Introducción

“Para ellos somos unos negros de mierda” dijo ofuscado Mario, el hermano mayor de Adrián, un chico de 16 años imputado por un delito a quien habíamos ido a visitar a su casa, junto con Víctor, el operador social de un centro sociocomunitario de responsabilidad penal juvenil, (CESOC). En la provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción de la ley que funda el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 13.634), se crea el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para la prevención y responsabilización penal de jóvenes señalados de haber cometido un delito a los 16 o 17 años de edad. A partir de este decreto, se crean y/o reorganizan los distintos dispositivos que abordan esta temática (con privación de libertad, semilibertad, o territoriales) los cuales dependen del Organismo Provincial de Infancia y Adolescencia, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Los CESOC son los dispositivos encargados de acompañar las medidas alternativas al encierro impuestas por el juzgado a jóvenes imputados por un delito. Hay un CESOC en cada departamento judicial de la PBA y cada CESOC departamental abarca varios municipios. Están conformados por una persona encargada de la dirección y por trabajadores y trabajadoras denominados “operadores/as”, que son asignados a los equipos territoriales de cada municipio.

Este artículo se desprende de una investigación doctoral más amplia, en la cual indagué, desde el CESOC del departamento judicial de La Araucaria, puntualmente en el municipio de Los Pecanes,¹ la trama de relaciones y articulaciones entre las políticas públicas, los agentes institucionales, los jóvenes y la comunidad en un municipio del primer cordón urbano de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2018-2020. He denominado a esta trama “experiencia penal juvenil territorial”, en tanto reconfiguración situada de la política sociopenal desplegada a partir de la sanción judicial de una “medida alternativa al encierro”. Puntualmente, en este artículo, analizo desde la perspectiva de los/as actores (Balbi, 2014), las formas en las que se configura al sujeto de la política penal juvenil en esta experiencia territorial desde un enfoque interseccional, haciendo énfasis en los sentidos que cobra la imbricación entre género, clase y racialización en este contexto.

El extenso trabajo de campo etnográfico,² la relectura bibliográfica y las reflexiones compartidas con personas nativas del campo penal que intervienen y/o investigan me permitió reconocer la existencia de marcadores formales e informales de la población sujeto de la política. Si bien la edad cronológica y la infracción a la ley penal son, a priori, las únicas condiciones y demarcaciones formales de la población del sistema penal juvenil (SPJ), también observé la porosidad de estas fronteras y la relevancia que cobran los marcadores informales, tales como el género, la clase y la racialización en este contexto. En este sentido, aunque el corpus jurídico (internacional, nacional y local) que regula el SPJ se afirma como neutral en cuanto a género, raza, clase, orientación sexual, religión, etc., se observa una preminencia de jóvenes varones provenientes de los barrios/villas de sectores vulnerados del municipio, a quienes la “sociedad” trata peyorativamente como “negros villeros” o “negros de mierda”, tal como señalaba Mario. En este sentido, elaboré las categorías de marcador formal/informal para problematizar y visibilizar la existencia de clivajes que se intersectan (no debe entenderse la categoría de “informal” como secundaria o desviada de lo “formal”, sino como aquello que no se encuentra explícitamente manifestado).

Retomando la escena narrada al comienzo, fuimos a la casa del joven Adrián, hermano de Mario, a mediados de 2018. Nos sentamos junto a la familia, en una ronda de sillas y banquetas medio rotas, en el frente de una casa muy precaria, mitad chapa, mitad ladrillo, en La Alegría, uno de los barrios/villas³ más precarios del margen de Los Pecanes. Mario, de 32 años, había estado preso muchos años, se había hecho evangelista y actualmente quería ayudar a su hermano Adrián, un chico de 16 que hacía dos años que no iba a la escuela y que hacía dos meses había sido papá. Su también joven pareja aupaba a su bebé parada mientras hablábamos. También estaban su mamá, una mujer de mediana edad, con rostro cansado, y una hermana de doce y un hermano de catorce. Mario hablaba fuerte y seguro sobre la importancia de “hacer las cosas bien” pero también introducía una mirada crítica a este mandato. Al recuperar una anécdota en la cual fue maltratado en un juzgado afirmó

así tratan a la gente que tiene un familiar detenido... Así de mal… ¿Sabés qué? Para ellos nosotros somos unos negros de mierda. Nos prejuzgan”. Miró a su hermano menor y continuó: “por la ropa, o la gorrita…”, y agregó “una vez, un tipo me dijo ‘che, rebién vos, al principio pensé que eras un negro, pero nada que ver’… Pss… Es difícil, pero hay que pelearla, no es fácil”.

