois, 2014). Es decir, la CTEP pone en cuestión la idea de que el trabajo asalariado sea la condición para el acceso a plenos derechos en un contexto en el que dicha modalidad de empleo es más bien una excepción y no la norma (Fernández Álvarez y Señorans, 2016). En este sentido, la creación del Consejo de la Economía Popular y la ejecución del Salario Social Complementario -transferencia de recursos que equivale al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil- puede considerarse como un hito en la lucha del sector. En sus documentos fundacionales -los cuales son elaborados por los dirigentes del MTE y retomados por cada regional- la rama fundamenta: “la construcción de una gremialidad genuina en torno a los excluidos y excluidas del campo en Argentina, donde los/as pequeños/as productores/as y los/as campesinos/as seamos protagonistas de nuestras luchas en solidaridad con otros sectores excluidos de la sociedad” (Fuente: Documento interno, Rama Rural-MTE archivo, 2017).

Uno de los interrogantes que guio nuestro trabajo de campo era ¿por qué este sector de la AF se reconoce e identifica con la economía popular? ¿Qué procesos impulsan y configuran las prácticas colectivas descriptas? Para una mejor comprensión, consideramos atender a la trama política y social que rodea al movimiento. Es decir, proponemos una mirada del movimiento social que prioriza la articulación compleja, contradictoria y hegemónica y, por ende, conflictiva de diferentes niveles y escalas contextuales. Una perspectiva de los procesos hegemónicos entendidos como procesos de lucha en los que “las maneras en que las palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones y movimientos utilizados por las poblaciones subordinadas para hablar, entender, confrontar aceptar o resistir su dominación son moldeadas por el mismo proceso de dominación” (Roseberry, 2002, p. 127). Entonces, hablar de procesos hegemónicos muestra que lo que construye hegemonía es un marco material y significativo común para vivir, hablar y actuar en órdenes sociales cauterizados por la dominación.

Manzanal (2017) señala que, históricamente, en Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no se encuentran movimientos sociales fuertes y críticos en el ámbito rural, es decir, con una tradición de lucha campesinista. Sin embargo, no se pueden soslayar diferentes expresiones del ámbito rural como fueron las Ligas Agrarias en la década del setenta en el norte de la provincia de Santa Fe y en la región nordeste del país, así como la emergencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero durante las décadas siguientes, que constituyen tradiciones de lucha colectiva que expresan diversos modos y capacidad de disputa, según los territorios de inserción. A principios de siglo, diferentes estudios enfatizaron el rol de movimientos agro-rurales y acciones colectivas en relación con luchas socioambientales en Argentina y América Latina.⁷ En este sentido, el giro ecoterritorial las caracteriza como la convergencia entre la matriz indígena-comunitaria, un lenguaje acerca de la territorialidad y un discurso ambientalista. Desde estos enfoques, lo más novedoso es la articulación entre diferentes actores y la multiescalaridad de estos procesos, entendiéndolos como la construcción de marcos comunes que a la vez funcionan como productores de subjetividades colectivas (Svampa, 2015). Desde la perspectiva de la acción colectiva, otros análisis pusieron el acento en la emergencia de una “nueva ruralidad”, en el marco de las consecuencias de la instauración del agronegocio. Así analizaron diferentes movimientos de los sectores populares rurales que reivindican una función social de la tierra, al reclamar por una reforma agraria integral y por la soberanía alimentaria (Teubal, 2017).

En particular en el sur santafecino, el Grito de Alcorta (1912) es considerada como la primera rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales, que marcó la irrupción de los chacareros (mayoritariamente inmigrantes europeos) en la política nacional y dio origen a la actual Federación Agraria Argentina (FAA). Otras de las instituciones tradicionales que agrupan al sector son la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Por ello, las instituciones tradicionales en el área bajo estudio, como la FAA, guardan ciertas características que las alejan de ese tipo de reivindicaciones que cuestionan el acceso a la tierra en el marco de una reforma agraria. Aunque desde la década del noventa, estas se han visto en la necesidad de redefinir los roles institucionales en tanto estrategias y acciones, como los vínculos con el gobierno, debido a la reducción en el número de asociados, una menor participación en las actividades de su organización y un creciente cuestionamiento a la representatividad de sus dirigentes (Lattuada, 2006).

En materia de políticas públicas implementadas en el sector agropecuario, desde inicios del 2000 se reorientaron los programas de desarrollo rural con el objetivo de fortalecer la organización y representación de intereses de estos sectores rurales postergados. Se dio lugar a un desplazamiento de la tradicional referencia discursiva pampeana al chacarero y a la chacra por la de productor familiar como categoría genérica de mayor inclusión de actores (Urcola, 2017). Diferentes estudios (Urcola, 2017; Manzanal y González, 2018) señalan que la irrupción de la temática de la agricultura familiar en la agenda de las acciones estatales en Argentina no surge como consecuencia de la demanda de las organizaciones de productores, sino desde el propio Estado, y en particular desde los organismos de financiamiento internacional y de cooperación regional. Esto afirma que la institucionalidad de dicha temática durante ese período cumplió un rol vertebrador para la promoción de acciones de cooperación, confrontación o ambas a la vez entre los actores vinculados a la pequeña producción familiar. Asimismo, el denominado conflicto “campo-gobierno” ocurrido en el año 2008 incidió en las acciones que tomó el gobierno destinadas a priorizar la agricultura familiar para enfrentar a los planteos opositores vinculados a la agricultura empresarial.

