Introducción

Los resultados de investigación que aquí adelantamos se enmarcan en un proyecto actualmente en curso que tiene como escenario de estudio el “Polígono de las Granadas”,¹ el cual abarca las colonias Anáhuac I Sección, Granada, Ampliación Granada e Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México (Figuras 1 y 2).² El objetivo central es, por un lado, capturar los puntos de vista de arquitectos y planificadores urbanos involucrados en la transformación de esta zona, las experiencias de los nuevos residentes, su relación con la ciudad, modos de intervención en el espacio público y formas de participación política. Por el otro, interesa estudiar cómo los antiguos residentes han vivido el proceso y sus tensiones cotidianas con los recién llegados. En este artículo recuperamos los hallazgos sobre cómo ambos grupos construyen sus diferencias sociales, y las tensiones entre ellos a partir de sus visiones sobre el espacio público y los derechos a ejercer en él.

Figura 1

Polígono de Las Granadas (línea interna) en el contexto de la Alcaldía Miguel Hidalgo (línea externa)

Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps (Google Maps).

Figura 2

Imagen a escala barrial del Polígono de las Granadas

Fuente: Elaboración propia a partir de MyMaps (Google Maps)

La metodología consistió, por un lado, en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a líderes vecinales que habitaban la zona antes de su transformación (líderes “antiguos”), vecinos de clase media alta y alta que han llegado a partir de que esta empezó y que se han involucrado en tareas de participación ciudadana dentro y fuera de sus complejos habitacionales (líderes “nuevos”),³ y a planificadores urbanos a nivel alcaldía y gobierno de la Ciudad de México. Por el otro, en la revisión del Periódico Reforma⁴ entre 2008 y 2012, dirigida a explorar noticias y reportajes sobre las transformaciones en la zona, así como de documentos gubernamentales sobre desarrollo urbano de la alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta el momento, hemos realizado, mediante la técnica de bola de nieve, diez entrevistas a planificadores urbanos, 15 a líderes “antiguos” y 13 a líderes “nuevos”.⁵

La división entre “antiguos” y “nuevos” líderes no captura la diversidad de tipologías que pueden coexistir en Las Granadas. Los primeros se construyen de ese modo para posicionarse como “originarios”, de allí, sujetos de derechos y portadores de identidades asociadas a la relegación, olvido de las autoridades, desventaja social y menor estatus socioeconómico que los recién llegados. Los segundos no siempre están de acuerdo con que se les denomine “nuevos”; algunos han vivido allí por lo menos 15 años, y eso, dicen, los hace tan antiguos como los “originarios”. Además, ambos grupos son heterogéneos en su interior, pero el clivaje en torno a los factores temporal y socioeconómico, ligados a las categorías antiguo/nuevo residente, es central para estructurar el conflicto alrededor del espacio público a nivel local y por eso, con todo y sus limitaciones, lo recuperamos para el análisis.

Respecto de su estructura expositiva, el artículo se divide en cuatro partes. En la primera, delineamos algunas características históricas y contextuales sobre el origen y desarrollo de la Zona de Las Granadas. La segunda establece líneas de discusión sobre la relación entre espacio público, ciudad y ciudadanía. La tercera, que se divide en dos subapartados, reconstruye conflictos cotidianos entre líderes antiguos y nuevos en torno a las apropiaciones, usos y transformaciones del espacio público bajo el horizonte de construcción de ciudadanía. La cuarta parte, a manera de cierre, sintetiza los aportes del texto.

El contexto de estudio

Durante los años treinta comienza a consolidarse la colonia Granada y Ampliación Granada como una zona industrial, en lo que era la periferia de la Ciudad de México. Albergaba sobre todo fábricas (harineras, llanteras, vidrieras) y bodegas. La expansión de la ciudad, no obstante, hizo que estas colonias quedaran enclavadas en la zona central de la capital, lo que originó nuevos corredores industriales cada vez más lejanos, y las fábricas comenzaron a ser deshabitadas y subutilizadas. El gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo, en su Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, estableció como causas de la fuga de las industrias la crisis económica que azotó a México en 1994 y que para los propietarios no era redituable mantener sus operaciones en un suelo cada vez más valioso, por lo que podía esperarse una subutilización de las fábricas. Debido a ello, desde el gobierno delegacional se previó que había que reconvertir la zona, aunque no se tenía claridad sobre el tipo de transformación a impulsar. Las intenciones de promover políticas de reconversión cristalizaron en el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo (Decreto No. 431, 2008), donde se estableció como objetivo: “consolidar las colonias Granada y ampliación Granada, con actividades económicas empresariales, financieras, comercio especializado, oficinas y vivienda” (p. 58).