El enfoque actual de los estudios sobre juventud retoma el legado de los estudios antropológicos sobre las transformaciones en la adolescencia de Margaret Mead (1993) y la entiende desde la pluralidad y heterogeneidad de experiencias juveniles (Machado Pais, 1993; Chaves, 2006; País Andrade, 2011). A su vez, los estudios antropológicos sobre las políticas públicas (Shore, 2010; Villalta, 2013) permiten sostener que las políticas pueden ser interpretadas de acuerdo con las relaciones y efectos que generan y con los sistemas de pensamiento en los cuales se inscriben, más allá de identificar si en su implementación se cumple o no con sus objetivos formales. Entonces, si bien el SPJ realiza un recorte etario en torno a su población, la juventud no puede definirse únicamente vinculada a un periodo o hito biológico ni a una franja etaria específica. En este sentido, esta etapa tampoco puede analizarse sin tener en cuenta su relación con otros anclajes identitarios (Elizalde, 2006; 2015), como son la clase social, el género, la racialización, el territorio, entre otras.

En el caso que he estudiado, la población de jóvenes en el sistema penal está conformada, en su amplia mayoría, por varones de sectores marginales y vulnerados. La selectividad de las agencias del sistema penal juvenil ha sido densamente descripta y analizada enfatizando los clivajes de clase social (Guemureman, 2014; Medina, 2018) y, en menor medida, de género (Tonkonoff, 2001; Gayol y Kessler, 2002; Nebra, 2015; Medan, 2017) y de “raza” (Ruggiero, 1998; Segato, 2007). Ahora bien, el contexto actual de auge de las demandas feministas tiene un correlato en la incorporación de la perspectiva de género en cada vez más campos de estudio, pero es aún incipiente la incorporación de la perspectiva decolonial (Quijano, 2000; Segato, 2007; Curiel Pichardo, 2014) para pensar los procesos de racialización de la población joven perseguida y criminalizada. De todas formas, emerge del campo la demanda por su incorporación. Cabe destacar que estas diferencias “raciales” (como signo) no son fácilmente observables en el campo, ya que es una coordenada poco explorada en nuestro país (Frigerio, 2006), invisibilizada (Margulis, 2017) y que toca sensibilidades de todo tipo (Segato, 2015), por ende, no cuenta con las herramientas metodológicas ni teóricas suficientes para pensar a los jóvenes (varones) desde este clivaje. El reclamo de Mario emergía del campo y me/nos reclamaba que, a pesar de las dificultades, debíamos incorporar este marcador informal, ya que es constitutivo de una forma de configurar un nosotros y un otros que delineaba los contornos de la experiencia juvenil y de las intervenciones sociopenales.

A su vez, como sostiene Elizalde (2006, 2015), los jóvenes varones se convierten en el arquetipo universal, el sujeto “neutro” o “abstracto” de las políticas y los derechos. De esta manera, las prácticas de los varones y las políticas que los tienen como destinatarios aparecen como neutras a los condicionamientos de género.

Por ende, el enfoque de género y decolonial se tornó fundamental para resignificar los estereotipos (Perrot y Preiswerk, 1979), adscripciones identitarias (Reguillo, 2013), estigmas (Goffman, 1963), prácticas culturales de los jóvenes (Chaves, 2006) e intervenciones sociales (Carballeda, 2010) en el sistema penal.

Este artículo está organizado en tres apartados y reflexiones finales. En el primero, presento una escena en la cual se debate el caso de un jugador de fútbol famoso a partir de la cual reconstruí los sentidos en torno a la configuración del sujeto a quien se dirige el dispositivo y sus implicancias. En el segundo y en el tercero, a partir de escenas que recuperan las perspectivas de los jóvenes y sus familiares, desarrollo los marcadores formales y los informales respectivamente. Primero, las formas en las que el delito y la edad configuran los límites entre los sujetos “menores, mayores e inimputables”, sus experiencias y derivas institucionales. Y luego, las formas en las que las coordenadas de clase, género y raza se presentan como clivajes centrales en la configuración del sujeto de la política penal juvenil y sus experiencias. Finalmente, presento algunas reflexiones finales y nuevos interrogantes.

