Introducción

En los últimos años, la expansión de la ciudad de Mar del Plata hacia el periurbano se incrementó notablemente debido a las dificultades de acceso al suelo y la vivienda para amplios sectores sociales (Canestraro y Zulaica, 2020). Para las poblaciones de bajos recursos -muchos de ellos/as migrantes estacionales que arriban para trabajar en el puerto, en gastronomía o en el cinturón frutihortícola (Garazi, 2020, Blanco Rodríguez, 2020)-, la búsqueda de tierras ociosas en las áreas de expansión se constituyó en una posibilidad de acceder a un lugar donde vivir.

Ahora bien, estos procesos de expansión urbana presentan constantes disputas y controversias entre vecinos/as por la posesión y control de lotes, al constituirse como posibilidades de negocio para quien puede apropiárselos (Trufó, Brescia y Píngaro Lefevre, 2017). Tal como mencionó Raúl, habitante de uno de los barrios, “lo apuñalaron porque se adueñó de un terreno”, refiriéndose al hecho que sucedió cuando su vecino Cristian fue interceptado por personas que le reclamaban la propiedad. “Acá todos se creen terratenientes” agregó, explicando la situación.

Muchas de las historias sobre peleas y conflictos entre vecinos/as en los barrios populares¹ constituidos en áreas de expansión son noticia en los medios de comunicación cuando una persona es asesinada por una transacción inmobiliaria,² o si termina en el hospital luego de recibir disparos por haberse apropiado de un terreno³ o cuando se disputan la herencia entre primos.⁴ Lo cierto es que estas situaciones advierten acerca de las complejidades barriales, las tramas políticas y delictivas, y las estrategias que las personas despliegan para acceder al suelo y preservar el lugar habitado.

En relación con ello, estudios previos han mostrado las lógicas de una urbanización excluyente (Segura, 2014) en la que la violencia se constituye como una forma de sociabilidad en los sectores populares (Isla y Miguez, 2003) y como un modo de relación entre el Estado y sus habitantes (Cravino, 2016). También señalaron la organización profundamente ambivalente del Estado en los márgenes al hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, funcionando como socio de lo que el propio Estado define como conducta criminal (Auyero y Sobering, 2021).

Tanto Auyero y Berti (2013) como Trufó et al. (2017) analizaron distintas situaciones de violencia en la Región Metropolitana de Buenos Aires a partir de la actuación del Estado. Por un lado, visibilizan su papel en la perpetuación de algo que se supone previene y que incide en la conformación de “cadenas de violencia” (Auyero y Berti, 2013). Por otro lado, mostraron que la violencia generada por distintas actividades delictivas es utilizada por agentes estatales como justificación para desalojar a familias que no están vinculadas a esas situaciones (Trufó et al., 2017). Aun así, las peleas y enfrentamientos cotidianos entre vecinos/as debido a disputas por una propiedad no han sido analizadas de manera profusa. Por ello, en este artículo reconstruimos diferentes hechos de violencia y conflictos para problematizar cómo afectan en la dinámica barrial. Lejos de ser situaciones individuales y/o puntuales, expresan prácticas de resolución del hábitat en zonas donde el Estado es desplegado en su carácter punitivo (Cravino, 2016) y ambivalente (Auyero y Sobering, 2021). ¿Cómo suceden los vínculos cotidianos? ¿Qué hay que hacer y que no se puede hacer para habitar un barrio popular? ¿Qué estrategias se despliegan para preservar la casa y/o el lote?

Los modos de regulación local del hábitat emergen como componentes clave para comprender la politicidad popular. Entendemos a la política como aquello que hace referencia a lo que es importante para las personas en un momento y lugar determinados, como noción situada y atravesada por las formas en que se constituye particularmente lo social (Borges, 2004). Para hablar de política, es necesario recalar en lo que es vital para la vida social del barrio (Borges, 2004).