Si bien en esta zona ya se habían construido nuevos centros comerciales⁶ a inicios del siglo XXI, fue en 2008 que Carlos Slim, empresario mexicano y uno de los hombres más ricos del mundo, inició un plan de reconversión de gran envergadura para la colonia Ampliación Granada denominado “Plaza Carso”, el cual se dirigió no solo a construir viviendas y oficinas sino también museos (Museo Soumaya, Museo Telmex), centros de ocio y entretenimientos (centro comercial, Acuario Inbursa), y un teatro (Telcel). Su proyecto, totalmente financiado por la industria privada, involucró 800 millones de dólares (Periódico Reforma, 27/11/2008). Algunas de las ideas que movilizaban los desarrolladores del proyecto eran las de “regeneración urbana”, que traería más empleo y más plusvalía a la zona (Periódico Reforma, 03/05/2010) o como espacio dirigido a ser un lugar de encuentro entre distintos sectores sociales (Periódico Reforma, 20/05/2009). También se invocaban categorías como seguridad, exclusividad y el beneficio de contar con todo a la mano (Periódico Reforma, 21/12/2008). Sintéticamente lo enunció Alonso Salem, presidente de Inmuebles Carso, la filial del Grupo Carso dirigida a construir el nuevo desarrollo: “La gente quiere vivir con todos los servicios incluidos, con toda la seguridad y con todas las comodidades”.⁷

Junto a Plaza Carso llegaron nuevos centros comerciales, tiendas de autos de gama alta (Ferrari, Mercedez-Benz, Renault), un supermercado gourmet (CityMarket), y actualmente se construye una cancha de pádel. También fue punta de lanza para nuevos desarrollos inmobiliarios, los cuales son grandes edificaciones (denominadas en el contexto local como “torres”) orientadas al sector socioeconómico medio-alto y alto que contrastan con un entorno popular, sobre todo en Granada y Anáhuac I. La avenida Río San Joaquín marca para sus habitantes el límite entre la nueva zona acaudalada y aquella que le rodea, más popular y desaventajada, y posee una connotación de frontera no solo física sino también simbólica. Jorge, un líder habitante de torre mencionó que Río San Joaquín era como la “frontera México-Estados Unidos” (Jorge, entrevista, julio de 2023), mientras Luis, también líder habitante de torre, señaló que si Las Granadas fuera Nueva York, el lado pobre sería el “Bronx”, mientras el acaudalado sería “Manhattan” (Luis, entrevista, marzo de 2023). Como se aprecia en ambos relatos, la zona de Las Granadas es un espacio vivido como de agudos contrastes sociales (Figuras 3, 4, 5 y 6).

Figura 3

Plaza Carso. Fuente: Fotografía tomada por David Luján Verón, marzo de 2023.

Figura 4

Complejo Neuchâtel Cuadrante Polanco

Fuente: Fotografía tomada por David Luján Verón, marzo de 2023

Figura 5

Museo Soumaya (izquierda) y Teatro Telcel (centro)

Fuente: Fotografía tomada por David Luján Verón, marzo de 2023

Figura 6

Entorno popular que colinda con las torres, colonia Granada

Fuente: Fotografía tomada por David Luján Verón, marzo de 2023

Así, la transformación de Las Granadas representa un caso emblemático en cuanto a rediseño urbano, dado que el pasado industrial de la zona permitió el derribo total de fábricas de amplia extensión y la recolonización del entorno prácticamente desde cero, además de implicar una serie de innovaciones en términos urbanísticos y arquitectónicos, como reunir en un mismo edificio oficinas, viviendas y un centro comercial, todo enfocado a los sectores medio-alto y alto y en un clima de amenidades dentro del edificio exclusivas para residentes: gimnasio, spa, alberca o piscina como se denomina en otros países, cines, salas de juntas y espacios de trabajo, canchas de pádel o basquetbol y áreas verdes (Figura 7). Como estrategia de marketing, los desarrolladores inmobiliarios denominaron a esta zona “Nuevo Polanco”, pues colinda con este exclusivo barrio de la capital. Hacia 2014, el precio por metro cuadrado en los nuevos desarrollos de Las Granadas oscilaba en 4 000 dólares, de los más caros de la capital (El Financiero, 01/07/2014).⁸ Actualmente, la colonia Granada tiene en Miguel Hidalgo uno de los valores más alto por m2 (63 962 pesos), con el costo promedio por departamento de 7 322 565 pesos, ubicándose en la cabeza Polanco (83 645 pesos por m2; precio por departamento: 18 005 008 pesos en promedio).