Configurando al sujeto del sistema penal juvenil. Sentidos e implicancias

Una mañana de febrero de 2019, María (la directora), Víctor (operador) y Néstor (operador de otro equipo municipal) estaban charlando sobre Racing⁴ en la mesa de la cocina que funcionaba a la vez como mesa de trabajo de los equipos y lugar de encuentro. En esta oportunidad, se estaba comentando la pelea entre el director técnico de Racing, Chacho Coudet, y uno de los mejores jugadores que tenía el equipo, Ricardo Centurión. Resulta que el domingo anterior, durante un partido contra River Plate, Coudet decidió dejar como suplente a la “estrella”, a quien le permitió entrar a pocos minutos de finalizar el encuentro. Cuando se acercó al joven Centurión para realizarle alguna indicación antes de salir a la cancha, este lo apartó de manera brusca; gesto que fue captado por todas las cámaras de televisión, reprochado por todo el ámbito deportivo y que le valió la separación del plantel.

Víctor, fanático hincha de Racing, se dirigía a María mientras protestaba contra Coudet: “si no lo ponen y perdemos, lo van a matar”. Su análisis era futbolístico: para él, Centurión no estaba equivocado al enojarse con Coudet por ponerlo de suplente. Se sucedió un intercambio de cuestiones estratégicas del deporte y en un momento, respecto de la conflictividad que parecía rodear a Centurión, María afirmó “lo que pasa es que Centurión es uno de nuestros chicos, no lo tienen que echar, lo que necesita es que lo apapachen”.⁵

En esta escena cotidiana, lo que María dice, casi como un susurro imperceptible, esboza alguna de las cuestiones centrales que nos propusimos abordar en esta investigación, con un ribete especialmente pintoresco y significativo, ya que versa sobre el mundo del fútbol. En los últimos treinta años, la masificación y televisación del fútbol y la conversión de sus jugadores (varones) en figuras mediáticas implicaron una “captación infinita de públicos, en su construcción de un país futbolizado sin límites” (Alabarces, 2006, p. 8). Por esto, hoy en día, se puede sostener que el fútbol no es únicamente una práctica y consumo cultural de los sectores populares, pero aun así nos encontramos en lo cotidiano con que muchos de los jugadores profesionales -los más amados y los más odiados- provienen de sectores populares, como así también observamos que muchos pibes que juegan en el potrero o el baldío sueñan con jugar en primera y “salvarse”.

Esta microescena en la cocina del CESOC me llevó a prestar mayor atención a lo que ocurría en el mundo del fútbol (masculino) profesional, y comencé a indagar sobre Ricardo Centurión y a seguir las noticias que lo tenían como protagonista. Dado que María lo estaba tomando como representante de “nuestros chicos”, pudimos resignificarlo como un caso de repercusión (Eilbaum y Medeiros, 2017) para iluminar este estudio, ya que me permitía preguntarme: ¿quiénes eran “nuestros chicos” y quiénes no? ¿Quiénes son los “otros” chicos que no son “nuestros”? ¿Qué significa que sean “nuestros”? ¿Por qué necesitan ser “apapachados”?

Las repercusiones de este caso me permitieron conocer el proceso de reconfiguración de este primer evento (el “empujón” de Centurión a Coudet) como un caso a ser considerado iluminador de esta indagación. Eilbaum y Medeiros (2017) proponen entender los “casos de repercusión” -en sus etnografías centradas en el campo jurídico- como una categoría analítica distinta a la categoría nativa “repercusión” (televisación, masificación, etc.).

No tomaremos la propuesta de las autoras de manera estricta, pero recuperamos la apuesta por conocer los recursos y moralidades que se disputan y movilizan (Noel, 2014) a partir de un suceso puntual que toma conocimiento público y se configura en un caso de repercusión. Ya que, si bien nuestro trabajo no estudia el campo del fútbol profesional, este trasciende sus fronteras y penetra de distintas maneras en la experiencia penal juvenil territorial. Los recursos y moralidades en torno al caso Centurión nos presentan, no solo la forma en la que María entiende a “nuestros chicos”, sino las formas en las que, en nuestra sociedad, se intersectan las moralidades y recursos en torno a los jóvenes (varones) de sectores populares que “transgreden” las normas establecidas.

En sus investigaciones sobre la relación entre el fútbol y la formación de identidad nacional y construcción de masculinidades, Archetti (1994) desarrolla un análisis en torno a las figuras míticas de nuestro territorio nacional. Postula que existe una transferencia de la liminalidad de la figura del gaucho como un jinete libre y rebelde, al imaginario del “pibe”, la figura mítica del fútbol argentino. Siguiendo a Turner (1969), sostiene que las características de la liminalidad, como la ambigüedad, la ambivalencia y las contradicciones, moldean la figura del “pibe” y del territorio del “potrero” (devenido en “baldío” en las ciudades).