Durante las últimas décadas, la pregunta por la politicidad de los sectores populares ha sido abordada desde diferentes perspectivas. En un contexto de desafiliación, aumento del desempleo e inestabilidad social en los años noventa, Merklen (2005) menciona el proceso de territorialización de la política y destaca la especialización de los sectores populares en la búsqueda estratégica por alcanzar recursos estatales. En tanto, al abordar la figura de las organizaciones que mediaban la relación Estado-sectores populares en la distribución de ayuda social, Auyero (2001) señala el carácter clientelar de esa relación constituida a partir de prestaciones y contraprestaciones reguladas por obligaciones morales. Posteriormente, otros aportes tensionaron esta idea de clientelismo, al analizar los modos de acción colectiva y protesta social desde el enfoque de las tramas políticas y cotidianas (Manzano, 2007), y al atender a lo que los actores hacían ordinariamente (Quirós, 2011). En este marco, distintas investigaciones exploraron las formas de sociabilidad generadas a partir de la articulación de esferas estatales, de la asociatividad barrial y de los partidos (Vommaro, 2016), así como también, indagaron los criterios de distribución de los programas de transferencia condicionada y los modos en que incidían en la sociabilidad local (D’Amico, 2009; Quirós, 2011). Estas investigaciones proponen trascender la dicotomía clientelismo/resistencia y avanzan en la indagación sobre los sentidos de la política en las tramas cotidianas a partir de abordajes etnográficos (Quirós, 2006; Manzano, 2007; D’Amico, 2009; Ferraudi Curto, 2014). “Mirar desde abajo” (Semán y Ferraudi Curto, 2013; Ferraudi Curto, 2014) contribuye a pensar las relaciones a partir de las negociaciones y disputas diarias que constituyen modos de hacer política. En esta dirección, en el artículo proponemos reconstruir la politicidad popular a partir de las prácticas de conservación y defensa de la casa, ante la incertidumbre e inestabilidad en su tenencia. Observar el carácter políticamente productivo de estas prácticas cotidianas (Quirós, 2014) contribuye a comprender los modos en que se establecen criterios y reglas locales que regulan el acceso al hábitat en tensión con las normativas estatales. Sostenemos que los usos de la violencia forman parte del repertorio de acciones que las personas despliegan cotidianamente para preservar la posesión de una propiedad. En este contexto, los/as habitantes configuran políticas de acceso al hábitat mediante criterios no solo monetarios sino también violentos y morales. En este sentido, esta contribución aporta una mirada sobre procesos territoriales locales y sobre el modo de producir ciudad en áreas en constante transformación y con escasos servicios e infraestructura pública. El déficit habitacional que atraviesa la ciudad se conjuga con un mercado de trabajo altamente estacional que potencia la incertidumbre habitacional de los sectores populares.

Para el abordaje de esta propuesta recuperamos notas etnográficas producidas en dos barrios. Por un lado, los datos reconstruidos forman parte del trabajo de campo realizado entre 2017 y 2020 en el marco de la elaboración de una tesis doctoral, en una área de expansión ubicada en el extremo sudeste de la ciudad. Allí, realizamos entrevistas en profundidad y semiestructuradas a residentes, y observación participante en distintos espacios comunitarios. Por su parte, durante 2020 a 2022, también asistimos de manera asidua a otro barrio ubicado en el extremo norte de la ciudad, en calidad de integrantes de una organización barrial. En el marco de ese trabajo territorial, mediado en gran parte por el confinamiento obligatorio producto de las políticas de aislamiento y distanciamiento social en el contexto de la pandemia de COVID-19, realizamos un registro de diferentes interacciones entre vecinos/as, así como también recuperamos conversaciones cotidianas relacionadas con la problemática habitacional.

Para la selección de los/as entrevistados/as, establecimos como criterios su temporalidad barrial, la participación (o no) en organizaciones barriales, el origen migratorio y el modo de acceso a la tierra. De este modo, como forma de producción de conocimiento por medio del diálogo y la interacción con otros (Peirano, 1995), sustentado a partir de una observación prolongada en territorio (Cefaï, 2013), la etnografía nos permitió reconstruir las prácticas y el modo en que los actores definen, argumentan y describen sus acciones en situaciones particulares (Boltanski, 2011).

Los territorios en los que desarrollamos el trabajo de campo forman parte de áreas de expansión local impulsadas por sectores populares. Parque Peña -al norte de la ciudad- y Nuevo Golf -en el límite sudoeste- son urbanizaciones constituidas recientemente y en constante crecimiento, en las que se extiende una precaria red de infraestructura pública y en donde convergen lógicas de acceso a la tierra mediante ocupaciones individuales o colectivas sobre tierra de dominio privado, y ventas de lotes mediante la configuración de mercados inmobiliarios informales. Para 2010, la municipalidad reconocía a Nuevo Golf como el barrio popular más extenso, con más de 700 familias habitándolo. Este número se amplificó en los últimos años, y supera las 1000 unidades domésticas. Mientras que Parque Peña forma parte de la zona “Norte Costera” que, según diferentes estimaciones, creció un 90% en la última década, cinco veces más que el resto del partido de General Pueyrredón (Zulaica, Canestraro y Mujica, 2023). Se localiza en un área cercana a la costa, camino a Santa Clara del Mar. A diferencia de otras partes de la zona costera, el hecho de que funcionen la planta de pretratamiento cloacal y el emisario submarino en la zona afecta sensiblemente al uso de las playas y al precio de los lotes.