Figura 7

Piscina dentro de complejo “Plaza Carso”

Fuente: Fotografía tomada por David Luján Verón, marzo de 2023

Para dimensionar la transformación poblacional en la zona, tenemos en la Tabla 1 el aumento de porcentaje de las colonias en que centramos nuestro estudio, que supera el 300%.

Dos datos contextuales más. La transformación de Las Granadas fue posible por una medida gubernamental a nivel Ciudad de México conocida como “Bando 2” (Punto de acuerdo No. 127, 2002), promulgada en el año 2000 y dirigida a repoblar las delegaciones (hoy alcaldías) centrales de la capital. El diagnóstico era que la ciudad, producto de las constantes migraciones campo-ciudad, se expandía hacia las periféricas áreas naturales protegidas, lo cual había que evitar redensificando el centro de Ciudad de México. Hubo así un cambio de paradigma, del cual Las Granadas fue su emblema (Sandoval, 2018). Desde las políticas gubernamentales se buscó transitar de la “ciudad en expansión” a la “ciudad compacta” que concentra vivienda, comercio y oficinas a pocos metros de distancia, que permite mayores niveles de construcción. Todo ello fue acompañado de un nuevo lenguaje, expandido en América Latina, para regular el crecimiento urbano y las modalidades de intervención sobre el espacio, como es hablar de regeneración urbana y asociaciones público-privadas (Soldano, Novick, Cravino, Barsky, 2018).

Por otro lado, la figura legal bajo la que se ha buscado regular el crecimiento de la zona es el fideicomiso privado Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) Granadas, creado en 2015 y actualmente vigente, que tiene como fin reunir todos los aportes financieros que los desarrolladores hacen por concepto de “obra de mitigación”. Cada nuevo desarrollo inmobiliario debe aportar dinero al fideicomiso, bajo la coordinación del gobierno de la Ciudad de México, para que este reinvierta en infraestructura pública dentro del sector con objeto de mitigar los efectos aparejados al crecimiento urbano (más tráfico, mayor demanda de agua, luz, recolección de residuos). En Ciudad de México, los SAC han sido un modo de impulsar cambios en zonas de transformación urbana con aportes privados, y se les ha criticado por favorecer el desplazamiento de residentes pobres, falta de información, escasa coordinación entre entidades públicas y desbalance entre la provisión de infraestructura pública y privada (Leipziger, 2021).⁹

El espacio público y la ciudad neoliberal

Las transformaciones urbanas contemporáneas han supuesto un reto para las ciencias sociales; la literatura sobre las “urbanizaciones cerradas”, o “enclaves urbanos”, entendidos como “residencias múltiples, en su mayoría de gran altura, invariablemente tapiadas y con accesos controlados por seguridad, generalmente ocupando un área grande con jardines e incluyendo todo tipo de amenidades para uso colectivo” (Caldeira, 2000, p. 243), da cuenta de ello. El uso de amenidades privadas y los accesos controlados no son un fenómeno nuevo, pero al estar enfocados a sectores socioeconómicos medio-alto y alto, la monumentalidad de los desarrollos inmobiliarios y la multiplicación de las medidas de vigilancia y control dentro de ellos y hacia el exterior los vuelven entidades fortificadas, amuralladas al estilo del Medioevo. Ello ha llevado a indagar en las implicaciones de este tipo de urbanización para la transformación de lo público y lo privado, así como en los nuevos patrones de segregación y sociabilidades urbanas y sus efectos sobre la democracia, la ciudadanía y el rol del Estado (Giglia, 2003, 2007; Low, 2003; Low, Taplin y Scheld, 2005).