Podemos pensar el proceso de repercusión del “empujón” en el partido de Racing, resignificando a Centurión como un personaje liminal: entre haber “triunfado” o haberse “salvado” y, al mismo tiempo, no estar “haciendo las cosas bien”, amado y odiado, a quien se debe castigar y/o apapachar. Su carácter liminal moviliza distintas moralidades en torno a su figura y nos permite pensar lo que es y lo que no es, sus similitudes y diferencias con los pibes, no para conocerlo a Centurión, sino para conocerlos a ellos como sujetos de la política penal.

De esta manera, procedimos a conocer un poco más a este jugador profesional que “necesita que lo apapachen”. Ricardo Centurión, nació en una familia pobre que vivía en una casilla en Villa Luján (Avellaneda, PBA). Cuando él era pequeño, su padre falleció al incendiarse la fábrica en la que trabajaba informalmente. Su mamá trabajó como empleada doméstica, y luego, como costurera. Su abuela fue quien lo llevó a un club de fútbol de Villa Domínico y, posteriormente, a Racing. Accidentes automovilísticos, coimas a policías, una denuncia por violencia de género, fotos con armas de fuego, consumo problemático de alcohol, son las tantas noticias que se entremezclan con sus triunfos futbolísticos y que se encuentran sobre el joven de veintiséis años, quien en las noticias figura como un personaje “problemático”, un “wachiturro” o “cabeza de termo”.⁶

En una entrevista, tras el conflicto con Coudet, se lo puede ver a Centurión expresándose arrepentido y emocionado, “No siento que esté haciendo las cosas… bien… [Se emociona y no puede hablar]. Disculpame eh... Y es fútbol, y atrás del fútbol hay una persona […] yo a veces no puedo salir a la calle… ‘qué negro villero’… no se puede…” (se agarra la cara y llora, el periodista apoya su mano sobre el hombro y le dice: “tranquilo”. Se corta la grabación y continúa con otra toma).⁷

Centurión tiene 26 años, diez más que los jóvenes (varones) que concurren al CESOC. Tampoco se conoce que haya pasado por el sistema penal juvenil, pero aun así, María lo identifica como “uno de nuestros chicos”. En este sentido, una de las primeras pistas que nos permite vislumbrar este caso es que, a pesar de que la edad y la imputación de un delito sean los marcadores formales de la población sujeto de la política penal juvenil, a “nuestros chicos” no los define única o principalmente su edad o su causa penal, sino otra serie de características propias, de sus recorridos y de su contexto, y que, al igual que Centurión, necesitan ser apapachados.

Menores, mayores e inimputables: el delito y la edad como marcadores formales

Según un informe oficial Dirección Nacional de Adolescentes Infractores (DINAI, 2019), más de la mitad de los delitos que (se presume) cometen los jóvenes (varones) a nivel nacional son delitos “contra la propiedad” (Código Penal), es decir, una acción prohibida que no conlleva un daño físico hacia una persona; en otras palabras, se trata de robos simples y/o agravados (el 56,1%). En segundo orden, se encuentran los delitos contra las personas (15,5%) y en menor medida otros tipos de delitos, como amenazas, portación de armas, delitos contra la integridad sexual, resistencia a la autoridad, etc. En los dispositivos territoriales, el porcentaje de jóvenes señalados por delitos contra la propiedad asciende al 67,6% (UNICEF-SENAF, 2015).

Específicamente en el CESOC de La Araucaria, el 74,8% de los jóvenes (varones) estaban señalados por robos simples y agravados (también por hurto, pero de manera insignificante). Solo cuatro jóvenes estaban señalados por homicidio (dos de ellos, en grado de tentativa); seis, por portación y tenencia ilegal de arma de fuego; tres, por tenencia de estupefacientes para el comercio; el resto, por diversos delitos. De toda la población juvenil alcanzada por el CESOC de La Araucaria, un tercio (33%) pertenece al municipio de Los Pecanes (CESOC, Estadística Interna, 2018), los otros dos tercios (66%) correspondían a los cuatro municipios restantes.

Según un relevamiento reciente (SENAF, 2019), el 94,4% de los 5872 jóvenes que se encuentran en dispositivos penales juveniles en la Argentina son varones. Sobre ese total de chicos, a nivel nacional, el 78,9% se encuentra incluido en algún dispositivo territorial, el 2,9% está alojado en un establecimiento de libertad restringida y el 17,9%, en un centro de privación de libertad. La provincia de Buenos Aires es el lugar de residencia del 45% de la población en dispositivos del SPJ de todo el país. En diciembre de 2018, 172 jóvenes se encontraban con una medida “activa” en el CESOC del departamento judicial de La Araucaria (CESOC, Estadística Interna, 2018), en el que se ubica casi el 10% de la población joven con medidas alternativas en todo el territorio nacional.