Para abordar la problemática, estructuramos el artículo en tres apartados: en el primero, nos centramos en las formas en que el lote puede ser apropiado, comercializado y en las maneras de resolución de su tenencia. En el segundo, nos detenemos en estrategias de defensa de la casa y el terreno. Amenazas y situaciones violentas en las que los/as vecinos/as dirimen por el lugar habitado. Posteriormente, recuperamos actitudes prácticas necesarias para habitar el barrio, más allá del modo de acceder al lote. Estos ejes analíticos focalizan en las múltiples y diversificadas prácticas que los/as residentes realizan para permanecer en el lugar habitado, que configuran a su vez modos de hacer política que definen lógicas de urbanización singulares.

Pagar, ocupar y resistir: las peleas por los lotes

La noticia del día era que “el paraguayo” se había instalado en el terreno. En el barrio se comentaba desde hacía unos días que Roberto, un vecino de Parque Peña, había vendido un mismo lote a tres personas diferentes: a un “boliviano, a un paraguayo y a un salteño”. Sin embargo, el que se lo quedó fue “el paraguayo”, quien construyó primero. Cuando se presentaron en el lugar tanto “el boliviano” como “el salteño” y descubrieron que había alguien habitándolo, comenzaron a discutir por el lote con los boletos de compra-venta que Roberto les había entregado. “Casi lo matan”, mencionó Noelia, haciendo referencia al enfrentamiento entre compradores, mientras tomábamos mates junto con otras vecinas en un centro barrial comunitario.

En el mejor de los casos, las ventas de terrenos en el barrio se realizan a partir de la entrega de un boleto de compra-venta que testifica el acuerdo entre las partes. Dentro de las transacciones monetarias ejecutadas, este documento adquiere un grado de legitimidad significativo. A pesar de que el comprador conociese que la transacción no se encuadra en la normativa estatal vigente, esta es legitimada a través de mecanismos de intercambio enmarcados en racionalidades tácitas-sociales que reactualizan elementos propios del orden formal (Rincón Patiño, 2006).

Sin embargo, el terreno vendido por Roberto a múltiples compradores introduce una situación que se repite y que marca una pauta en las urbanizaciones populares: la transacción monetaria y la tenencia de documentos no siempre dan garantías de la posesión del lote. Para que esto suceda, hay que ocuparlo y resistir ante otros/as que lo reclaman. Como señala Manzano (2013), con el arribo al barrio se inicia la pelea o la lucha por la tierra. Muchas veces, estos modos de resistencia derivan en enfrentamientos físicos y amenazas que, en términos de Garriga Zucal (2015), permiten comprender que lo que algunos definen como violento puede ser considerado una herramienta válida para alcanzar determinados fines. Es decir, como recurso utilizado en una forma de sociabilidad situada a partir de un déficit habitacional -tramas barriales particulares y mecanismos de transacción irregulares-, la violencia -expresada a través de distintas agresiones físicas y/o verbales- emerge como una herramienta legítima para defender el lugar habitado.

En otros casos, el pago por un terreno tampoco significa que se termine la relación con el vendedor, sino que puede simbolizar la creación de un sistema de deuda indefinido posterior a la venta. Así le pasó a Raúl, correntino de 35 años y habitante de Parque Peña desde 2016. El motivo de su llegada al barrio lo vincula a la necesidad de dejar de pagar un alquiler porque no le “alcanzaba para vivir”. Vive junto con sus dos hijos en una casilla que levantó con algunas chapas y maderas en un terreno que ocupó gracias a la información que le suministró su hermano, que habita allí desde 2012. Su objetivo a corto plazo era conseguir “algo de dinero para poner material” y revestir la construcción. Sin embargo, las dificultades para conseguir trabajo de manera regular y los reclamos por el pago del terreno le impidieron planificar la mejora que deseaba. Es que, desde que llegó y ocupó el lote, aparecieron personas que reclamaban el pago por su posesión. Meterse en un terreno implicó, para Raúl, negociar posteriormente su pago. En este sentido, menciona:

La sensación de Raúl de estar un pie adentro y un pie afuera señala la incertidumbre continua en la posesión del lote que habita y al que accedió luego de ocuparlo y negociar un pago con quien se presentó como el dueño. En definitiva, ese precio del terreno -más económico que “en otros barrios”- no contemplaba otros costos que se volvían significativos para permanecer en el lugar.