Los estudios sobre urbanizaciones cerradas indican que este fenómeno amplifica una tendencia asentada en las ciudades en América Latina: el aumento de la fragmentación, segregación y exclusión urbanas, así como el deterioro de lo público entendido no solo como un espacio de construcción de integración social con base en el encuentro entre diferentes, sino también como locus de la acción participativa y que promueve la ciudadanía y la democracia (Rabotnikof, 1988; Giglia, 2007; Saraví, 2008; Ramírez Kuri, 2016b; Rodríguez, 2016; Soldano, Novick, Cravino, Barsky, 2018).

Se han propuesto conceptos como “urbanismo neoliberal” o “ciudad neoliberal” (Castro, 2019; Ramírez Kuri, 2021), para señalar que en nuestros países se impuso un nuevo marco para la producción de la ciudad, que mina, a partir de la capacidad de consumo, derechos colectivos en favor de derechos individuales. Priman en él la desregulación, la especulación y la mercantilización de los vínculos sociales; la “ciudad fragmentada” basada en la desconfianza y el temor al otro, o la “ciudad segregada” son su resultado.¹⁰ Se afirma que este tipo de urbanización promueve el aislamiento, la desvinculación con el entorno, la homogeneidad social y la separación y control de las fronteras entre grupos sociales con base en la proliferación de tecnologías de vigilancia.

Oponerse a la destrucción de lo público y a la mercantilización de la vida que por esa vía se nos impone puede interpretarse en clave de prácticas ciudadanas asimilables a formas de construcción democrática que desde la resistencia reformulan derechos e impulsan nuevas maneras de a) construir lazos sociales, respeto y compromiso cívico; b) identificación social, simbólica y afectiva; c) intervención, de forma individual o colectiva, en la toma de decisiones públicas (Ramírez Kuri, 2016b). Los derechos son entonces derechos a la asociación, a la identidad y a la polis (Ramírez Kuri, 2016b), o de acceso a la ciudad en contra del despojo (Ramírez Kuri, 2021), caracterizados por promover relaciones igualitarias a través del aumento de la cartera de derechos formales.

Frente a esta literatura, proponemos algunos matices: primero, nos adherimos a la bibliografía socioantropológica sobre los conflictos urbanos y el espacio público (Svampa, 2001; Leal Martínez, 2007, 2011, 2020; Loukaitou-Sideris y Ehrenfeucht, 2009) para afirmar que, más allá del fenómeno de “insularidad” en los vínculos sociales que destacan aportes sobre la ciudad neoliberal, las urbanizaciones cerradas producen microespacios de negociación y conflicto cotidianos entre visiones a veces antagónicas sobre los usos, apropiaciones y transformaciones del espacio público, así como sobre quiénes son sus habitantes legítimos.

Segundo, las tensiones entre líderes nuevos y antiguos sobre los usos y apropiaciones de lo público dan lugar a la reconfiguración de sus identidades y a nuevos imaginarios sobre sus derechos. De ahí que los discursos y prácticas que ambos tipos de actores movilizan puedan ser leídos en clave de construcción de ciudadanía. Desde esta lente de aproximación, podemos observar un juego entre identidades y derechos que no necesariamente apunta al ámbito formal y que incide en la definición de lo público. Así, identificamos en un extremo la defensa de economías ilegales, y en el otro, la promoción de la exclusión social como maneras de practicar la ciudadanía por fuera, tanto de los espacios con los que los politólogos suelen enmarcarla, como de su resignificación sociológica a partir de acciones de resistencia.

Nos adherimos a los estudios que enfatizan la producción de la ciudad como un resultado contingente de relaciones de proximidad y diferencia dirimidas en microgeografías de negociación y apropiación de derechos públicos (Leal Martínez, 2007). Entendemos el espacio público como un motor de formación de ciudadanía (Ramírez Kuri, 2016b), que amplía el alcance conceptual de esta última y produce múltiples experiencias (Lindón, 2000; Lindón, Aguilar, Hiernaux, 2006). La ciudad no es solo algo planificado sino también habitado (Bourdieu, 2007; Girola, 2007; Tosoni, 2011); su espacialidad, lejos de ser únicamente un “soporte” de vínculos sociales, estructura modos en que son producidas, de forma situada, representaciones y prácticas urbanas (Lindón, Aguilar, Hiernaux, 2006), que recuperan el derecho a la vida citadina en función de su valor de uso y de una producción colectiva (Lefebvre, 1969) construida desde la disputa.