Una mañana lluviosa y fría de agosto concurrieron al CESOC Brian y Mateo, dos jóvenes varones “compañeros de causa” por un “robo agravado”. Los legajos de Brian y Mateo estaban encabezados (como todos) con una copia del “oficio” judicial que determinaba la medida alternativa, en este caso una “cautelar”. También contaban con informes del Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA) dependiente del Poder Judicial: un informe de una médica, una psicóloga y de una trabajadora social.⁸ Si bien, según los informes, ambos jóvenes tenían lazos familiares “sólidos y contenedores”, Brian había sufrido varias pérdidas vinculares y vivía con una tía, por lo que el CTA evaluaba que se encontraba triste y afirmaba que “posee una familia extensa continente que lo ama y protege, solo es necesario que, una vez que pueda atravesar su tristeza y elaborar su duelo, pueda sentirse parte de esta y no una molestia” (informe CTA, 28 de mayo de 2018).

Brian concurrió a la entrevista de admisión junto a su tía y su prima. Nos presentamos, saludamos a la familia con un beso, e hicimos pasar primero a Brian a la sala de reuniones. Nos sentamos alrededor del escritorio, yo de un lado, Brian de enfrente y Víctor en el lateral del medio. Me pareció flaquito y tímido, era morocho y tenía su pelo cortado en una cresta similar a la que usaban los jugadores de fútbol en ese momento. Se sentó en la silla con todo su cuerpo encogido. En la mayoría de las entrevistas de admisión, se les hacían varias preguntas sobre su vida, escolaridad e intereses, y especialmente se hacía foco en la comprensión de la situación judicial, para poder explicárselas a los chicos y a sus familias, quienes casi nunca entendían nada de lo que se les informaba en el juzgado. Entonces, se les preguntaba a los jóvenes por el delito que se les imputaba. Víctor, mirando el legajo que estaba sobre la mesa, le dice que tiene un delito bastante grave porque es un robo automotor, con arma que “no se sabe si estaba apta para el disparo”.

Brian y Mateo tenían 16 años y eran amigos desde muy chicos. También eran vecinos en el barrio/villa Cortázar, el cual se encuentra en una de las localidades en un extremo del municipio, lindero a un arroyo y cercano a un importante basural. También eran varones y del mismo barrio/villa sus amigos/compañeros de causa pero, tal como mencioné, la edad cronológica en el momento de la “infracción” es la frontera que delimita el ingreso a un dispositivo específico. Al joven “mayor”, la cárcel; al joven “menor”, el CESOC; y al joven “inimputable”, de manera un poco más incierta, se puede suponer que su caso seguramente haya sido derivado al Servicio Local (organismo encargado de la protección de derechos de las infancias en la PBA).

En este sentido, la edad funciona como un elemento divisor que distribuye a los jóvenes (varones) en distintos fueros judiciales (Fuero Penal, Fuero Penal Juvenil, Fuero de Familia), como así también en distintos organismos encargados de ejecutar las medidas que se dictaminen. A su vez, se observa cómo la mayoría/minoría de edad no solo supone otro organismo de seguimiento -en este caso, los menores de dieciocho son (re)ingresados al Organismo de Infancia de la PBA-, sino también una diferencia en la dureza de la medida, ya que al joven “mayor” se le privó de su libertad y a Brian y Mateo se les otorgó una medida alternativa, frente a la misma infracción.

Incluso, al joven “mayor” como dijo Víctor, “le va a caer doble”, ya que el Código Penal de la Nación establece que la comisión de un delito con intervención de menores es un agravante de la pena para las personas adultas (CP, Art. 41 quater).⁹ En este sentido, la mayoría/minoría de edad es el primer factor que distribuye los grados de responsabilidad frente a un delito cometido en “banda”, sin necesidad de indagar sobre los roles que efectivamente ocupó cada uno. Una vez distribuida la población en el fuero correspondiente, ahí sí se indagará sobre el grado de participación de cada quién, pero dentro de los parámetros de cada dispositivo.

Pude observar, en mi trabajo de campo, que en distintos casos se daban hechos delictivos que tenían señaladas a personas jóvenes mayores, menores e inimputables juntas. Más allá de algunas experiencias vinculadas a hechos delictivos, que suponen una mayor organización, en las que los adultos y adultas tienen un rol central y diferenciado (en general, policías y/o vendedores de droga), en muchos casos, esta grupalidad se daba en delitos esporádicos y “espontáneos”, que dan cuenta de una experiencia cotidiana compartida entre los jóvenes (varones) mayores, menores e inimputables, por lo general, amigos/vecinos de un barrio/villa de los márgenes del municipio. Esta experiencia compartida trasciende los límites etarios que establece el SPJ, y si bien efectivamente cada joven irá a un dispositivo diferenciado, se observa que esta experiencia es algo que los atraviesa y configura como sujetos del sistema penal “más allá” de la edad y el delito. Esta experiencia que trasciende estos marcadores formales es aquella que los conecta también con el afamado jugador Centurión y que va configurando un “nosotros” y un “nuestros chicos” diferencial.