En el relato de Raúl emerge esta situación de un pago por el terreno que se incrementa en el tiempo. Aunque la negociación por el precio se da en forma posterior a la ocupación, cuando un “pesado del barrio” apareció reclamando la propiedad del terreno, el acuerdo al que llegan se va modificando posteriormente. Si bien sabía que pagándole no iba a conseguir ni siquiera un papel que testificara esta operación inmobiliaria, abonar por el terreno significaba obtener un permiso -al menos, provisorio- en su posesión. Siguiendo a Rincón Patiño (2006), el “pesado del barrio” se constituye como un “agente regulador”, al definir las relaciones en el acceso al suelo, establecer sanciones y controlar el territorio.

La situación persistente de la deuda que parece no tener fin y que retrasa las posibilidades de mejorar su casa le requirió a Raúl la búsqueda de formas paralelas de solución a una problemática que parecía individual. Así, cuando pasó un hombre en moto por la construcción en la que estaba trabajando y le preguntó por la venta de terrenos, le dijo “Yo tengo uno, te vendo la parte de adelante del mío”, y le indicó dónde quedaba y las medidas del lote a dividir. Luego de ese intercambio, el hombre quedó en pasar de nuevo y se retiró. Raúl buscaba de algún modo generar un nuevo ingreso para solventar la deuda que había contraído con “alguien pesado del barrio”.

Como no llegó a ponerse de acuerdo con la persona a la que le había ofrecido una parte de su lote, Raúl decidió vender la casa de su hermano sin su consentimiento. Lucas vivía a la vuelta de lo de Raúl, en una construcción de material. Cuando viajó a Corrientes a visitar a su familia, al regresar se encontró con su casa ocupada, luego de que su hermano la vendiera. Al enterarse de esto, fue a buscarlo y ese día terminaron discutiendo, forcejeando y amenazándose. Luego de unos días, Lucas pudo recuperarla, ya que tenía papeles que demostraban que le pertenecía.

Como observamos a partir de estas experiencias, el lote se posee cuando es ocupado, y esto tiene que ser reafirmado continuamente a través de prácticas cotidianas de defensa debido a la incertidumbre y precariedad habitacional que atraviesa a los/as habitantes de barrios populares. En este sentido, los enfrentamientos físicos y/o verbales que emergen de los casos reconstruidos muestran que el pago por un lote no siempre es lo que regula su acceso, sino que entran en juego otras prácticas que se legitiman en el contexto barrial y que son fundamentales para garantizar la permanencia en el espacio habitado.

Las casas que se cuidan. Las políticas de seguridad barriales

Al igual que lo que sostiene Borges (2004) con respecto al lote, se pelea para conseguir una casa pero se lucha más para permanecer en ella. La posibilidad de perderla es una sensación que persiste en las familias que habitan los barrios populares.

Para Noelia, su casa es una especie de “fuerte” que hay que defender y que amuralló en el frente del terreno con un portón corredizo de un poco más de dos metros de altura. Madre soltera, vive junto con cuatro de sus seis hijos en una casa que autoconstruyó en Parque Peña hace poco más de 10 años. En la parte delantera de la construcción, tiene un cuarto de alquiler para veraneo que es habitualmente ocupado por sus conocidos y/o habitantes de Florencio Varela, ciudad en la que vivió antes de llegar a Mar del Plata en 2011.

“Yo tengo papeles”, dice Noelia al ser interrogada por la policía cuando se acerca a su casa luego de alguna denuncia de vecinos/as. Varias veces mostró los papeles del terreno y la policía se retiró. Noelia está acostumbrada a este tipo de situaciones. En los últimos años, expandió su propiedad hacia un lote que está frente a su casa, en una cuadra que se encontraba completamente deshabitada. Allí comenzó a construir otra vivienda que había proyectado para sus hijos. Aunque luego empezó a utilizar esa edificación como comedor comunitario.

Cuando empezó a cercar el lugar, uno de los vecinos -Marcelo- le reclamó el lote, diciendo que toda la cuadra le pertenecía. Luego de discutir y amenazarla con desalojarla, Marcelo le dijo “no quiero a nadie más acá”, sabiendo que otra vecina amiga de Noelia tenía intenciones de instalar su casilla en cercanías a la construcción. Para evitar que le ocupara uno de esos lotes, Marcelo cedió ante la ocupación de Noelia y le gestionó a la amiga un terreno en una parte menos “valorizable” del barrio.