En la medida en que lo público, entendido como lo común, visible o abierto es objeto de controversias en que se juegan relaciones de poder, ideas diferentes sobre la ciudad y derechos urbanos (Ramírez Kuri, 2016b; Rodríguez, 2016), el análisis de lo cotidiano y los microeventos se convierte en una ventana privilegiada para explorar las características de la ciudad neoliberal (Lindón, 2000).

Respecto de la ciudadanía, además del estatus jurídico o la participación política a las que alude la categoría, suscribimos la idea de entenderla como una práctica social sedimentada a lo largo del tiempo, aprendida en la interacción social, y en que los actores se construyen con base en múltiples entendimientos sobre las identidades y los derechos (Tamayo, 2010; Álvarez, 2017; Chatterjee, 2017). Compartimos esta propuesta porque no asume a priori que la ciudadanía tenga un contenido necesario (como es la oposición, la lucha por ampliar derechos o la igualación de las relaciones políticas), sino que tiene un sentido abierto.

Originarios e invasores en Las Granadas

En la zona de estudio, los líderes antiguos que se sentían agraviados porque el desarrollo urbano no los había beneficiado como a los nuevos residentes se nombraban a sí mismos “originarios”, mientras a los nuevos habitantes de clase media-alta y alta les decían “invasores”. La categoría de originario movilizaba para los líderes antiguos, en primer lugar, una sensación de relegación social y territorial, acentuada además porque afirmaban que diversos actores político-partidarios se habían comprometido, a lo largo de los años, a resolver algunas de las problemáticas asociadas con el desarrollo urbano¹¹ bajo el concepto de obras de mitigación sin que hubiesen cumplido; o, en cambio, les habían proveído de cosas sin consultarles. Por ejemplo, buscaban que en un espacio público se habilitara un Faro del Saber¹² y en lugar de ello autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo instalaron una cancha de fútbol, o se inauguró un Parque Lineal como emblema de las obras de mitigación.¹³ Si bien estas obras se perciben como benéficas, desde su punto de vista también significaban que no se les hubiera escuchado.

Los líderes habitantes de torre, por su parte, sabían que se les nombraba “invasores” y asumían esta categoría como una señal de frontera y rechazo hacia ellos. Al respecto, Joaquín, un líder habitante de torre mencionó: “los originarios no nos consideran parte de su comunidad” (Joaquín, entrevista, mayo de 2023), mientras Pedro: “los originarios no están contentos con nosotros” (Pedro, entrevista, mayo de 2023). Del mismo modo, rechazaban esta categoría y acusaban al otro grupo social por acuñarla: “ellos han generado esa división, esa discriminación” (Graciela, entrevista, abril de 2023); a veces complementando que la división poseía un sustrato temporal: “ellos hacen divisiones porque tienen más tiempo viviendo en la zona” (Gabriel, entrevista, abril de 2023). Los líderes habitantes de torre tendían a considerar que la fuente de la división estaba en el resentimiento del otro grupo por sentirse excluido o relegado, es decir, debido a que el desarrollo urbano no había beneficiado a todos por igual.

Como lo expresaría Mario, un líder habitante de torre:

Desde su punto de vista, el Estado no solo ignora las necesidades y problemáticas de los antiguos residentes, sino que los manipula, es decir, extrae de ellos votos a cambio de la promesa de resolver sus problemas.

Desde el punto de vista de los líderes antiguos, construirse como originarios les daba más derecho a participar en los asuntos locales, especialmente en cuanto al destino del presupuesto participativo.¹⁴ De modo más pronunciado en la colonia Ampliación Granada, en que las distancias físicas entre antiguos y nuevos residentes tiende a reducirse, las y los entrevistados de ambos grupos sociales señalaron que a lo largo de los años eran los líderes antiguos quienes habían tenido mayor interés en hacer propuestas para el uso de los presupuestos participativos y eran sus proyectos los que habían resultado ganadores. No obstante, en recientes fechas también los líderes habitantes de torre han propuesto proyectos, y aunque ninguno ha resultado ganador, el interés de los nuevos residentes genera desconfianza, suspicacia y sobre todo rechazo entre los “originarios”, dado que estos últimos consideran que los primeros no deberían participar porque sus necesidades son menores o están, en todo caso, resueltas. El relato de María, una líder antigua, ilustra al respecto:

De acuerdo con el testimonio anterior, los líderes antiguos asumen que su mayor necesidad social les da derecho a recibir de modo prioritario bienes y servicios estatales. Por otro lado, los líderes habitantes de torre rechazan que criterios como antigüedad o necesidad social definan gradaciones en cuanto al disfrute de derechos y señalan que la ley es la misma para todos. Además, que también ellos pagan impuestos, incluso más que los antiguos residentes. El relato de Francisco, un líder habitante de torre, ilustra este punto:

Estos testimonios nos dicen que los sujetos se construyen en y por relación con un espacio social (Bourdieu, 2007), el cual produce experiencias de lugar (Tosoni, 2011). Los derechos en Las Granadas son un espacio de conflicto y disputa, donde confluyen diversas interpretaciones locales asociadas a su disfrute. Se condensan, trayendo el trabajo de Holston (2008), derechos de tratamiento especial (special-treatment rights), que funcionan al modo de una compensación debido a injusticias sociales; derechos de contribuyente (contributor rights); y derechos basados en la legalidad (text-based rights). Esta colisión entre derechos refiere a diversos regímenes de ciudadanía, es decir, a diversas maneras en que los actores sociales justifican su inmersión en los asuntos públicos y definen su lugar como participantes de la comunidad. El derecho, por ello, no solo sería un modo de vinculación del Estado con los ciudadanos definido jurídicamente, sino que tendría diversos usos y apropiaciones (Ferraudi, 2014), especialmente en cuanto a los imaginarios en torno a la membresía: no solamente se ocupa un lugar social mediante un documento legal, sino a partir de la construcción de fronteras temporales y desde ahí su equidistancia con sujetos aventajados o desaventajados, necesitados o no necesitados.

Ciudadanías múltiples

Además del uso del presupuesto participativo, existían en Las Granadas otras disputas, las cuales tenían por fuente el uso, apropiación y transformación del espacio público. Con objeto de movilizar apoyo a sus demandas entre vecinos, actores político-partidarios y burocráticos, los líderes habitantes de torre solían quejarse y denunciar a través de Twitter a los “viene viene”:¹⁶ “apañan la calle, se apañan el lugar para estacionarse” (Mario, entrevista, abril de 2023), a los motociclistas de Rappi¹⁷ estacionados fuera de sus condominios (la queja es que no se puede caminar entre tanta motocicleta y además a veces bloquean la entrada a sus estacionamientos), y en especial el comercio informal en vía pública, sobre todo de comida, pues la zona de Las Granadas es una zona con muchas oficinas y un gran número de población flotante que no vive sino que trabaja ahí.

¿Qué se les achaca a los comerciantes? Que no pagan impuestos, que provocan suciedad, que obtienen provecho para sus actividades privadas de bienes públicos como agua o luz, que representan un foco de inseguridad, que son una fuente de corrupción pues los vendedores deben pagar a “líderes” para que les permitan vender sus productos y estos ingresos los distribuyen a la alcaldía o al gobierno de la Ciudad de México, y de clientelismo que se sostiene con base en el intercambio de favores -permiso de vender en la vía pública- a cambio de votos.

Además, los líderes habitantes de torre se refieren a las estructuras que organizan el comercio informal en la vía pública como “mafias” que operan a modo de estructuras paralelas del Estado. En otras palabras, que son parte del Estado y a la vez no, pues el Estado se beneficia económica y políticamente de su presencia, aunque formalmente no están permitidos. A varios líderes vecinales de la zona popular los catalogan como “líderes de comerciantes” o “líderes de viene viene”, y lo que buscan los líderes habitantes de torre es que, si al comerciante informal no se le puede quitar del espacio público, por lo menos se le desplace a un lugar fuera de la calle que habitan, lo cual es típicamente un movimiento que la literatura académica ha denominado “NIMBY”.¹⁸