“Nuestros chicos”: los marcadores informales y la (re)configuración de los sujetos

Ricardo Centurión soltaba una lágrima al recordar que le decían “qué negro villero” porque, a pesar de haber “triunfado” en el mundo del fútbol, tener más dinero, fama y reconocimiento que la mayoría de las personas, lleva las marcas de una posición en la historia (Quijano, 2000; Segato, 2015; Margulis, 2017) que se resignifican en el mundo moderno colonial vigente como una estratificación informal que actúa con la misma fuerza (o aún más) que los marcadores formales. Pude observar y reconstruir estas referencias al desprecio que los jóvenes (varones) reciben y perciben en el entrecruzamiento de género, racialización y clase, y que configura la construcción de sus identidades.

Mario, a quien mencioné al comienzo de este artículo, en los términos de Bourdieu (2000), tiene mucho menos capital económico (dinero, bienes materiales) y social (estatus, contactos) que Ricardo Centurión, pero llega a una misma reflexión: “para ellos somos unos negros”. Desandaré los puntos en común y divergentes entre ellos.

Los chicos de esta experiencia, como Adrián, Brian y Mateo, no son personajes liminales como es el futbolista Centurión, pero sí podríamos pensar que su estatus juvenil lo es. Los jóvenes (varones) de esta experiencia penal territorial se encuentran en una suerte de frontera difusa que divide su condición de sujetos a proteger de sujetos a castigar; están entre la “sanción” y los “apapachos”; entre ser responsables y no serlo; entre ser autónomos y necesitar ser cuidados.

El hermano mayor de Adrián ejercía su reflexividad, su mirada crítica se hacía explícita sobre quiénes eran los “otros” y los “nosotros”. Si bien esta perspectiva crítica no estaba tan presente de una manera explícita en todas las personas de esta experiencia penal juvenil territorial, permanentemente se hacía alusión en palabras y/o prácticas a trazados que dividían a “unos de otros”. A los jóvenes de los adultos, a los varones de las mujeres, a nuestros chicos de quienes no lo eran, a los “laburantes” de los “chorros”, y de una forma más general y abarcadora a “ellos” de “nosotros”. Desde un enfoque interseccional (Crenshaw, 1998; Viveros Vigoya, 2016), estos trazados difusos delimitan las otredades, configuran experiencias diferentes en la imbricación entre edad, género, clase y raza principalmente.

Podemos entender esta referencia peyorativa a la “negritud” de determinadas personas en palabras de Rita Segato (2015) como una “repugnancia física y moral” respecto de estos sujetos “indeseables”. A pesar de que lo “negro” en nuestro país se utiliza para referirse peyorativamente a otras personas más allá (pero no tanto) de su color de piel, en esta referencia subyace un imaginario que apela al orden de lo natural (como lo fue la raza en su sentido más estricto), como una condición que no se puede modificar, evitar, eludir (como Centurión no pudo). Que a su vez establece jerarquías y distribuye el capital simbólico positivo de “ser blanco” y el negativo, de no serlo. Traza una línea divisoria, aunque difusa, entre “nosotros y los otros”.

Aníbal Quijano (2007) da cuenta de la creación del sistema de estratificación social basado en la “raza” en cuanto criterio que biologiza las diferencias y las traduce en desigualdades, que se da a partir de la conquista del actual territorio americano (Abya Yala). Quijano y quienes retoman sus aportes, como Rita Segato y Ochy Curiel Pichardo, dan cuenta de las formas en las que se han dado los mestizajes: no han sido para nada “pacíficos”, sino que han sido producto, en muchos casos, de violaciones a los pueblos indígenas de estos territorios y a las personas esclavizadas provenientes del continente africano. Asimismo, los actuales relatos míticos sobre la existencia de un “crisol de razas” (Segato, 2015) esconden la conflictividad y las relaciones de dominación coloniales aún vigentes en las sociedades latinoamericanas. En este “reordenamiento de la historia” que se propone desde el Giro Decolonial (Quijano, 2009; Segato, 2015), se revisan y reformulan los postulados críticos al sistema capitalista y a la estratificación basada en la “clase social” acuñados desde Karl Marx en adelante. De esta manera, se sostiene que el capitalismo y el colonialismo (y posteriormente, la colonialidad) son procesos imbricados que no pueden analizarse por separado; tampoco la categoría sociológica y política “clase social” puede dar cuenta de la heterogeneidad de experiencias en los distintos territorios, ya que en América Latina, clase y raza están íntimamente ligadas, en cuanto a la distribución de posiciones sociales y remuneraciones (Segato, 2015).