Cuando menciona las dificultades por las que pasó en los momentos de construcción, Noelia recuerda un hecho en el cual tuvo que defender la posesión de su casa. Durante el verano en el que estaba construyendo el lugar que luego se convertiría en comedor comunitario, uno de los trabajadores que había contratado para que la ayudara decidió instalarse una vez que la edificación estaba avanzada. La persona no se quería ir. Varios días insistió para que dejara la construcción, pero permanecía en el lugar. “Y un día se me pelaron los cables”, comentó, y relató cómo hizo para echar al ocupante:

El uso de la violencia como recurso legítimo para la defensa de la casa constituye un factor crucial en la regulación del espacio habitado. El recuerdo de Noelia sobre el conflicto muestra que la tenencia de la vivienda presenta cierta inestabilidad que demanda diferentes estrategias para conservar su posesión. En una etnografía en un barrio segregado de Estados Unidos, Bourgois (2010) analiza las luchas diarias que narcotraficantes llevan adelante para mantenerse por sobre “la línea de la pobreza”. El autor sostiene que el uso de la violencia que sus interlocutores practican es un recurso necesario para hacerse respetar y subir de rango en la economía clandestina. Como una estrategia de relaciones públicas, ser un “poco violento, un poco salvaje” les permite obtener “fama”, lo que se constituye en un criterio de respetabilidad en el vecindario. En este sentido, no solo pelear contra el ocupante le permitía a Noelia recuperar el lugar donde estaba construyendo el comedor comunitario, sino que así también se ganaba el “respeto” luego de defender esa propiedad. En términos de Miguez y Semán (2006), son prácticas necesarias que la prestigian bajo determinadas categorías de honorabilidad que normalizan en códigos orales los usos legítimos e ilegítimos de la violencia. Su lugar no es asegurado por la legitimidad de los documentos que posee del terreno, sino mediante prácticas que requieren el uso de la violencia y que muestran su valor para reafirmar la tenencia.

Entonces, la casa puede ser perdida si no es asegurada, como le sucedió al hermano de Patricia, en Nuevo Golf. Carlos, de 40 años y trabajador temporal en el puerto, se embarcó durante 15 días luego de ser contratado por una empresa pesquera. Lo que no se imaginó era que, al volver, su casa ya no le pertenecería. Debido a su ausencia, algunas personas que Patricia señalaba como vinculadas a las actividades de venta de drogas se la habían ocupado. Carlos, quien había construido su vivienda “desde cero”, no contaba con documentos probatorios que demostraran que era dueño del lugar. Esto que le pasó a Carlos era lo que Patricia mencionaba como el descuido de la casa: salir sin avisar durante un tiempo prolongado, no dejarla a su cuidado ni vigilada, era un riesgo que no se podían permitir.

Como veíamos en el caso de Raúl, que había vendido la casa de su hermano a otras personas cuando Lucas se encontraba de viaje; o en el de Noelia, quien debió echar a un ocupante de la nueva edificación que había construido, la posesión de la vivienda adquiere un carácter incierto y disputado. Es decir, su tenencia debe ser reafirmada cotidianamente por medio de diferentes prácticas de defensa y de seguridad colectiva.

Para asegurarlas, varios/as habitantes se organizaban a partir de la conformación de grupos de WhatsApp para mantenerse alertas de movimientos “extraños” cercanos a sus viviendas. Experiencias similares de organización colectiva en torno a la (in)seguridad fueron analizadas por Vélez (2018) para el caso de La Plata, puntualizando en cómo distintos actores organizan su propia vigilancia con el objetivo de regular y controlar el espacio urbano. A partir de estas instancias, los/as vecinos/as previenen o alertan sobre distintas eventualidades que, en muchos casos, van más allá de la problemática de la seguridad. A diferencia de estas organizaciones de “Vecinos en Alerta” o Asambleas vecinales (Vélez, 2018), en las que el eje está puesto en la (in)seguridad en la ciudad, en Nuevo Golf los objetivos de las asociaciones de vecinos/as constituidos a través de grupos de mensajería instantánea estaban focalizados en cuidarse las casas entre sí. De forma más rudimentaria, Ricardo, de 62 años y uno de los primeros habitantes de Nuevo Golf, también explicaba la importancia de “mirarse las casas”. “Cuando alguien sale, me avisa y estamos atentos. Y al revés, cuando yo tengo que salir, les aviso y me miran la casa, así nos mantenemos más seguros”.