Por su parte, los líderes antiguos tienden a compartir imágenes más condescendientes del comercio informal y algunos lo ejercen o han ejercido, del mismo modo que sus familiares, amigos o vecinos. Consideran que tienen derecho a ocupar el espacio público porque han estado ahí durante más tiempo que los recién avecindados habitantes de torres (poseen más derechos con base en su antigüedad de residencia), porque tienen mucha necesidad social, o porque ven en los intentos de regular el comercio informal una “imposición” de los “invasores” a sus formas tradicionales de obtener recursos. Señalan que las “mafias” no son antiguos residentes que ejercen el comercio informal sino actores burocráticos y político-partidarios, los cuales se aprovechan de la necesidad de los vendedores y les extraen rentas a cambio de permitirles obtener una fuente de ingreso. Sintéticamente hablaría de ello Marcos, un líder antiguo:

De acuerdo con su punto de vista, las denuncias sobre el comercio informal tendrían como fuente un desconocimiento de la historia de Las Granadas y los modos tradicionales de subsistencia. Además, indica que los habitantes de las torres aspiran a planificar un espacio que tensiona otro tipo de expectativas: aquellas dirigidas a obtener un recurso de forma decidida ante la falta de empleo.

¿De qué hablan estas mutuas denuncias? Por una parte, de cómo se construye la diferencia social. Como lo han señalado algunas socioantropologías sobre el espacio público (Svampa, 2001; Giglia, 2007, 2003), la diferencia social se construye en relación con jerarquías de valores en torno a los usos legítimos de ese espacio y a los actores que pueden apropiárselo. Los líderes habitantes de torres marcan su distancia frente a los líderes antiguos construyéndose como garantes de la aplicación de la ley y la civilidad, la seguridad, la limpieza y el orden, al tiempo que construyen al otro a través de categorías sociales como “el comerciante”, el cual porta valores inferiores. Por su parte, los antiguos líderes defienden sus espacios para ejercer el comercio informal, lo cual fortalece su sentido de arraigo y delimita un nuevo sentido a los derechos con base en la antigüedad.

En segundo lugar, de los modos en que construyen cotidianamente ciudadanía. El proceso de llegada de nuevos habitantes de perfil medio-alto y alto a Las Granadas, junto con sus aspiraciones, expectativas e interés en el espacio público, ha modificado las identidades en la zona, y el carácter espacial y temporal de estas identidades construye sentidos múltiples sobre la pertenencia social. La noción de construcción de ciudadanía que proponemos no solo está circunscrita a interpretar aquellos fenómenos de resistencia a los efectos de la ciudad neoliberal (despojo, mercantilización de los vínculos sociales, privatización del espacio público), sino que también permite incorporar prácticas sociales como los movimientos NIMBY, que no buscan reducir sino simplemente desplazar hacia otro lugar los problemas causados por la necesidad social, o la defensa de actividades ilegales. Así, la ciudadanía no tendría un carácter ontológico, un contenido necesario como sería la resistencia frente a los embates del urbanismo neoliberal, sino que tiene sentidos múltiples y disputados.

La división entre los líderes habitantes de torre, que buscan aplicar la ley, y los líderes antiguos, que buscan subvertirla, recuerda a la tipología que establece Chatterjee entre sociedad política y sociedad civil (2017). La sociedad política, para este autor, se define por aglutinar actores excluidos o marginados que se movilizan en campos de negociación informal o ilegal para hacerse escuchar por el Estado. Buscan acceder a derechos, pero no los legalmente acreditados ni los reconocidos universalmente, ya que su cumplimiento implicaría su exclusión o marginación, sino a lo que el autor llama “adquiridos”, producto de la lucha con el aparato gubernamental. Por ello, la satisfacción de sus demandas puntuales resulta precaria e incierta.

Por otro lado, Chatterjee (2017) denomina sociedad civil a actores que actúan en el marco de la ley y buscan que esta se aplique. Son hostiles a las prácticas de la sociedad política, se sostienen en una idea abstracta de democracia y políticas universalistas. Esta observación es interesante porque detrás de los diferentes regímenes de ciudadanía que se juegan en Las Granadas subyace la relegación experimentada por los líderes antiguos, de modo que su ciudadanía expresa también ilegalidad y exclusión (Álvarez, 2017). Además, porque permite afirmar que, aún con un carácter precario e inestable, los derechos adquiridos son un modo en que los pobres urbanos reclaman su pertenencia a la ciudad, derecho que les es negado en el nosotros urbano de imaginarios tatuados por el neoliberalismo (Leal Martínez, 2013).