En la actualidad, “raza” ya no da cuenta de un sistema de estratificación formal como en el periodo colonial, ni es válida como organización de la población de acuerdo con cuestiones biológicas. Hoy en día, en el sistema moderno/colonial, “raza” es un signo, una marca en la piel, que se asocia a una historia de poder y dominación (Segato, 2007).

Ahora bien, con esto en consideración, debemos pensar la particularidad de la cualidad racista en nuestro país. Rosana Guber (1999) analiza los aportes del antropólogo Hugo Ratier respecto de la construcción de las categorías etnográficas “cabecita negra” y “villero”. Inscribe estos motes peyorativos utilizados en distintos momentos para denostar y discriminar a un sector de la población por los sectores dominantes, en un proceso histórico atravesado por tres componentes distintos pero entrelazados: el racismo, el antiperonismo y el clasismo. Ante la caída del peronismo, y frente a la detención del ascenso social, esta población que ocupaba las villas de la ciudad y sus alrededores pasa a ser residente fija de estos lugares, que empiezan a ser resignificados desde la negatividad: “los ‘villeros’ son sociológica y políticamente los herederos del ‘cabecita negra’” (Guber, 1999, p. 114) pero ahora han devenido nuevamente en perdedores.

Alejandro Frigerio (2006) revisa estos antecedentes, y sostiene que la categoría “negros” puede englobar a los “villeros” y “cabecitas negras”. Sugiere que el nudo común entre estas categorías, y que trasciende en el tiempo, es que la categorización principal que sigue operando es la racial. En este sentido, concuerdo con esta reconfiguración que realiza Frigerio, ya que -tal como expresan Mario y Centurión, dos personas (mal)tratadas por “negras”- esta categorización racial incluye, pero trasciende las connotaciones políticas (antiperonismo, antipopulismo), residenciales y socioeconómicas.

Mateo, Brian, Adrián y su hermano mayor, Mario, nacieron en los márgenes del municipio de Los Pecanes, en barrios/villas que presentan condiciones habitacionales precarias, pero también ingresos económicos escasos y, en el mejor de los casos, apenas justos para garantizar algunas cuestiones. A estas condiciones materiales se suman los estigmas por ser “villeros”, la gorra, la ropa, la dirección en el DNI, el estigma territorial (Merklen, 1997) que se deposita sobre estas zonas funciona en forma de pares opuestos y alteridades excluyentes (Kessler, 2012) o exclusiones recíprocas (Saraví, 2015) respecto de otros espacios sociales. A la vez, por ser “negros”, lo que supone un color de piel, un cabello, un pasado cercano que remite a las migraciones internas, y otro pasado fundacional, vinculado a la colonización y actual colonialidad. Entonces,

A su vez, acuerdo con el posicionamiento político que postula la necesidad de comenzar a visibilizar y reflexionar en torno al racismo y a las relaciones de colonialidad vigentes y continuas (Quijano, 2000; Segato, 2015; Margulis, 2017) y desmitificar la narrativa de la “blanquitud porteña” o del mestizaje pacífico.

La coordenada de género estaba desde el comienzo de este proyecto, ya que en investigaciones anteriores había ahondado en la relación entre el SPJ y las masculinidades. Ante este interrogante, María, la directora del CESOC, me comentaba que nunca antes se había puesto a pensar en los motivos que había detrás de la enorme mayoría de varones en el SPJ y señalaba “parece que en esto es al revés que en el resto de la vida, acá los varones son los que están peor, en el sistema penal, perseguidos por la policía”.

Tal como sugería María, la relación entre la juventud, la clase social, la raza, y el género se intersecta y genera nuevas experiencias que no significan una sumatoria aritmética de las vivencias de cada dimensión mencionada, sino que construyen una particularidad situada. Viveros Vigoya (2016) recupera los aportes del feminismo negro a estas reflexiones, para dar cuenta de cómo la “peor” posición

Con esto no quisiera caer en un reduccionismo simplista que sostenga que los jóvenes varones están en una situación desventajosa respecto de sus pares mujeres, sino que la experiencia penal juvenil territorial está atravesada por estas coordenadas.