La constitución de determinadas prácticas locales de regulación de la seguridad forman parte, por un lado, de la relación que los/as habitantes tienen con la propiedad de la vivienda. La informalidad en la tenencia sedimenta una situación de incertidumbre e inseguridad habitacional, por la cual muchas familias optan por generar redes informales de vecinos para proteger la casa (Segura, 2018). Por otro lado, se relaciona con los modos en que los agentes de seguridad se vinculan con los sectores populares. Como sostiene Cravino (2016), el Estado en los márgenes se despliega en su carácter punitivo sin garantizar la seguridad de los/as habitantes. Respecto de esto, en los relatos y comentarios sobre el modo de actuación policial, las referencias de los/as moradores/as se resume con la sensación de que “no hacen nada” y, cuando “hacen”, no es para resguardar la seguridad de los/as habitantes del barrio. Por distintos motivos, la percepción de la actuación policial es controversial, por lo que requiere asumir determinadas prácticas colectivas entre vecinos/as para proveer seguridad.

En efecto, como mostramos en estos primeros apartados, la resolución en el acceso al lote y la permanencia en la casa pueden derivar en enfrentamientos entre vecinos/as, amenazas y discusiones. Al mismo tiempo, requiere de prácticas locales de regulación de la seguridad para evitar esas situaciones. Sin embargo, no son las únicas formas para sortear los conflictos, sino que también observamos la implementación de determinados criterios morales y actitudes que los/as habitantes adoptan para vivir ahí y que retomamos a continuación.

Los criterios morales y actitudes prácticas para habitar el barrio

Ariel es formoseño y, al momento del trabajo de campo, tiene 19 años y vive en Nuevo Golf junto con dos hermanas, su madre y su padrastro desde 2012. Llegaron a Mar del Plata en 2007, cuando su madre decidió separarse del padre de Ariel por situaciones de violencia de género. Luego de alquilar una vivienda en sus primeros años en la ciudad, le compraron un terreno a Castro en la zona descampada de Nuevo Golf. Allí, ensamblaron las paredes y el techo de una casilla que habían armado en el anterior domicilio, con ayuda de su abuelo y un tío. Con el tiempo, fueron mejorándola, construyeron un baño e hicieron el piso de material.

A pesar de haber abonado el precio del terreno que el vendedor exigía, la permanencia en el barrio fue compleja. Al recordar los primeros meses de su establecimiento, algunos eventos muestran las dificultades que atravesaron. Así lo cuenta Ariel:

El relato de Ariel introduce algo que excede al precio económico del lote abonado por la familia al momento de mudarse. A saber: la familia del tachero -clasificación de las personas a partir del trabajo del padrastro de Ariel- no está en nada raro, por lo que puede quedarse, según los criterios de un “agente regulador”. Es decir, pagar la propiedad es solo un paso en el complejo proceso de habitar el barrio. El criterio moral de no estar en nada raro y ser la familia del tachero funciona como un factor clave para permanecer en el lote ante amenazas y agresiones. Esto lo remarcaba Ariel cuando señalaba que a él lo respetaban “porque no me meto con nadie. Por eso, nunca me pasó nada. Ni a mí ni a mi familia”.

A diferencia de Noelia, que era respetada a partir de estar dispuesta a enfrentarse a otros/as para defender su casa, en el caso de Ariel, la idea de respeto venía vinculada a su actitud de evitar conflictos al no meterse y ser parte de una familia trabajadora. De modo que, en un contexto en el que sí le podría haber pasado algo, su actitud hacia lo que sucedía alrededor de su espacio habitado le permitió continuar viviendo en Nuevo Golf.

Tales apreciaciones de lo que es importante para permanecer en el barrio no se restringían a las clasificaciones que recibían las familias, sino que también referían al modo en que transitaban y se vinculaban. Cuando hablaba sobre la vida barrial, Yésica, de 25 años y habitante de Nuevo Golf, mencionaba

En el relato de la entrevistada, no ver ni escuchar son actitudes necesarias que configuran un modo de relacionarse y vincularse con los/as vecinos/as para sobrellevar las dinámicas cotidianas. “Acá enfrente está el transa, a la vuelta hay otro… y la policía no hace nada”, explica y argumenta el porqué de la práctica cotidiana que implica no meterse con nadie. En relación con esto, Auyero y Berti (2013) señalan las conexiones generalmente clandestinas entre actores estatales y perpetradores de violencia. La sensación de que la policía deja hacer a los transas y no garantiza la seguridad de los/as habitantes (Cravino, 2016), contribuye a la conformación de la actitud de no ver, ni escuchar lo que sucede en el territorio, a la vez que funciona como otro de los mecanismos de seguridad de los/as moradores/as para evitar conflictos, amenazas y/o problemas que pongan en riesgo la tenencia de la casa y/o la permanencia en el barrio.