Otras socioantropologías sobre conflictos urbanos y espacio público (Leal Martínez, 2007, 2011, 2020; Loukaitou-Sideris y Ehrenfeucht, 2009) han evidenciado cómo los procesos de “renovación urbana” dan lugar a negociaciones entre planificadores urbanos, clases media y alta y sectores populares sobre los usos y habitantes legítimos del espacio público. Destacan que los nuevos habitantes de estos espacios se construyen como portadores de valores opuestos a los que depositan en los antiguos residentes, sobre todo aquellos de extracto popular, oponiendo la imagen de “un público que quiere mantener las aceras como paisajes urbanos seguros, limpios, predecibles, ordenados y estéticamente agradables” a la imagen de un “contrapúblico mayoritariamente inmigrante que se apropia activamente (a través de sus cuerpos y mercancías) de la acera para intercambios comerciales y económicos” (Loukaitou-Sideris y Ehrenfeucht, 2009, p. 154).

Estas condiciones de producción de ciudadanía múltiple, atravesadas por necesidades económicas e imaginarios sobre lo público no coincidentes, también se evidenciaron en nuestro acercamiento a la zona de Las Granadas. Con base en lo ahí observado, apreciamos la ciudadanía como algo cercano a la vida cotidiana de los actores y a su práctica en los sitios, recursos y servicios que tocan sus vidas (Low, Taplin y Scheld, 2005; Ramírez Kuri, 2021), incluso sin asumirlo conscientemente, la ejercen en el día a día produciendo lazos de pertenencia y a la vez fronteras.

A modo de cierre

Los estudios sobre urbanizaciones cerradas tienden a considerar que su implantación promueve aislamiento, segregación, privatización del espacio público y expulsión de residentes autóctonos. En el caso de Las Granadas existen propuestas que abonan a este marco general (Aguayo Ayala, 2016, 2019; Moreno, 2016; Valdez, 2020); nuestro interés es complejizarlo mostrando los conflictos entre antiguos y nuevos residentes sobre los usos, apropiaciones y transformaciones del espacio público. Antes que una ciudad simplemente segregada o desconectada, lo que observamos son relaciones entre grupos socialmente heterogéneos que se hacen inteligibles a partir de fronteras simbólicas de transición (Girola, 2007), es decir, relaciones sociales mediadas por categorías, estereotipos y moralidades distintas.

Sostenemos que los contornos y características de lo público, incluida su dimensión espacial, están en permanente disputa. Lo mismo sucede con la ciudadanía y los horizontes societales a construir a su alrededor. En México ha ganado terreno la imagen de una sociedad civil que desplaza a la del pueblo en tanto “colectividad nacional legítima” (Leal Martínez, 2014, p. 443) y se ha reforzado la contraposición entre ciudadanía y clientelismo (Leal Martínez, 2016, 2019); de allí nuestra apuesta por resignificar el sentido de una y otro y arrebatarle al discurso (neo)liberal, comprado y vendido por planificadores urbanos, la hegemonía sobre cómo definir la realidad social, así como la valoración positiva o negativa de los conceptos resultantes.

Nuestra lectura de los procesos analizados también suscribe la crítica a la polaridad fetichizada de ciudadanos impolutos versus mafias clientelares; asociar a los primeros con el bien citadino y a las segundas con una amenaza a este esconde las razones estructurales que cimientan la informalidad y el papel de las élites en la reproducción de prácticas clientelares (Leal Martínez, 2021).

Además de ello, proponemos que la ciudadanía, en tanto ejercicio de derechos y obligaciones que inciden en la arena pública, se practica de manera permanente y no está restringida al ámbito formal ni a las acciones de resistencia. Estas últimas, destacadas en la literatura sobre transformaciones urbanas y elitización de barrios (Sabatini, Valadez y Cáceres, 2016), son una cara de la moneda; en la otra, encontramos las proximidades y diferencias que antiguos y nuevos líderes generan en torno a los derechos públicos. El desafío, por tanto, es ampliar la mirada y hurgar a nivel micro cómo, incluso si los actores no lo formulan explícitamente, desde trincheras coincidentes/antagónicas se defienden derechos diferenciados y, de acuerdo con la concepción de ciudadanía que aquí hemos planteado, se construyen distintas formas de practicarla.