Retomando el encuentro en la casa de Adrián y su familia, Víctor preguntó si Adrián era el menor: “¡No! son un montón” -exclamó la mamá-, “pero de los varones” aclaró Víctor. Resulta que “de los varones”, Mario, que había estado preso muchos años, era el mayor, le seguía otro hermano “que andaba en esa y lo mataron así, en la calle”, luego, estaba Adrián, y finalmente, Pablo, de 14 años, “a ese lo tenemos cortito” (gesto con la mano como cortando en el aire firmemente), añadió la mamá. Un gran porcentaje de jóvenes con MA que conocí tenían hermanos varones presos o asesinados. En este sentido, ser un joven varón, pobre y “negro” son coordenadas que delimitan un tipo de experiencia en la cual la cárcel y la muerte aparecen como posibles derivas frecuentes. Cabe destacar que la trama vinculada a la venta de drogas y la connivencia y el hostigamiento policial tienen un rol fundamental en las situaciones de peligro que vivencian los jóvenes (varones) en sus barrios/villas.

Teniendo esto en consideración, la propuesta teórica de Connel (1997) permite problematizar y repensar la existencia simultánea y entrelazada de distintas formas de masculinidad en las cuales cobra relevancia el marcador “raza y clase” para pensar la masculinidad marginal, en tanto posición determinada en las relaciones de género (con mujeres y entre varones). Algunas de las prácticas que ubican a los jóvenes (varones) en posiciones subalternas como “negros villeros” frente a otros sectores de la sociedad también los ubicarán en posiciones de mayor poder en relación con sus pares varones y mujeres en sus barrios/villas, ya que los convierten en sujetos deseables y/o respetables.

En esta imbricación de marcadores formales e informales, los jóvenes de la experiencia penal juvenil territorial analizada son deseados por sus pares mujeres por expresar algunas de las cualidades de la masculinidad hegemónica (poder, virilidad, dinero); cooptados por adultos que en sus territorios les ofrecen acceso a estas cualidades mediante la participación en la venta de drogas; a la vez que temidos por sus referentes institucionales cotidianos como docentes y preceptores/as por estos mismos motivos; perseguidos y hostigados por la policía de múltiples maneras debido al mal llamado “olfato” policial por responder a la “portación de rostro”; y estigmatizados y despreciados por la opinión general fuertemente vinculada al discurso de los medios de comunicación en relación con la “inseguridad”. Por otro lado, estos marcadores formales e informales los configuran para un sector de personas que trabajan en el SPJ como sujetos que todavía son “apapachables”, es decir, sujetos a ser cuidados en lugar de castigados. Esta reconfiguración habilita otras formas de vinculación más cercanas a la afectividad y al respeto en el marco del SPJ, fuertemente atravesado por el enfoque jurídico y penal.

A modo de cierre

En este artículo presenté a los sujetos protagonistas de la experiencia penal juvenil en territorio, es decir, a los jóvenes (varones) que concurren al CESOC de La Araucaria bajo una “medida alternativa”. El puntapié dado por la figura de Ricardo Centurión fue el punto de partida para pensar a los jóvenes dentro del SPJ, quienes se encuentran en una situación liminal entre ser castigados y ser “apapachados”.

Con esto en consideración, los aportes del enfoque de interseccionalidad (hooks, 2020; Crenshaw, 1991) y de consustancialidad de opresiones (Curiel Pichardo, 2014) permitieron pensar el entrecruzamiento de las coordenadas sociales de clase, género y racialización que configuran sentidos, experiencias y relaciones particulares entre los jóvenes, los demás actores del SPJ y el discurso social hegemónico. Por un lado, el desprecio y el temor de algunos sectores de la sociedad es resignificado por los jóvenes y sus familias como una demarcación nosotros/otros. Por otro, esta imbricación de marcadores formales e informales ubica a los jóvenes en una posición en la que los/as trabajadores/as del CESOC consideran que deben ser “apapachados” en lugar de castigados, y los reconfigura como “nuestros chicos” en lugar de ser tan solo “menores infractores”. Desde este lugar, se entablan relaciones de proximidad y afecto que atraviesan las relaciones administrativas de regulación y control de sus comportamientos.

Tras este recorrido, surgen nuevos interrogantes para seguir reflexionando en torno a los aportes del enfoque de interseccionalidad en el estudio del campo penal juvenil. ¿Cómo podemos incorporar la dimensión de la racialización, siendo este un tema sensible que aún no se ha instalado en la agenda pública y académica, como sí ha sucedido con el género? ¿De qué formas los mandatos de masculinidad se relacionan con las practicas vinculadas al delito? ¿Han incorporado la perspectiva de género las instituciones del SPJ? Preguntas que nos invitan a seguir pensando y apostando a la problematización de las desigualdades y mandatos presentes en las experiencias juveniles.