Así como la familia de Ariel “no se metía en nada, no hacía nada”, en el caso de Yésica es indispensable no ver ni escuchar, a pesar de saber que suceden eventos delictivos en cercanías a su casa. Las prácticas cotidianas que menciona no son aisladas e insignificantes, sino que advierten respecto de reglas sociales y códigos morales que operan en su comportamiento y que son centrales para sortear situaciones violentas y amenazas. En este sentido, estos modos de comportarse constituyen una serie de prácticas y estrategias que los/as habitantes despliegan para subsistir en el barrio ante tramas barriales delictivas y violentas.

A diferencia de la familia de Ariel y Yésica, Patricia llegó a Nuevo Golf en 2011 junto con su familia luego de ocupar un terreno que un compañero de trabajo del marido de Patricia les había dicho que “no era de nadie”. Patricia recuerda que, cuando llegaron, no había nada y fue todo muy difícil. Para poder empezar a construir, algunos/as vecinos/as le ayudaron con materiales. “Todos estábamos en la misma”, señaló al mencionar que entre todos iban ayudándose.

Durante el proceso de construcción de una casilla, Patricia comentó que distintas personas se acercaron a reclamar por la propiedad de la tierra que estaban ocupando y a solicitarles un pago. Sin embargo, la estrategia que había aprendido de sus vecinos/as era pedirles los papeles para ver si eran los dueños realmente. “Le pedíamos los papeles y no aparecían más”, señaló Patricia. Los vínculos y relaciones entre los que estaban en la misma fueron fundamentales para consolidar su permanencia y evitar las amenazas de quienes se adjudicaban la posesión del terreno.

Ahora bien, durante el proceso en el que se estaba asentando en Nuevo Golf, los convocaron a una reunión en la casa del que por entonces era el presidente de la sociedad de fomento. Allí, les dijeron que, si se querían quedar, tenían que hacer “casas bien, no queremos villerío”. En este sentido, emergían determinados criterios morales que determinaban las formas en que se podía construir para quedarse en el barrio. Estos vecinos/as consolidados/as que, presentándose como integrantes de la comisión directiva de la sociedad de fomento, coaccionaban para que las construcciones de los/as nuevos/as ocupantes siguiesen determinados parámetros estéticos de lo que ellos consideraban adecuado. A diferencia de lo que sostiene Leckerman (2005) al pensar las prácticas de planificación de la ciudad y la incidencia del Estado en la legitimación de quiénes tienen derecho a la tierra y qué sectores son aptos para vivir en ciertos territorios de la ciudad, el planeamiento del barrio se configuraba a partir de aspectos morales provistos por antiguos/as residentes que exigían la modificación de prácticas de los/as nuevos/as moradores/as, si es que querían seguir habitándolo sin problemas. Así, se generaban jerarquizaciones dentro del barrio que regulaban y delineaban los modos de habitar. Hacer una casa bien y no villerío introducía un sistema de clasificación de lo permitido y lo prohibido, de los materiales que podían usar y de las construcciones que podían hacer para permanecer en el barrio.

Estas negociaciones con tramas barriales políticas, delictivas y/o violentas que complejizan el modo de acceso al suelo y la casa muestran, no solo los diferentes mecanismos y actores de regulación en el acceso al hábitat, sino también que el costo de habitar en el barrio popular se traduce, entonces, en actitudes prácticas necesarias para evitar situaciones de violencia que puedan significar la pérdida de la casa o el terreno. En este sentido, diferentes actores barriales que inciden en el territorio establecen parámetros morales para habitar que tensionan las prácticas y vínculos, y definen quiénes pueden quedarse en el barrio sobre la base de criterios que trascienden lo estrictamente monetario.

A modo de cierre

Manzano señala que

Esta tensión entre el valor desigual que los agentes estatales le otorgan a la vida de los sectores populares y los modos de lucha para habitar y producir el hábitat que estos llevan a cabo es fundamental para comprender la idea de política que intentamos reconstruir. Esto es central para problematizar los mecanismos y recursos desplegados por los/as moradores/as para permanecer en sus viviendas.