A fines del año 2015, con el cambio de signo político del gobierno nacional, se introducen una serie de medidas implementadas a partir de una renovación en el Ministerio de Agroindustria, que generaron recortes presupuestarios y la eliminación de programas de ayuda y fomento para pequeños productores, así como despidos masivos a trabajadores estatales (técnicos e ingenieros agrónomos) al interior de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). En el marco de una gran conflictividad, se reconfiguran los espacios de interlocución con los diferentes niveles gubernamentales (Urcola, 2017). Al mismo tiempo, en este periodo, cobraron relevancia alianzas entre diversos sectores que forman parte de la AF, como los trabajadores estatales, organizaciones sociales-políticas e investigadores que bregan por poner en tensión las políticas públicas orientadas al sector.

Entendemos que estos procesos constituyen la trama política y social que impulsa la experiencia organizativa descripta y configuran condiciones de posibilidad para la emergencia del productor como sujeto político⁸ por fuera de las asociaciones agrarias tradicionales. En el marco de experiencias de precariedad, se reelaboran tradiciones de luchas rurales, así como lenguajes de la política pública que hoy ponen en agenda el reconocimiento de esos modos de sostener la vida en el campo.

Ahora bien, ¿cómo se articulan esos procesos en el nivel de lo cotidiano? Nuestro estudio etnográfico nos invita a reflexionar sobre la noción de precariedad desde un enfoque que permite dar cuenta de dimensiones que exceden lo productivo o laboral y que configuran construcción política y subjetividades colectivas. Como venimos argumentando, el movimiento posibilitó no solo el acceso a beneficios sociales, sino también la creación de un marco significativo común en torno a la AF en la que confluyen trayectorias migratorias y laborales. Reponemos una situación etnográfica que refuerza lo expuesto. Todos los años, en el mes de febrero, se organizan plenarios nacionales, en los que durante tres días se reúnen pequeños productores, campesinos e integrantes de comunidades originarias nucleados en la rama rural provenientes de diferentes provincias y localidades del país. Son tres días en los que se condensan experiencias de todo un año y se delinean los ejes políticos más importantes del movimiento a escala nacional. Asimismo, es el momento en que participan delegados y referentes de cada regional y se inauguran espacios sindicales, por ende, la participación es puesta como una condición fundamental e implica grandes esfuerzos colectivos para su organización. En febrero del año 2018 viajamos a La Pampa junto con el grupo de productores de Rosario; para muchos de ellos se trataba de la primera experiencia en este tipo de encuentros, así como la primera vez que salían de su localidad de origen, tal era el caso de Juana y Matilde. La posibilidad de acompañarlas y presenciar la interacción con compañeros de otras regiones nos permitió observar cómo la dimensión étnica, la migración y heterogéneas tradiciones de lucha en el trabajo con la tierra se mixturaban y reforzaban las prácticas político-sindicales en el movimiento. Así registramos la construcción de cierto lenguaje, vínculos y afectos en los que se articulaba el trabajo con la tierra.⁹ Luego del panel central, en el que se debatió la problemática por el acceso a la tierra, conversamos con Juana y Matilde, quienes estaban muy conformes y emocionadas por el nivel de la discusión entre las diferentes regionales:

Este tipo de relatos son recurrentes en las entrevistas realizadas, y de alguna manera nos interrogan por cómo la precariedad de la vida y del trabajo puede habilitar modos de sostener la vida desde lo colectivo.

A modo de cierre

Nos propusimos abordar la construcción política que lleva adelante la rama rural del Movimiento, colocando el foco de interés en cómo la precariedad de las condiciones laborales y particulares del trabajo con la tierra, en el marco de procesos hegemónicos más amplios, se relaciona con experiencias subjetivas, afectivas, que moldean formas de sostener la vida. Formas que, en el caso bajo estudio, muestran la producción de política colectiva alrededor de la economía popular articulada con la AF.

El modo en que se da esa articulación adquiere singularidad a partir de las historias y las experiencias particulares en las que el capitalismo penetra en los diferentes lugares (Millar, 2014). En tal sentido, en Argentina, identificamos diferentes procesos articulados: las transformaciones en la estructura social del modelo agroindustrial a partir de las cuales se modificó la composición de los pequeños productores que trabajan en el campo -específicamente en los cinturones hortícolas de las grandes ciudades-lo que muestra una fuerte presencia de migrantes de países limítrofes, en especial de Bolivia. Asimismo, las consecuencias del modo de producción trajeron aparejadas grandes dificultades en el sostenimiento de las pequeñas producciones, lo cual generó altos índices de vulnerabilidad e inestabilidad laboral en el tiempo. Asimismo, la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo rural en las últimas décadas desplazó la figura del “chacarero” por la del “pequeño productor”, lo cual revaloriza al sector de la AF. A partir de la asunción del gobierno de Cambiemos, a fines del año 2015, se abrió un espacio de confrontación abierta, la que cobró visibilidad pública debido a medidas restrictivas y ofensivas de parte de esa gestión hacia el sector. Acciones que han eliminado parte de los derechos conquistados en las décadas previas, pero sobre todo han puesto en debate al modelo agroalimentario que se impuso en Argentina desde fines del siglo XIX y que ha mutado con el correr del tiempo.

Consideramos que estos niveles contextuales vertebraron experiencias y trayectorias de un vasto sector que contiene a pequeños productores migrantes en la búsqueda de formas organizativas de sostener la vida. Asimismo, nos encontramos con instituciones gremiales tradicionales que no han logrado incluirlos bajo su representación, lo que deja así lugar a la economía popular como categoría política y reivindicativa (Fernández Álvarez, 2018) que aglutine al sector y genere condiciones de posibilidad para la emergencia de sujetos políticos. La consigna “nuestro trabajo es el alimento para el pueblo” condensa modos de enfrentar las condiciones de un trabajo precario, informal e inestable a partir de una experiencia que se vuelve colectiva y que se reafirma en un contexto de profundización de pérdida de derechos y bienestares. Este escenario pone sobre la mesa la construcción de horizontes posibles de parte de los sectores subalternos.