Las disputas por las casas y los terrenos en los barrios populares localizados en áreas de expansión señalan la problemática persistente por el acceso al hábitat. No solo es dificultoso su acceso, sino que las estrategias para conseguirlo configuran un camino espinoso en el cual la incertidumbre y la precariedad en la tenencia no cesan con la materialización de la vivienda y/o la posesión de títulos de propiedad, sino que persiste y se prolonga posteriormente a asentarse.

En este sentido, en el artículo reflexionamos sobre algunos de los modos en que se produce la política cotidiana a partir de la gestión de terrenos, la disputa, consenso y negociación con distintos agentes barriales, y las prácticas de defensa, resistencia y vigilancia que los/as vecinos/as generan de manera individual y/o colectiva para garantizar el acceso y permanencia en su vivienda. Esta cotidianidad y constancia de los conflictos que se expresa, muchas veces, en peleas y discusiones, agresiones y situaciones de violencia entre vecinos/as, muestra lo que se presenta como un aspecto vital en la vida social del barrio: permanecer y habitarlo implica establecer vínculos, asumir determinadas actitudes para no tener “problemas” y llevar adelante estrategias de defensa de las casas y los lotes.

Las distintas situaciones que introducimos al pensar las formas de adaptarse a las condiciones establecidas por entramados delictivos -no meterse, no hacer nada raro, no ver-, o por entramados políticos -no hacer villerío, hacer una casa bien- para quedarse en el barrio permiten observar criterios no monetarios que establecen reglas y ordenan el territorio.

Asimismo, las distintas situaciones reconstruidas permiten establecer una clasificación de los modos de actuación de los/as residentes a partir de la forma en que oscila la relación entre los usos de la violencia y la categoría nativa de “respeto”. En un primer caso, encontramos un vínculo estrecho entre estas, como es en el caso de Noelia y su defensa de la casa. Mostrar que puede defenderla ante amenazas mediante peleas y enfrentamientos físicos y/o verbales le otorga “respeto” en el barrio. En contraposición, en una segunda clasificación, esta categoría se obtiene a partir de las actividades “honestas” y/o “dignas” que realizan los vecinos/as. Como en el caso de Ariel, no estar en “nada raro” y que su padre trabaje como “tachero”, son los argumentos que le permiten a Ariel entender por qué él y su familia ya no tienen problemas en Nuevo Golf y pueden permanecer allí.

Una tercera situación se da en relación con los que “no miran”, “no escuchan”, “no hacen nada”. En esta variante, no son las prácticas violentas las que garantizan la tenencia y permanencia en el barrio, ni tampoco las evaluaciones morales que otros actores hacen acerca de las actividades de los/as residentes, sino la evitación de las situaciones conflictivas. Mantener distancia de hechos delictivos o eventos perjudiciales es una actitud central para Yésica, forma parte de su repertorio de prácticas necesarias para gestionar las situaciones de violencia barrial y para que estas afecten lo menos posible en su habitar. La categoría de respeto, entonces, no solo hace referencia a la consideración y la tolerancia al otro organizadas en torno a un conjunto de prácticas y representaciones que definen formas apropiadas y aceptables de conducta, que operan como reglas sociales y códigos morales (Skeggs, 2019), sino que también funciona como instrumento de regulación barrial, al establecer reglas de localización y de sociabilidad barrial que funcionan como ordenadores del espacio urbano en las áreas de expansión.

La cotidianidad de estas situaciones señalan, además de la centralidad de la problemática en la vida de los/as habitantes, la presencia de prácticas locales de protección de sus casas y lotes. Lo que no pueden asegurar con papeles de propiedad, boletos de compra-venta y títulos precarios, sí lo pueden hacer mediante métodos violentos que permiten mostrar y advertir a otros/as que ellos/as mismos/as pueden defenderlas.

En este sentido, la resolución de los conflictos por el acceso al suelo y la vivienda a través de peleas y amenazas es apenas una parte de una trama actoral y complejidad barrial en la que se establecen determinados criterios situados que regulan el hábitat. Mostramos, entonces, que la compra y venta de un terreno o una casa no es solamente un aspecto vinculado a la esfera económica, sino que estas prácticas se ven envueltas en políticas de regulación local tramadas cotidianamente en las que entran en juego otros criterios violentos y morales, que inciden en el costo de habitar los barrios populares ubicados en las áreas de expansión.